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El PP andaluz intenta resistir el desgaste sanitario a base de negarlo todo, mientras las izquierdas acusan a Moreno de convertir la salud pública en un negocio para quien pueda pagarlo.
La campaña andaluza entró en su recta final con un debate áspero. Muy áspero. Y con una imagen difícil de esconder: un Juan Manuel Moreno incómodo, a la defensiva, atrapado entre las denuncias sobre la sanidad pública y unas izquierdas que, esta vez sí, decidieron atacar juntas el punto más débil de su gestión. La sanidad. Los cribados fallidos. Las listas de espera. El deterioro del SAS. Las familias que denuncian diagnósticos tardíos. Todo eso que el Gobierno andaluz lleva años intentando reducir a “errores puntuales”.
Fuera del plató de Canal Sur no había precisamente ambiente de celebración democrática. Había protestas. Mareas Blancas. Trabajadoras y trabajadores de la RTVA en huelga. Integrantes de Amama, la asociación que destapó el escándalo de los cribados de cáncer de mama. Gente cansada. Muy cansada. Y mientras Antonio Maíllo, María Jesús Montero y José Ignacio García cruzaban la calle para saludarles, Moreno y Manuel Gavira pasaban de largo. Como si el ruido no fuese con ellos. Como si el deterioro de lo público pudiera ignorarse caminando más rápido.
UNA SANIDAD DESMANTELADA MIENTRAS EL PP REPITE QUE “NO HA PASADO NADA”
El momento más duro del debate llegó cuando las izquierdas pusieron sobre la mesa las consecuencias humanas del caos sanitario. Moreno intentó defenderse asegurando que “ninguna mujer ha fallecido” por la crisis de los cribados y que todo se reducía a “un problema de información con 2.317 mujeres”. Lo dijo así. Frío. Administrativo. Como si hablar de cáncer fuera hablar de una incidencia informática.
Pero enfrente ya no había rivales dispuestos a dejar pasar la frase. “Debe ser que las familias se lo inventan”, le respondió María Jesús Montero. Y ahí se rompió el tono institucional impostado del debate. Porque lo que estaba en discusión no era solo un fallo técnico. Era el modelo. La sospecha cada vez más extendida de que la Junta está dejando degradarse la sanidad pública para empujar a la población hacia la privada.
Antonio Maíllo lo resumió sin rodeos: “un desastre premeditado para convencer a la sociedad andaluza de que la mejor sanidad es la que se paga”. Y cuesta decir que exagera cuando Andalucía lleva años viendo cómo se multiplican las derivaciones a clínicas privadas mientras faltan profesionales, se colapsan los centros de salud y conseguir una cita médica empieza a parecer una lotería burocrática.
El propio Moreno acabó recurriendo a una experiencia personal para intentar defenderse. Habló de su padre. Del cáncer de colon. Del diagnóstico tardío. Del sufrimiento. Un recurso emocional legítimo, sí. Pero también extraño viniendo de quien lleva años gobernando mientras asociaciones de pacientes, sanitarias y sanitarios denuncian exactamente eso: retrasos, saturación y abandono institucional.
Y luego la frase victimista. “Todos contra mí”. Como si el problema fuese el debate. Como si el problema fuese que varias fuerzas políticas le hagan preguntas incómodas y no los miles de andaluces y andaluzas que llevan meses denunciando el colapso sanitario.
BAJADAS DE IMPUESTOS A LOS RICOS Y SERVICIOS PÚBLICOS ASFIXIADOS
La otra gran grieta del debate fue fiscal. Y ahí las izquierdas también olieron sangre. José Ignacio García y Maíllo golpearon el relato económico de Moreno acusándole de hacer regalos fiscales a las rentas más altas mientras se recortan recursos para lo público. “Fraude fiscal en términos políticos”, llegó a decir Maíllo. Duro. Pero bastante descriptivo de una política que vende “bajadas de impuestos” como si beneficiasen igual a quien cobra 25.000 euros al año que a quien gana 80.000 o más.
García puso un ejemplo demoledor. En Andalucía, alguien con ingresos altos puede desgravarse clases particulares de inglés para su hijo mientras una familia trabajadora no puede deducirse el alquiler de su vivienda. Esa es la prioridad política. No es un error técnico. Es ideología.
El debate sobre educación fue igual de sangrante. Montero denunció que las familias andaluzas se están endeudando para pagar formación profesional o másteres obligatorios porque no existen suficientes plazas públicas. Mientras tanto, el Gobierno andaluz sigue autorizando universidades privadas. José Ignacio García ironizó diciendo que algunas tienen “menos papeles que un conejo de campo”. La frase hizo gracia. Pero detrás hay un problema muy serio: convertir la educación superior en un mercado.
Y mientras todo eso ocurre, Moreno insiste en presentarse como moderado, centrado y pragmático. Ese viejo truco del PP andaluz. Sonreír mucho mientras se vacía lentamente el sistema público. Sin estridencias. Sin motosierra televisiva. Más elegante. Más amable. Pero el resultado acaba siendo parecido: menos derechos para quien no pueda pagarlos.
El presidente andaluz también intentó refugiarse en el discurso de la financiación autonómica y acusó al Gobierno central de “freírnos a impuestos”. Montero le recordó entonces que Andalucía ha recibido 54.000 millones de euros más durante esta etapa. Moreno respondió que “ese es nuestro dinero”. Y claro que lo es. Precisamente por eso cuesta entender que, teniendo más recursos, la ciudadanía perciba servicios cada vez más deteriorados.
Mientras tanto, las encuestas siguen colocando al PP al borde de otra mayoría absoluta de cara al 17 de mayo. Incluso después del escándalo sanitario. Incluso con las protestas en la puerta. Incluso con la sensación creciente de deterioro. Y quizá ahí esté el dato más inquietante de todos: que una parte del país ya se haya acostumbrado a que desmantelar lo público salga gratis políticamente.
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