Vito Quiles y Bertrand Ndongo, más cerca de la expulsión definitiva del Congreso 

La suspensión cautelar de Vito Quiles y Bertrand Ndongo abre un proceso que puede terminar con su expulsión definitiva del Congreso tras meses de insultos, provocaciones y acoso disfrazados de periodismo

Durante años, el Congreso permitió que determinados personajes con acreditación de prensa transformaran los pasillos parlamentarios en un plató de agitación ultra. Micrófono en mano. Cámara preparada. Gritos, insultos, persecuciones y provocaciones constantes. Todo presentado como “libertad de expresión”. Todo envuelto en esa vieja trampa reaccionaria que convierte el acoso en supuesto periodismo incómodo.

Este 14 de mayo, la Mesa del Congreso decidió poner un límite. Tarde, probablemente. Pero límite al fin y al cabo.

La Cámara Baja aprobó la suspensión cautelar de las acreditaciones de Vito Quiles y Bertrand Ndongo, dos de los rostros más visibles de esa maquinaria pseudoperiodística financiada para intoxicar, hostigar y generar ruido permanente dentro de una institución democrática. La medida salió adelante pese al rechazo de PP y Vox, los mismos partidos que llevan meses alimentando el espectáculo mientras después fingen escandalizarse por el deterioro del clima político.

La decisión todavía no es definitiva. Pero en el Congreso ya asumen que el escenario más probable es la expulsión permanente de ambos agitadores. No por una opinión concreta. No por hacer preguntas incómodas. Sino por una acumulación de conductas que han convertido la convivencia parlamentaria en una tensión constante.

Hay actualmente 11 expedientes abiertos: ocho contra Quiles y tres contra Ndongo. Y no hablamos de simples apercibimientos administrativos. Varias de las denuncias investigan infracciones graves y muy graves que pueden terminar en una revocación definitiva de sus credenciales.

Porque una cosa es ejercer el periodismo. Otra muy distinta es usar una acreditación institucional para sabotear ruedas de prensa, intimidar a diputadas y diputados, grabar sin autorización o actuar como comandos propagandísticos de la extrema derecha dentro del propio Congreso.

EL NEGOCIO DEL ACOSO DISFRAZADO DE PERIODISMO

El caso que terminó acelerando la suspensión cautelar ocurrió la semana pasada. Bertrand Ndongo llamó “idiota” a la diputada de Sumar Aina Vidal durante una rueda de prensa. No fue un desliz. No fue un calentón. Fue otra escena más de una estrategia basada en la provocación permanente y el espectáculo agresivo como modelo de negocio político.

La propia Mesa del Congreso justificó la suspensión por “el notable deterioro de la situación en las salas de prensa” y por el aumento “casi exponencial” de denuncias en las últimas semanas. El lenguaje institucional suele ser frío. Pero el mensaje era demoledor: el Congreso considera que estos comportamientos ya son una amenaza directa al funcionamiento normal de la Cámara.

Y cuesta discutirlo.

Durante demasiado tiempo, determinados pseudomedios descubrieron que el insulto daba clics, que el señalamiento daba viralidad y que perseguir a representantes públicos generaba negocio. Lo rentable nunca fue informar. Lo rentable era fabricar vídeos para redes con títulos incendiarios, construir enemigos internos y alimentar el ecosistema ultra que vive de convertir la política en una guerra cultural permanente.

EDA TV y Periodista Digital, los medios para los que trabajan Quiles y Ndongo, llevan años explotando ese modelo. Preguntas formuladas no para obtener respuestas, sino para generar cortes manipulables. Interrupciones constantes. Acoso a periodistas. Intentos deliberados de romper ruedas de prensa. Una dinámica tóxica normalizada bajo el mantra de “dicen lo que otros no se atreven”.

No. Lo que hacen es otra cosa.

Porque el periodismo no consiste en convertir una acreditación institucional en una licencia para hostigar. El periodismo no es perseguir a diputadas por los pasillos mientras se buscan reacciones para TikTok. Y la libertad de expresión tampoco implica inmunidad frente a normas básicas de convivencia democrática.

UNA DEMOCRACIA NO ESTÁ OBLIGADA A FINANCIAR SU PROPIA HUMILLACIÓN

Uno de los expedientes más avanzados afecta a Vito Quiles por grabar presuntamente sin autorización tanto al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como al presidente Pedro Sánchez dentro de dependencias del Congreso. El reglamento es claro: quienes tienen acreditación de redactor no pueden realizar determinadas grabaciones reservadas a camarógrafos autorizados.

El instructor propone sancionarle por el caso de Zapatero al considerar que grabó y publicó el vídeo “ilícitamente”. En el caso de Sánchez, sin embargo, plantea archivarlo por falta de pruebas suficientes. Incluso ahí aparece algo importante que la extrema derecha suele olvidar cuando habla de supuesta censura: existe un procedimiento, existen garantías y existen límites legales. Justo lo contrario de la arbitrariedad que denuncian.

Pero el elemento clave no está solo en cada expediente individual. Está en la acumulación.

El reglamento aprobado hace diez meses establece que varias infracciones graves repetidas en el plazo de un año pueden convertirse en una falta muy grave. Y eso abre la puerta a suspensiones de hasta tres años o directamente a la retirada definitiva de la acreditación.

Es decir: el Congreso empieza a asumir algo que gran parte de la profesión periodística llevaba demasiado tiempo denunciando. Que determinados agitadores no estaban ejerciendo labores informativas sino utilizando las instituciones democráticas como escenario para campañas de intimidación política.

Y conviene decirlo sin rodeos. Esto no va de silenciar voces conservadoras. Va de impedir que el matonismo ultra se disfrace de prensa mientras degrada deliberadamente la convivencia democrática.

Porque cuando el insulto sustituye a la pregunta, cuando la provocación sustituye al análisis y cuando el objetivo deja de ser informar para convertirse en acosar, lo que muere no es la libertad de expresión. Lo que muere es el periodismo.