Ábalos queda visto para sentencia tras un juicio lleno de dudas, certezas y muchas sombras 

El exministro y Koldo García afrontan peticiones de hasta 24 y 19 años y medio de cárcel, mientras Aldama logra una rebaja considerable tras declarar contra ellos sin aportar pruebas sobre una supuesta extensión de la trama hacia el PSOE y Pedro Sánchez.

El juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama quedó visto para sentencia este miércoles en el Tribunal Supremo. Han sido 14 jornadas, decenas de testigos y casi 20 horas de interrogatorios a los tres acusados. Ahora serán siete magistrados quienes decidan si el exministro de Transportes, su antiguo asesor y el empresario cometieron los graves delitos que les atribuyen la Fiscalía y las acusaciones.

Ábalos, que fue ministro y secretario de Organización del PSOE, se enfrenta a una petición fiscal de 24 años de cárcel. Koldo García, su hombre de confianza durante años, afronta 19 años y medio. Aldama, señalado por la Guardia Civil como quien “mandaba y pagaba”, tiene sobre la mesa una petición muy inferior. Más de tres veces menor que la del exministro al que supuestamente corrompió.

Ahí está una de las grandes claves políticas y judiciales del juicio. La Fiscalía ha aplicado a Aldama la atenuante de confesión, aunque el propio fiscal admitió que sería “posible” pedir una rebaja mayor, la muy cualificada que reclama el PP. Esa rebaja podría incluso evitar su ingreso en prisión. Lo llamativo es que Aldama intentó llevar la trama hasta el PSOE y Pedro Sánchez con acusaciones que no quedaron probadas en la vista.

LOS CONTRATOS DE MASCARILLAS Y EL DINERO QUE NADIE TERMINA DE ENCONTRAR

El núcleo inicial del caso está en los contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia. La Fiscalía y la acusación popular del PP sostienen que los acusados aprovecharon la contratación de emergencia para favorecer a empresas vinculadas a Aldama. En plena crisis sanitaria se permitió contratar material sanitario sin concurrencia de ofertas, sin límite de precios y sin acreditar solvencia o experiencia previa. Una puerta abierta. Y, según las acusaciones, ellos la cruzaron.

La tesis es que Ábalos y Koldo García facilitaron información previa y privilegiada al empresario, lo que permitió a la trama hacerse con contratos de Puertos del Estado y Adif por valor de 36,7 millones de euros. Sin embargo, este punto no fue el centro absoluto de los interrogatorios. Antiguos altos cargos de Transportes y de empresas públicas confirmaron que Aldama tenía acceso constante a zonas restringidas del Ministerio, pero ninguno dijo haber recibido presiones directas para contratar con la empresa vinculada al comisionista.

Hubo, eso sí, declaraciones relevantes. Álvaro Sánchez Manzanares, antiguo secretario general de Puertos del Estado, señaló que fue Aldama quien le dijo que el pedido debía pasar de cuatro a ocho millones de mascarillas. Para la Fiscalía, ese detalle muestra el grado de influencia del empresario. Jesús Manuel Gómez García, entonces subsecretario de Transportes, atribuyó ese cambio a Koldo García. La defensa de Ábalos lo presentó de otra manera: una decisión política, legítima y normal.

La gran pregunta sigue siendo la misma: ¿hubo mordidas por esos contratos? Las acusaciones dicen que sí. Aldama, sin embargo, no confirmó un pago concreto asociado a las mascarillas. Admitió que su cercanía al ministro le permitió saber que se iban a adjudicar contratos y moverse para buscar socios, pero negó haber entregado a Ábalos y Koldo una parte específica de los 3,7 millones de euros que él cobró. Habló de “un todo”. Una fórmula cómoda. Muy cómoda.

La Fiscalía considera que el “núcleo” del cohecho está en los supuestos pagos de 10.000 euros mensuales que Aldama habría entregado a Koldo García entre octubre de 2019 y julio de 2022. Según el empresario, ese dinero eran los “gastos fijos” de Ábalos. También afirmó que era algo “insignificante” frente a otras mordidas que elevó a entre 3,5 y 4 millones de euros.

Pero las cifras localizadas no llegan a esa dimensión. La investigación acreditó que Ábalos manejó en cinco años hasta 95.000 euros sin rastro bancario. El exministro usó ese dato para defenderse: “El gran caso de corrupción de las mascarillas. Me han encontrado 95.000 euros. No ha habido forma de encontrarme más”. Frente a eso, el fiscal recordó un audio en el que Koldo le reprochaba haberse gastado 470.000 euros en dos años.

