Tarde y mal 

España rebaja su interlocución con Israel mientras continúa la devastación en Gaza, pero la medida llega después de años de crímenes y queda muy lejos de lo que exige la magnitud de la tragedia.

El Gobierno español ha decidido cesar a su embajadora en Israel y rebajar el nivel de interlocución diplomática con el Estado hebreo. La decisión se publicó en el Boletín Oficial del Estado de ayer, 11 de marzo, dejando vacante la embajada española en Tel Aviv. La diplomática Ana Salomón llevaba meses en Madrid después de haber sido llamada a consultas en septiembre de 2025, en medio de una crisis política con el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu.

El Gobierno insiste en que el cese no responde a una valoración profesional, sino a una decisión política destinada a marcar distancia con Israel. La relación diplomática ya estaba deteriorada desde mayo de 2024, cuando el gobierno israelí retiró a su embajadora en España tras las críticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez a la ofensiva militar sobre Gaza.

Pero la realidad es mucho más incómoda que la narrativa diplomática. El problema no es el gesto. El problema es su escala y su retraso.

Porque lo que ocurre en Gaza desde hace más de dos años y medio no es una crisis bilateral ni un conflicto más en Oriente Medio. Es un genocidio documentado ante los ojos del mundo.

Reducir el nivel de interlocución diplomática con Israel después de todo lo ocurrido es, en términos políticos, una decisión menor. Una medida simbólica. Un gesto que pretende aparentar firmeza sin asumir las consecuencias reales de enfrentarse a un Estado que lleva meses actuando con absoluta impunidad.

En otras palabras: una tirita para una herida abierta que sangra desde hace años.

UN ESTADO GENOCIDA CON RELACIONES DIPLOMÁTICAS NORMALES

Durante más de dos años y medio, el ejército israelí ha devastado Gaza con una intensidad militar pocas veces vista en el siglo XXI. Bombardeos sobre barrios enteros. Hospitales destruidos. Infraestructuras civiles arrasadas. Hambre inducida por el bloqueo de alimentos y medicinas. Desplazamientos masivos de población.

Las cifras son devastadoras. Decenas de miles de civiles muertos. Una franja costera convertida en un campo de ruinas. Un territorio donde millones de personas sobreviven en condiciones que Naciones Unidas ha calificado reiteradamente de catástrofe humanitaria.

Juristas internacionales, relatores de la ONU y organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional llevan meses alertando de crímenes de guerra y posibles actos genocidas. La Corte Internacional de Justicia, en el procedimiento iniciado por Sudáfrica en enero de 2024, ya reconoció que existe un riesgo plausible de genocidio en Gaza y exigió medidas urgentes para proteger a la población civil.

Israel no solo ignoró esas advertencias. Intensificó los ataques.

Mientras tanto, la mayoría de gobiernos occidentales han respondido con una mezcla de preocupación retórica y prudencia política. Declaraciones institucionales. Llamamientos a la moderación. Comunicados diplomáticos cuidadosamente redactados.

Y relaciones diplomáticas intactas.

España no ha sido una excepción. Durante todo este tiempo ha mantenido embajada en Tel Aviv, relaciones políticas y cooperación institucional con un Estado que estaba destruyendo sistemáticamente un territorio donde viven más de dos millones de personas.

Por eso la decisión anunciada ahora resulta inevitablemente insuficiente. No se trata de un gesto valiente. Se trata de un gesto mínimo que llega cuando la presión internacional ya es imposible de ignorar.

CUANDO LA POLÍTICA LLEGA TARDE

Rebajar la interlocución diplomática con Israel no cambia nada esencial. No detiene los bombardeos. No levanta el bloqueo sobre Gaza. No frena la maquinaria militar que ha convertido una de las zonas más densamente pobladas del planeta en un paisaje de escombros.

Es, en el mejor de los casos, un gesto simbólico.

Y frente a un genocidio, los gestos simbólicos tienen un problema evidente: no salvan vidas.

Si un Estado practica la destrucción sistemática de una población civil, la respuesta política coherente no es rebajar la interlocución diplomática. La respuesta coherente es romper relaciones.

La historia reciente está llena de precedentes. La comunidad internacional aisló diplomáticamente al régimen del apartheid en Sudáfrica. Se rompieron relaciones con gobiernos que vulneraban sistemáticamente los derechos humanos. Se impusieron sanciones económicas y bloqueos políticos.

Porque cuando un Estado cruza determinadas líneas, la normalidad diplomática deja de ser aceptable.

Israel lleva años cruzando esas líneas. Y lo hace con una confianza evidente en que las consecuencias serán limitadas.

Por eso el anuncio del Gobierno español deja una sensación incómoda. No es una ruptura. No es un cambio de paradigma. Es un gesto calculado para parecer contundente sin asumir los costes reales de una decisión verdaderamente firme.

Mientras tanto, Gaza sigue siendo una ciudad bombardeada. Un territorio sitiado. Un lugar donde la población civil vive bajo una violencia constante que el derecho internacional define con palabras muy claras.

Genocidio.

Y frente a un genocidio, la diplomacia de las medias tintas no es prudencia: es una forma sofisticada de mirar hacia otro lado.