La sentencia denuncia que el PP cambió la ley en 2021 sin debate parlamentario, vulnerando los derechos de las y los diputados para facilitar el control político de la televisión pública madrileña.
El Tribunal Constitucional acaba de poner negro sobre blanco algo que muchas voces venían denunciando desde hace años: la reforma que permitió al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso controlar Telemadrid se tramitó saltándose las reglas básicas del parlamentarismo. La sentencia, hecha pública ayer, 11 de marzo, estima el recurso de amparo presentado por el PSOE y concluye que se vulneraron los derechos fundamentales de las y los diputados al modificar la ley mediante un procedimiento que eliminó el debate parlamentario.
No se trata de una cuestión menor ni de un tecnicismo jurídico. El tribunal ha declarado nulos los acuerdos de la Mesa y del Pleno de la Asamblea de Madrid que permitieron tramitar la reforma por “lectura única”, un procedimiento extraordinario que elimina enmiendas, discusión y negociación entre grupos políticos. En otras palabras, la mayoría del Partido Popular decidió cambiar las reglas del juego sin permitir que la oposición participara en el proceso legislativo.
La decisión judicial retrata una forma de gobernar que no es nueva en la política madrileña. Cuando el poder legislativo se utiliza como una simple máquina de aprobar decisiones del ejecutivo, el Parlamento deja de ser un espacio de deliberación democrática y se convierte en un trámite administrativo. Y eso es exactamente lo que el Constitucional señala en su sentencia.
UNA LEY HECHA A MEDIDA PARA CONTROLAR LA TELEVISIÓN PÚBLICA
La reforma de la Ley de Telemadrid se aprobó en 2021 mediante ese procedimiento exprés. El cambio parecía técnico, pero su impacto político era evidente. Hasta ese momento, la normativa obligaba a que el director general de la cadena pública fuese elegido por una mayoría cualificada de dos tercios de la Asamblea de Madrid, una fórmula diseñada para garantizar cierto consenso entre partidos y evitar que la televisión pública quedara bajo control directo del gobierno de turno.
La modificación impulsada por el Ejecutivo de Ayuso alteró ese equilibrio. Desde entonces, el director general puede ser designado por mayoría simple, es decir, únicamente con los votos del partido que tenga la mayoría parlamentaria. Un cambio aparentemente pequeño que, en la práctica, convierte a la televisión pública en una extensión del poder político.
El recurso presentado en junio de 2022 por el entonces secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, denunciaba precisamente ese objetivo. Según explicó entonces, el procedimiento se había utilizado de forma “absolutamente opaca” con una intención clara: “controlar de forma absolutista Telemadrid y ponerla al servicio de la presidenta”.
El Tribunal Constitucional no entra a valorar el contenido de la reforma ni el modelo de gobernanza de la cadena pública. Su fallo se centra exclusivamente en el procedimiento. Pero ese detalle es importante. Lo que el tribunal afirma es que las reglas parlamentarias no pueden retorcerse para imponer cambios sin debate, porque hacerlo vulnera los derechos de representación política de las y los diputados.
CUANDO LAS MAYORÍAS CONFUNDEN PODER CON IMPUNIDAD
La sentencia también deja al descubierto una fractura dentro del propio tribunal. Cinco magistrados del bloque conservador —Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, César Tolosa y José María Macías— han firmado votos particulares en desacuerdo con la decisión. No es una sorpresa. En España, incluso la interpretación de las normas constitucionales suele reflejar la polarización política del país.
Sin embargo, más allá de esa división interna, el fallo tiene una carga política difícil de ignorar. El Constitucional está recordando que una mayoría parlamentaria no autoriza a saltarse los procedimientos democráticos. El poder legislativo no es propiedad del partido que gobierna. Es una institución que pertenece a toda la ciudadanía y cuya legitimidad depende precisamente del respeto a las reglas del debate democrático.
Durante los últimos años, el Gobierno madrileño ha construido buena parte de su relato político sobre una idea simple: gobernar con rapidez, evitar obstáculos y presentarse como víctima de cualquier contrapeso institucional. Pero la democracia no funciona como una empresa privada ni como una campaña electoral permanente. La deliberación, la negociación y el control parlamentario son precisamente lo que diferencia una democracia de un sistema autoritario con urnas.
Por eso esta sentencia tiene una dimensión que va mucho más allá de Telemadrid. El Constitucional está recordando que las instituciones no pueden ser utilizadas como herramientas partidistas para blindar a un gobierno de la crítica o del escrutinio público.
La televisión pública es uno de los espacios donde se juega esa batalla democrática. Controlarla significa controlar parte del relato político que llega a millones de personas. Y cuando ese control se obtiene mediante procedimientos opacos, el problema deja de ser una cuestión administrativa y pasa a convertirse en un síntoma de degradación institucional.
Porque cuando un gobierno modifica las reglas para dominar un medio público, lo que realmente está intentando controlar no es una cadena de televisión. Lo que intenta controlar es la conversación pública de toda una sociedad.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
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No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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