Hay esperanza. El Supremo pide a la Fiscalía su informe sobre el posible indulto a García Ortiz 

El trámite avanza tras recibir el informe de conducta de la Subdelegación del Gobierno en Madrid

El Tribunal Supremo ha pedido ya a la Fiscalía que emita su informe sobre las solicitudes de indulto presentadas a favor del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. El movimiento llega después de que el alto tribunal recibiera el 21 de abril el llamado informe de conducta remitido por la Subdelegación del Gobierno en Madrid, un documento exigido por la ley para que el expediente pueda seguir adelante.

La petición forma parte del procedimiento ordinario previsto en la ley del indulto, una norma de 1870 que sigue regulando una de las prerrogativas más sensibles del Gobierno. El artículo 24 establece que el tribunal sentenciador debe recabar información sobre la conducta de la persona condenada. Si la pena no implica cárcel, como ocurre en este caso, ese informe corresponde al gobernador de la provincia de residencia, hoy canalizado a través de la Subdelegación del Gobierno.

Una vez recibido ese documento, el Supremo debe pedir informe a la Fiscalía y también a la parte agraviada. En este procedimiento, esa parte es el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, procesado por dos delitos fiscales. No es un detalle menor. Todo el caso gira alrededor de la filtración de su confesión, por la que García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación.

EL INFORME DEL SUPREMO NO DECIDE, PERO PUEDE CONDICIONARLO TODO

El Ministerio de Justicia activó el procedimiento a finales de enero, tras recibir las primeras peticiones de indulto a favor del ex fiscal general. Entonces pidió al Supremo, como órgano sentenciador, el informe preceptivo. El alto tribunal solicitó el informe de conducta a la Subdelegación del Gobierno el 25 de febrero, y la respuesta llegó casi dos meses después, el 21 de abril. Fuentes jurídicas citadas por elDiario.es sostienen que se trata de los plazos habituales en este tipo de expedientes.

Con el informe de conducta y el de la Fiscalía sobre la mesa, el Supremo deberá fijar su posición. Esa posición no es vinculante para el Gobierno. La decisión final corresponde al Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Félix Bolaños. Pero conviene no engañarse: en un caso de esta carga política y judicial, cada informe pesa.

La clave está en distinguir entre indulto total e indulto parcial. El perdón total, que supondría la remisión de todas las penas pendientes, necesita informe favorable del tribunal sentenciador. Aquí, eso significa que tendría que avalarlo la Sala Segunda del Supremo, la misma que condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación y al pago de distintas cantidades económicas ya abonadas ante el Tesoro Público.

El indulto parcial sí tendría más recorrido incluso con un informe contrario. La ley permite perdonar solo una parte de las penas impuestas o conmutarlas por otras menos graves. Algunas fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es dan por hecho que la Sala de lo Penal informará en contra del indulto total. En ese escenario, la inhabilitación podría rebajarse, según esas fuentes, a seis o 12 meses, en lugar de los 24 fijados en la sentencia.

DINERO PAGADO, RECURSO AL CONSTITUCIONAL Y UNA BATALLA QUE NO TERMINA

El posible indulto no borraría todos los efectos de la condena. La ley excluye expresamente la responsabilidad civil. Eso significa que García Ortiz no recuperaría los 10.000 euros de indemnización abonados a González Amador. En cuanto a la multa de 7.200 euros, solo podría devolverse si el decreto del Gobierno lo recogiera de forma expresa.

Tampoco parece probable que el ex fiscal general regrese a la cúpula del Ministerio Público, donde fue sustituido por Teresa Peramato. Incluso si el Ejecutivo concediera una medida de gracia total, se da por seguro que no volvería a ocupar el cargo. La batalla real, por ahora, se mueve en otro terreno: su futuro dentro de la carrera fiscal y el recurso de amparo ya presentado ante el Tribunal Constitucional.

En ese recurso, la defensa de García Ortiz sostiene que el Supremo hizo una valoración “irracional y arbitraria” de los indicios. El propio ex fiscal general afirmó en su primera entrevista tras la condena que la sentencia fue “una sorpresa muy dura” y que “no había pruebas”. La vía constitucional seguiría teniendo sentido incluso con un indulto parcial, porque parte de las penas seguiría viva. Y también con un perdón total, ya que la indemnización quedaría fuera.

González Amador ya ha movido ficha contra el regreso de García Ortiz a la Fiscalía de la Sala de lo Social del Supremo. Ha recurrido el decreto de Teresa Peramato que permitió su reincorporación, alegando que una condena por delito doloso debería implicar la pérdida de la condición de fiscal. Es decir, reclama su expulsión de la carrera.

Queda otra incógnita: si el empresario recurrirá también el indulto en caso de que el Gobierno lo conceda. Fuentes del Supremo explican que un recurso así no frenaría su ejecución. La jurisprudencia del alto tribunal reconoce que quien ejerció la acusación particular tiene interés legítimo en que la pena se cumpla y, por tanto, legitimación para impugnar la medida de gracia.

El expediente avanza, pero el caso sigue atrapado donde empezó: entre una condena polémica, una guerra judicial con derivadas políticas evidentes y una pregunta incómoda que nadie logra enterrar del todo. Quién filtra, quién acusa y quién sale realmente protegido cuando la maquinaria del Estado se pone en marcha.