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La institución eclesiástica sube más de un 80% su aportación anual a Trece TV, la televisión de la Iglesia, situándola en 6,8 millones
Desde 2007, la Iglesia ha duplicado el dinero público anual que recibe vía IRPF, mientras su número de sacerdotes ha caído más de un 11% y el de seminaristas más de un 18%. En 2006, el Gobierno de España y el Vaticano acordaron subir la asignación a la Iglesia católica a un 0,7% por cada equis marcada en la casilla de la declaración de la renta, un importante logro para la Conferencia Episcopal Española (CEE).
Antes de subir la asignación al 0,7%, ésta se situaba en torno a los 150 millones. En 2007, fue concretamente de 152 millones de euros. Ahora, la CEE acaba de hacer público sus ingresos vía IRPF 2008-2019 y ha batido un récord histórico con la declaración de 2020 superando los 300 millones, el doble de lo percibido antes del cambio.
Se ha producido una subida ininterrumpida durante los últimos años. En toda la serie publicada por la CEE el dinero no ha bajado de 246,9 millones (2013), llegando a alcanzar los 285,1 millones en 2018 y produciéndose una subida del 5,64% en 2019, respecto al año anterior.
La memoria sobre el ejercicio de 2007 contiene datos que demuestran que el incremento de la asignación económica se produce en paralelo a una pérdida de fuerza de la institución católica. Esta es la evolución entre las memorias de 2007 y 2019, recogida por infoLibre:
- Sacerdotes: De 19.121 a 16.960, una caída del 11,3%.
- Seminaristas: De 1.381 a 1.129, una caída del 18,24%.
- Primeras comuniones: 256.587 a 204.618, una caída del 20,25%%.
- Bautismos: 325.271 a 175.844, una caída de un 45,9%.
- Matrimonios: 113.187 a 36.650, una caída del 67,6%.
En cambio, han subido los catequistas en un 37,81%, aproximadamente de 70.000 a 96.470 y también las confirmaciones en un 28,41%: de 96.766 a 124.258.
La Iglesia emplea el 79,1% del dinero público recibido para el sostenimiento de las diócesis, en donde entra también la remuneración del clero; el 8,6% en Seguridad Social del clero y un 2,4% en Cáritas, quien además se financia con aportaciones privadas y la casilla de la declaración de la renta dedicada a fines sociales. Además, la Conferencia Episcopal aporta a Trece TV 6,8 millones, un 80,85% más que en 2018.
La iglesia católica española en el ojo del huracán
La de 2019 es la primera memoria después de la fiscalización del dinero público recibido por la Iglesia realizada por el Tribunal de Cuentas, después de que tanto la Justicia como el Tribunal de Cuentas, el órgano de fiscalización de las administraciones en España, se cuestionasen que la Iglesia católica hiciese negocios beneficiándose del dinero público en forma de exención fiscal o de inyección económica.
InfoLibre publicaba en enero de 2020 un informe preliminar, en el que alertaba de un insuficiente control del dinero asignado no sólo la Iglesia católica, sino también a las confesiones minoritarias.
El proyecto de informe de fiscalización, a cuyas conclusiones ha tenido acceso infoLibre, ponía de manifiesto cómo la Iglesia utilizaba con opacidad el dinero público que recibía y las ventajas fiscales de las que disfrutaba. Del informe se extraían un puñado de conclusiones demoledoras:
– La memoria sobre el dinero público que recibe la Iglesia, y que la Conferencia Episcopal presenta como demostración de su transparencia, no está regulada para garantizar su efectividad ni tiene valor justificativo.
– El Estado no comprueba el destino final de los fondos que entrega a la Iglesia por la casilla del IRPF.
– La falta de control sobre los destinatarios últimos de los fondos compromete el cumplimiento de la normativa europea.
– En la memoria de la Iglesia correspondiente al año 2017, ejercicio al que el Tribunal de Cuentas presta mayor atención, hay un desfase de 300.000 euros entre la cantidad entregada por el Estado y la justificada por la Iglesia.
– El superávit que la Iglesia logra gracias al dinero de la casilla del IRPF, que como ha publicado este periódico va destinado en más de un 50% a 13TV, no está previsto en ningún acuerdo, ni tampoco hay un pacto Estado-Iglesia sobre el destino que se le debe dar a dicho beneficio.
– Los sucesivos gobiernos no han impulsado la anunciada y comprometida autofinanciación de la Iglesia, en espera desde 1979.
– Hay un desfase entre los distintos listados oficiales de entidades que se benefician de exenciones fiscales.
– El sistema para comprobar si las exenciones son «procedentes» es fácil de sortear.
Las conclusiones provisionales suponían un grave cuestionamiento de la posición económica de la Iglesia católica en España y situaban a la institución en el ojo del huracán. El documento era un golpe para todos los gobiernos al quedar señalados por su inacción para poner luz en la relación económica del Estado con la Iglesia.
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