Epstein, violencia sexual y silencio institucional en la casa real de Noruega
La monarquía noruega atraviesa una de las crisis más profundas de su historia reciente, una sacudida que combina poder, privilegio, violencia sexual y una obscena normalización de lo intolerable. El detonante no es menor: la aparición del nombre de la princesa Mette-Marit en torno a 1.000 ocasiones en los documentos desclasificados de Jeffrey Epstein, condenado en 2008 por prostitución de una menor, y el inicio en febrero de 2026 del juicio por violación, agresiones físicas y tráfico de drogas contra su hijo, Marius Borg Høiby.
No se trata de un error puntual ni de una anécdota incómoda. Es un patrón, y como todo patrón, habla de estructuras, no de casualidades. Noruega, presentada durante décadas como ejemplo de transparencia democrática y ética pública, se enfrenta ahora a una pregunta incómoda: qué ocurre cuando las élites se protegen incluso cuando el daño es evidente.
LOS VÍNCULOS CON EPSTEIN: CUANDO LA CONDENA NO FUE UNA LÍNEA ROJA
Entre 2011 y 2014, Mette‑Marit mantuvo una relación continuada con Jeffrey Epstein, ya condenado y señalado internacionalmente. Correos electrónicos, confidencias personales y mensajes de tono íntimo muestran una relación consciente, sostenida y voluntaria, no un contacto accidental ni superficial.
Epstein no era un desconocido en 2011. Había sido condenado tres años antes, su nombre circulaba en investigaciones periodísticas y su red de poder era objeto de escrutinio internacional. Aun así, la futura reina de Noruega no solo mantuvo contacto, sino que pasó cuatro días alojada en su residencia de Palm Beach, uno de los epicentros conocidos de los abusos sexuales a menores.
En 2019, tras la muerte de Epstein en prisión, Mette-Marit pidió perdón por su “falta de criterio”. En enero de 2026, volvió a hacerlo. Las disculpas se repiten, pero los hechos permanecen. Y con cada nueva filtración, el daño institucional se amplifica.
No fue la única figura pública comprometida. El ex primer ministro y expresidente del Comité Nobel, Thorbjørn Jagland, aparece también en conversaciones con Epstein. El actual jefe del Gobierno, Jonas Gahr Støre, ha reclamado explicaciones públicas. Pero la Casa Real sigue refugiándose en comunicados asépticos, sin asumir responsabilidades políticas ni éticas reales.
Cuando una institución sobrevive a base de silencios, no se protege: se degrada.
EL JUICIO AL HIJO DE LA PRINCESA: VIOLENCIA, IMPUNIDAD Y PRIVILEGIO
El segundo eje del terremoto es judicial. El 2 de febrero de 2026 comienza en Oslo el juicio contra Marius Borg Høiby, 29 años, acusado de casi 40 delitos, entre ellos violación, agresiones sexuales, violencia física, amenazas con arma blanca y tráfico de drogas.
El historial es demoledor. Detenido en agosto de 2025, el número de cargos no ha dejado de crecer. A las agresiones contra exparejas se suman abusos sexuales a mujeres dormidas o bajo los efectos del alcohol, algunas grabadas sin consentimiento. En 2020, fue interceptado transportando 3,5 kilos de marihuana. El último episodio, en enero de 2026, incluye amenazas con cuchillo y quebrantamiento de una orden de alejamiento, lo que ha motivado cuatro semanas de prisión preventiva.
Formalmente, Høiby no es miembro de la Casa Real. En la práctica, ha vivido bajo su paraguas. Fotografías de lujo, fiestas, armas, dinero y una tolerancia mediática difícil de explicar han acompañado su imagen pública durante años. El privilegio no crea violencia, pero sí crea impunidad, y esa impunidad es un mensaje devastador para las víctimas.
El juicio durará siete semanas. Hay al menos diez personas afectadas. En Noruega, algunos de estos delitos pueden acarrear hasta 16 años de prisión. Mette-Marit y el príncipe heredero Haakon no asistirán a las vistas. El comunicado oficial apela al Estado de derecho y recuerda que su hijo “no es miembro de la Casa Real”. Una verdad legal que no borra una responsabilidad moral evidente.
La institución más respetada del país aparece ahora rodeada de abuso, negligencia y ceguera ética. No por un error aislado, sino por años de mirar hacia otro lado mientras el poder se protegía a sí mismo.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
¿Qué ocurre cuando las personas dejan de ser tratadas como seres humanos y pasan a utilizarse como herramientas políticas? En este nuevo #ReportajeSR de Spanish Revolution, Léa Gugelmann analiza a fondo la…
THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
El Pentágono ha dado un paso sin precedentes: poner la toma de decisiones y la estrategia militar en manos de la inteligencia artificial. Patricia Salvador te cuenta en este #ReportajeSR cómo, a…