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Bruselas amplía sanciones menores a colonos israelíes, pero evita tocar el acuerdo político y económico que sostiene su relación privilegiada con el Gobierno de Netanyahu.
EUROPA CONDENA EN VOZ BAJA Y COMERCIA EN VOZ ALTA
Reunión tras reunión, la Unión Europea repite el mismo ritual. Se sienta, declara su preocupación, mira de reojo a Israel, mide cada palabra para no molestar demasiado y termina haciendo lo justo para poder decir que ha hecho algo. Este 11 de mayo, en Bruselas, volvió a ocurrir. El Consejo de ministros y ministras de Exteriores de la UE acabó con una medida limitada: ampliar las sanciones contra colonos israelíes implicados en violencia contra población palestina en Cisjordania. Poco más. El genocidio en Gaza sigue, los ataques al Líbano continúan y el Gobierno de Benjamín Netanyahu mantiene intacta buena parte de su cobertura política europea.
La jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, anunció en X que los ministros de Asuntos Exteriores habían dado luz verde a sancionar a colonos israelíes por actos de violencia contra palestinos. La medida implica prohibición de entrada en territorio europeo, bloqueo de actividades económicas en la UE y congelación de fondos que las personas sancionadas puedan tener en países comunitarios. Según fuentes diplomáticas citadas en la información original, la lista rondaría los siete nombres vinculados a los asentamientos ilegales en Cisjordania.
Pero Bruselas hizo lo de siempre: equilibrar la mínima presión sobre Israel con un gesto hacia los sectores más proisraelíes del bloque. Kallas anunció también sanciones contra más figuras de Hamás. La UE intenta parecer severa con todas las partes, aunque la asimetría sea obscena. No es lo mismo sancionar a unos cuantos colonos que revisar el entramado económico, político y diplomático que permite a Israel actuar con una impunidad casi blindada. Ahí está la trampa. Se castiga el exceso visible, pero se preserva la maquinaria.
España volvió a pedir medidas más duras. José Manuel Albares, ministro de Exteriores, reclamó antes de la reunión la suspensión temporal o parcial del acuerdo de asociación entre la UE e Israel, un marco privilegiado que regula la relación política y económica entre ambas partes. No hablamos de un gesto simbólico. Hablamos de tocar intereses, comercio, estatus diplomático y normalidad institucional. Justo lo que Europa evita cuando el señalado es Israel.
Albares lo dijo claro: “Está en juego la credibilidad de la Unión Europea” ante la mayor crisis mundial de este siglo. Y no es una frase cualquiera. Es una acusación directa contra una UE que pretende dar lecciones de derecho internacional mientras calcula hasta qué punto puede seguir mirando hacia otro lado. Derechos humanos, sí. Pero con cláusula comercial.
LA MAYORÍA CUALIFICADA QUE BRUSELAS NI SIQUIERA QUIERE CONTAR
La petición española tenía una clave importante: llevar la suspensión del acuerdo de asociación a votación. Albares pidió comprobar cuántos países estaban a favor y cuántos en contra. Sencillo. Votar. Poner nombres, poner posiciones, obligar a cada Gobierno a retratarse. La medida, al ser comercial, no exige unanimidad. Bastaría una mayoría cualificada: el 55% de los países de la UE que representen al menos el 65% de la población del bloque. Eso permitiría esquivar el bloqueo de países como Alemania o Italia, tradicionalmente contrarios a aplicar restricciones fuertes contra Netanyahu.
Kallas se negó a llevarlo al Consejo. Su argumento fue que no había apoyos suficientes. Es decir, no se vota porque quizá no salga. O quizá porque salir perdiendo también deja una fotografía incómoda. España no estaba sola: Irlanda, Eslovenia y Bélgica ya habían respaldado en otro momento esa línea de presión. No es una mayoría, pero tampoco es una extravagancia. Es el mínimo decente para una Europa que dice defender la legalidad internacional.
Albares también propuso medidas de menor alcance, como restricciones comerciales o aranceles a productos procedentes de asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania. Francia y Suecia habían planteado algo similar la semana anterior. Ni eso logró reunir apoyos suficientes. Ni siquiera tocar el negocio asociado a territorios ocupados. La UE no solo se atasca ante las grandes decisiones: también se encoge ante las pequeñas.
El ministro español recordó que las sanciones planteadas por la Comisión de Ursula von der Leyen en septiembre siguen sin aprobarse. “Llevamos demasiado tiempo hablando de medidas”, dijo. Y ahí está el retrato. Europa habla. Habla mucho. Habla con solemnidad, con comunicados, con reuniones, con cautela burocrática. Mientras tanto, Gaza sigue bajo ataque, Netanyahu sigue avanzando y la diplomacia europea sigue administrando excusas como si fueran analgésicos.
La propuesta de Von der Leyen llegó tras presiones de algunos Estados miembros y grupos del Parlamento Europeo. Luego apareció el acuerdo de paz impulsado por Donald Trump y buena parte de los socios europeos decidió “dar una oportunidad” a Tel Aviv. Una oportunidad más. Otra. Siempre otra. Pero los ataques israelíes contra Gaza no cesaron, y Netanyahu, junto a Estados Unidos, ha empujado una guerra regional en Oriente Medio. Aun así, la UE no recupera las medidas fuertes. No quiere. Esa es la palabra.
Xavier Bettel, ministro luxemburgués de Exteriores y exprimer ministro, fue de los pocos que habló sin envolver la vergüenza en papel diplomático. Denunció que algunos países siguen reticentes y alegan que la historia les obliga a estar “eternamente en deuda con Israel”. Pero añadió lo esencial: eso no justifica nada y no se puede aceptar que se haga la vista gorda.
Ahí está el fondo. Europa convierte la memoria histórica en coartada para tolerar el presente. Convierte la culpa en licencia política. Convierte el derecho internacional en un decorado que se coloca o se retira según el aliado de turno. Si la UE no es capaz de presionar a Israel mientras se bombardea Gaza, se ataca Líbano y se normaliza la ocupación, entonces su supuesta autoridad moral no es autoridad ni es moral: es propaganda con pasaporte diplomático.
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