En el caso de Koldo García, las pesquisas sí detectaron un “incremento patrimonial notable” y no justificado en su entorno familiar. Cuando fue detenido, los agentes hallaron 24.000 euros en efectivo en su vivienda. Él defendió que todo era legal y aseguró que parte del dinero procedía de liquidaciones de gastos del PSOE, incluso con billetes de 500 euros, a los que llamaban “chistorras”. El exgerente socialista negó que se pagaran gastos con billetes de 500, 200 o 100 euros.

VIVIENDAS, FAVORES Y EL RASTRO DE LAS DÁDIVAS

Otro bloque decisivo del juicio ha sido el inmobiliario. La Fiscalía sostiene que Aldama asumió el pago de 2.700 euros al mes por un apartamento de lujo en la Plaza de España de Madrid para Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos. En total, más de 82.000 euros entre marzo de 2019 y septiembre de 2021, supuestamente a través de un testaferro.

También se analizó un contrato de alquiler con opción a compra de un piso en el Paseo de la Castellana. Para Anticorrupción, ese contrato no era un negocio real, sino una operación simulada para garantizar el pago de comisiones al exministro. Ábalos negó esa versión. Dijo que Aldama le “estafó”, que el piso estaba alquilado y que nunca llegó a tener las llaves.

La Fiscalía fue tajante: el apartamento de Plaza de España era otra gran “dádiva” del procedimiento. No era, según el fiscal, un piso para reuniones de negocios. No había una mínima evidencia documental de ello. Era un pago en claro beneficio de Ábalos, con Koldo García como cooperador necesario.

El chalé de Cádiz abrió otro frente. La Fiscalía sostiene que Koldo García intermedió ante el jefe de gabinete de la ministra de Industria para favorecer a Villafuel, empresa controlada por Claudio Rivas, socio de Aldama, en la obtención de una licencia de operador mayorista de hidrocarburos. Como recompensa, los empresarios habrían adquirido un chalé elegido por Ábalos y firmado después un contrato de alquiler para cedérselo.

Pero hay un dato que complica esa acusación: el Ministerio de Industria no tenía competencias legales para conceder esa autorización. El expediente dependía de Transición Ecológica, que denegó la licencia en diciembre de 2021 por falta de capacidad financiera. Villafuel obtuvo el título en septiembre de 2022, casi un año después, cuando Koldo ya estaba apartado del proceso y Ábalos llevaba más de un año fuera del Gobierno.

También apareció Air Europa. Anticorrupción acusa a Ábalos de intervenir, a petición de Aldama, para favorecer a la compañía durante las negociaciones de su rescate mediante un argumentario enviado a periodistas para tranquilizar a acreedores. A cambio, según la Fiscalía, Aldama habría sufragado en agosto de 2020 el alquiler de un chalé en Marbella para Ábalos y su familia, entregando 8.000 euros en efectivo a la esposa de Koldo García.

Javier Hidalgo, exCEO de Globalia, rebajó esa tesis. Declaró que lo que necesitaban era el documento oficial que la SEPI publicó el 9 de septiembre de 2020, no aquel argumentario previo. También negó haber pagado mordidas al exministro. Aldama, por su parte, afirmó que se negó a pagar esas vacaciones porque ya les daba mucho dinero por otros conceptos. Ábalos aseguró que el chalé se pagó a escote entre familiares.

El último bloque relevante fue el del presunto nepotismo en empresas públicas. La Fiscalía sostiene que Ábalos usó su posición para que Jésica Rodríguez fuera contratada en Ineco y Tragsatec, donde habría cobrado unos 44.000 euros públicos sin desempeñar tareas reales. También se investigó la contratación de Claudia Montes en Logirail.

Ábalos dijo que solo envió un currículum a Koldo García y negó haber pedido contrataciones en empresas públicas. Jésica Rodríguez declaró que cobró sin ir a trabajar, aunque el exministro sugirió que pudo ser coaccionada por Aldama. Claudia Montes aseguró que sí trabajó, pero varios superiores relataron ante el tribunal que faltaba con frecuencia y que hubo llamadas para que no se la molestara.

Una decena de testigos vinculados a las empresas públicas afectadas hablaron de singularidades en esas contrataciones. Un antiguo alto cargo de Logirail afirmó que recibió amenazas de Koldo García cuando denunció que Claudia Montes no iba a trabajar. La responsable de Jésica Rodríguez en Tragsatec contó que, al elevar una queja similar, sus superiores le recomendaron que “la dejara en paz”.

El juicio termina con muchas piezas sobre la mesa. Contratos públicos por 36,7 millones, comisiones admitidas solo a medias, pagos mensuales de 10.000 euros, pisos, chalés, empleos públicos y una rebaja penal para el empresario que decidió colaborar. Ahora falta la sentencia. Y ahí se verá qué parte de todo este ruido era prueba, qué parte era relato y qué parte era, sencillamente, barro político colocado sobre una causa ya suficientemente grave.