El testimonio de detenidos liberados revela una estrategia represiva basada en el castigo físico y psicológico, al margen del derecho internacional
Mohammad Abu Tawileh, mecánico palestino de 36 años, no olvida el olor de su propia piel quemada. Según relató a la BBC, soldados israelíes lo interrogaron durante días en una base militar, le sumergieron la cabeza en productos químicos y lo rociaron con ácido. Luego, le prendieron fuego con un ambientador y un mechero, y lo golpearon mientras intentaba apagar las llamas. Esta no es una historia aislada, sino parte de un patrón de abusos que otros detenidos relataron tras su liberación.
Cinco hombres palestinos, arrestados en Gaza y luego devueltos en virtud del acuerdo de alto el fuego firmado en 2025, describieron haber sido torturados, desnudados, golpeados, sometidos a descargas eléctricas, privados de comida y agua, atacados con perros y vejados sexualmente. Algunos presenciaron la muerte de otros presos bajo custodia israelí. Todos coincidieron en que los abusos comenzaron en el momento de su detención y continuaron hasta el instante de su liberación.
Las detenciones se realizaron al amparo de la controvertida «Ley de Combatientes Ilegales», una legislación que permite mantener a personas recluidas indefinidamente sin cargos ni juicio, siempre que se las considere una amenaza para la seguridad. Bajo esta normativa, cientos de palestinas y palestinos han sido secuestrados de facto, sin garantías judiciales y sometidos a condiciones que incumplen las Convenciones de Ginebra.
El abogado británico Lawrence Hill-Cawthorne, experto en derecho internacional humanitario, declaró a la BBC que los métodos descritos por los exdetenidos —uso de productos químicos, descargas, golpes, privación del sueño, abuso sexual— «superan claramente el umbral de la tortura» y contradicen tanto la legislación internacional como las propias leyes israelíes.
La ONU ya había alertado en marzo de 2025 del uso sistemático de estas prácticas. En su informe, documentaron violaciones, amenazas sexuales y técnicas de tortura física y psicológica aplicadas como norma operativa en centros de detención israelíes. Puedes leerlo aquí. Israel negó los hechos, pero no ha permitido acceso independiente ni a la ONU ni al Comité Internacional de la Cruz Roja desde octubre de 2023, como confirmó este último al medio británico.
DETENCIÓN ARBITRARIA, IMPUNIDAD Y CASTIGO COLECTIVO
El caso de Sde Teiman, una base militar reconvertida en campo de concentración, resume el horror institucionalizado. Allí fueron trasladados la mayoría de los entrevistados. Algunos fueron atados desnudos a camas, otros encadenados y obligados a usar pañales. Varios relataron palizas en la cabeza, fracturas costales, mutilaciones genitales y vejaciones sexuales entre detenidos, obligadas por los propios guardias. En la prisión de Ketziot, uno de los entrevistados afirmó haber presenciado cómo forzaban a jóvenes palestinos a realizar actos sexuales unos con otros bajo amenazas.
Abdul Karim Mushtaha, obrero avícola de 33 años, fue detenido cuando seguía las órdenes de evacuación israelíes con su familia. Afirmó haber sido golpeado con brutalidad, arrastrado esposado, desnudado y privado de agua durante días. El día de su liberación, recibió amenazas directas: “Si vuelves a tener relación con Hamás, te lanzaremos un misil”.
Los abusos no se limitan al ámbito físico. Según los testimonios recogidos por la BBC, la humillación, el aislamiento sensorial, la privación del sueño y las amenazas constantes eran habituales, así como el uso de música israelí a alto volumen durante horas. Estas prácticas violan abiertamente el derecho internacional humanitario, que obliga a tratar a las personas detenidas con humanidad, sin distinción por su estatus ni nacionalidad.
La Sociedad de Prisioneros Palestinos informó a la BBC que al menos 63 detenidos palestinos han muerto bajo custodia israelí desde octubre de 2023, 40 de ellos procedentes de Gaza. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirman que todos los casos han sido investigados, pero no han presentado pruebas ni facilitado acceso a observadores internacionales.
Uno de los adolescentes entrevistados, Ahmed Abu Seif, fue detenido el día de su cumpleaños número 17. Dijo haber sido gaseado, electrocutado, golpeado, arrancado de sus uñas del pie y privado de atención médica. Tras su liberación, mostró a los periodistas cicatrices evidentes en pies y manos. Un informe médico en Gaza confirmó las lesiones y la presencia de sarna, una enfermedad que, como la desnutrición extrema, era común entre los prisioneros liberados.
Israel no permite a la prensa internacional el acceso libre a Gaza, lo que impide la verificación independiente sobre el terreno. Las entrevistas fueron realizadas por periodistas locales contratados por la BBC y validadas por médicos y abogados independientes.
El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ya exigió en 2009 a Israel que cerrara el centro de detención de Ketziot por violaciones sistemáticas. Han pasado más de 15 años y la maquinaria sigue intacta, más sofisticada y salvaje, con total impunidad.
Ninguna democracia puede sostenerse sobre cuerpos quemados, adolescentes torturados y niños devueltos con uñas arrancadas. Ninguna razón de Estado justifica un régimen de detención donde el terror, la humillación y el sadismo se han convertido en herramientas de guerra.
«Deseábamos la muerte, pero no la encontramos», dijo Ahmed, de 17 años. Esa es la pedagogía del horror.
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