El abandono de los derechos humanos: el caso del activista saharaui sordomudo y la indiferencia institucional 

El hecho de que se permita este tipo de situaciones refleja el deterioro de los principios que supuestamente rigen la política de asilo en España.

EN 3 CLAVES

1. España rechazó el asilo a un activista saharaui sordomudo con cáncer, retenido en el aeropuerto de Barajas desde el 9 de septiembre, ignorando las denuncias de persecución por parte de Marruecos.
2. Un matrimonio saharaui con una hija de año y medio también fue detenido en Barajas, separando a los padres y manteniéndolos incomunicados, tras huir de agresiones y torturas en el Sáhara Occidental.
3. El joven saharaui Mohamed Bachir sufrió la imposición de un intérprete marroquí, lo que vulneró su derecho a una traducción imparcial y precisa en su proceso de solicitud de asilo.

El reciente rechazo del gobierno español a conceder asilo a Ali Hammou, un activista saharaui sordomudo en tratamiento por cáncer, junto con la negativa a proteger a un matrimonio saharaui y su hija de año y medio, es otro doloroso recordatorio del desdén con el que se manejan las solicitudes de protección internacional en nuestro país. Mientras el Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska, continúa justificando sus decisiones con tecnicismos y argumentaciones frías, la realidad en el terreno pinta un panorama oscuro para quienes huyen de la opresión marroquí en el Sáhara Occidental. Así lo cuenta El Confidencial Saharaui.

La negativa de asilo en España para personas vulnerables, muchas veces, roza la crueldad. Ali Hammou y el matrimonio Slimani, que llegaron a España con la esperanza de encontrar refugio, se enfrentan ahora a una doble injusticia: el abandono de las autoridades españolas y el regreso inminente a un lugar donde sus vidas corren peligro. A pesar de las evidencias de represión y violencia, Marlaska ha decidido cerrarles la puerta, dejando claro que el compromiso con los derechos humanos queda, como en tantas otras ocasiones, relegado a un segundo plano cuando entra en juego la diplomacia con Marruecos.

REPRESIÓN EN EL SÁHARA OCCIDENTAL Y SILENCIO CÓMPLICE

El caso de Ali Hammou es un ejemplo crudo de la brutal represión que sufren los saharauis bajo la ocupación marroquí. A sus 30 años, Hammou ha sido una voz activa en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad en El Aaiún, una de las ciudades más castigadas por la violencia marroquí. Su participación en manifestaciones pacíficas le ha costado detenciones, golpizas y el constante acoso de las fuerzas de seguridad marroquíes. Todo por exigir lo que le corresponde: ayudas prometidas y nunca entregadas.

España, que históricamente tiene una deuda moral con el pueblo saharaui, ha optado por desentenderse una vez más. Hammou, quien sufre un cáncer y busca tratamiento mientras se enfrenta a la persecución en su tierra, debería haber sido acogido con los brazos abiertos. En lugar de eso, se le niega la entrada, como si su vida fuera un mero trámite administrativo. El hecho de que se permita este tipo de situaciones refleja el deterioro de los principios que supuestamente rigen la política de asilo en España.

El matrimonio saharaui, compuesto por Mohamed Ali Slimani y Rbab al-Tarad Yahi, también ha sido víctima de la indiferencia del Estado. Slimani, agredido por colonos marroquíes y posteriormente detenido y torturado por la policía marroquí, huyó con su familia buscando seguridad en España. Sin embargo, lejos de encontrar protección, han sido retenidos en el aeropuerto de Barajas, separados entre ellos y en una situación de incertidumbre total. ¿Es esta la respuesta de un país que se autoproclama defensor de los derechos humanos?

VIOLACIONES DEL PROCESO DE ASILO: UNA BURLA A LA JUSTICIA

El caso de Mohamed Bachir, un joven saharaui licenciado en derecho que también fue rechazado en su solicitud de asilo, es aún más alarmante. Las autoridades españolas le impusieron un intérprete marroquí, un claro conflicto de intereses dado que la persecución que sufre Bachir proviene precisamente del Estado marroquí. ¿Cómo se puede garantizar un proceso justo cuando la persona que traduce tu testimonio podría tener vínculos con quienes te persiguen? Este atropello no solo vulnera los derechos de Bachir, sino que pone en cuestión todo el sistema de asilo en España.

El dialecto marroquí, darja, que utilizaba el intérprete, no es el que habla Bachir, cuyo idioma materno es el hassanía. Esto no es una cuestión menor. Para una persona que huye de la persecución, poder expresarse con claridad en su lengua es una garantía mínima de justicia. No es solo un error técnico; es una violación flagrante del derecho a una defensa justa. La imposición de un intérprete marroquí en un caso como este es no solo imprudente, sino deliberadamente hostil.

A pesar de las recomendaciones del Defensor del Pueblo, que subraya que en casos de conflictos entre países no es razonable utilizar intérpretes de la misma nacionalidad que los persecutores, las autoridades españolas siguen ignorando estos principios básicos de imparcialidad. Es un desprecio a la dignidad de quienes buscan asilo.

UNA POLÍTICA DE ASILO QUE NO PROTEGE

El sistema de asilo en España parece diseñado para desalentar y frustrar a quienes lo solicitan. En lugar de ofrecer protección a las personas que huyen de la violencia y la represión, las autoridades parecen más preocupadas por mantener relaciones diplomáticas con regímenes autoritarios. El silencio de España ante la ocupación ilegal del Sáhara Occidental y la continua complicidad con Marruecos en materia de inmigración y control de fronteras es una mancha indeleble en nuestra política exterior.

La negativa a otorgar asilo a personas como Ali Hammou, Mohamed Ali Slimani y Mohamed Bachir no solo es una injusticia para ellas, sino una traición a los valores que España debería defender en la comunidad internacional.