El juzgado aprieta al entorno de Ayuso: diez días para defenderse del fraude fiscal 

La causa contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, avanza tras meses de parálisis mientras la sombra de la impunidad planea sobre el poder político.

Casi cinco meses después de la apertura de juicio oral, el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha decidido mover ficha. El actual titular del órgano judicial ha dado diez días a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, para presentar su escrito de defensa por fraude fiscal, delito contable continuado y pertenencia a grupo criminal. Si no lo hace, el procedimiento seguirá su curso como si se opusiera a las acusaciones. La advertencia es clara y está por escrito.

No es un gesto menor. La justicia llega tarde cuando llega empujada, y en este caso ha necesitado el relevo en la titularidad del juzgado y la presión de las acusaciones para desbloquear una causa que llevaba meses varada. El mensaje institucional es aséptico, pero el contexto político es imposible de ignorar. Cuando los tribunales rozan el núcleo del poder, el tiempo judicial se dilata y la transparencia se vuelve opaca.

La orden llega en febrero de 2026, pero la historia empezó mucho antes. Fue el 22 de septiembre de 2025 cuando la magistrada interina del juzgado, tras la jubilación de su titular, ordenó la apertura de juicio oral. Desde entonces, silencio administrativo, retrasos acumulados y una sensación persistente de que el procedimiento avanzaba a trompicones. La justicia lenta también es una forma de injusticia.

UN JUICIO ORAL QUE AVANZA A CONTRARRELOJ

El nuevo titular del juzgado, Antonio Viejo, se ha encontrado con un órgano colapsado y con causas pendientes de impulso. Entre ellas, la que afecta al entorno más cercano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Su primera decisión relevante ha sido fijar un plazo concreto y advertir de consecuencias legales si no se cumple. Diez días que, en términos procesales, marcan la diferencia entre el letargo y la acción.

La diligencia de ordenación es explícita. Si las personas acusadas no presentan su defensa, se entenderá que se oponen a las acusaciones y el procedimiento continuará sin más dilaciones. Es una fórmula jurídica habitual, pero adquiere otra dimensión cuando quien está en el banquillo es el compañero sentimental de una de las dirigentes más poderosas del país.

No es la única pieza sobre la mesa. Existe una pieza separada por presunta corrupción en los negocios que sigue sin uno de los elementos clave para su instrucción. Falta el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, solicitado en julio de 2025, que debe determinar si el patrimonio de González Amador procede del dinero obtenido mediante el supuesto fraude fiscal. Siete meses después, ese informe sigue sin aparecer.

Mientras tanto, las acusaciones populares, entre ellas el PSOE, han tenido que presentar escritos para reclamar lo evidente: que el procedimiento avance y que se reactive la investigación paralela. Nadie les había comunicado oficialmente que el juicio no podría celebrarse hasta 2027, una fecha que, de confirmarse, consolidaría la idea de que ciertos apellidos disfrutan de calendarios judiciales a medida.

PODER POLÍTICO, TIEMPOS JUDICIALES Y LA SOMBRA DE LA IMPUNIDAD

El caso no puede leerse al margen del clima político. Isabel Díaz Ayuso ha construido buena parte de su relato sobre la confrontación con el Estado y la denuncia de supuestas persecuciones. Sin embargo, cuando la justicia se acerca a su entorno personal, el discurso se diluye en silencios y victimismo preventivo. No hay ruedas de prensa airadas ni denuncias de lawfare. Hay espera, dilación y confianza en que el tiempo desgaste el interés público.

La paradoja es evidente. En una comunidad donde se exige mano dura, ejemplaridad y eficiencia, el entorno del poder parece navegar con otras reglas. Las y los contribuyentes cumplen plazos bajo amenaza de recargos inmediatos, mientras que una causa por fraude fiscal puede dormir meses en un cajón sin explicaciones convincentes.

Este no es un juicio mediático por casualidad. Lo es porque habla de cómo funciona la igualdad ante la ley cuando el foco apunta hacia arriba. Habla de juzgados saturados, sí, pero también de prioridades políticas y de una cultura institucional que tolera la demora cuando incomoda a quienes mandan. La justicia no es ajena al contexto en el que opera.

La exigencia del escrito de defensa no prejuzga culpabilidades. Pero sí rompe una inercia peligrosa. Que un juzgado tenga que ser empujado para cumplir su función es un síntoma, no una anécdota. Y que ese empujón llegue tras la presión de las acusaciones y el cambio de magistrado dice más del sistema que de una causa concreta.

El calendario vuelve a ponerse en marcha. Diez días para responder a acusaciones graves. Meses de retraso que nadie explica. Años de desconfianza acumulada en una justicia que parece medir el tiempo según el apellido del investigado. Y una pregunta que sigue flotando en el aire: ¿cuántos plazos más necesita el poder para rendir cuentas como cualquier otra persona?