Dana: año uno. Mentiras y barro 

Un año después, la cronología desmiente la coartada y deja a la intemperie una gestión política que eligió salvar el relato antes que salvar a la gente.

CRONOLOGÍA DE UNA COARTADA

La tarde del 29 de octubre de 2024 está escrita a golpes de hora. A las 23.03, Carlos Mazón tuiteó que “el 112 no está colapsado”, mientras el 42% de las llamadas quedaban sin atender por problemas técnicos y las emisoras recogían peticiones de auxilio. A las 21.30, en À Punt, habló de medios “listos y coordinados”, aunque acababa de pedir a Defensa que la UME estuviera en prealerta y no había despliegue real. A las 00.35 añadió que si los rescates no llegaban era por los accesos, no por falta de medios. Los días posteriores demostraron lo contrario: faltaron efectivos, faltó logística y sobraron excusas.

Entre tanto, a las 19.34 un amigo le describe “un tsunami de barro” en València. Es el momento en que, por fin, el president asume la magnitud. Pero para entonces À Punt llevaba desde primera hora mostrando el desastre, Aemet había activado avisos y en La Ribera ya había personas fallecidas. La realidad entró por la pantalla antes de que el Consell entrara en la emergencia.

El punto ciego es su agenda. Del mediodía a las 20.28 (hora a la que la propia Generalitat filtra una foto de su entrada al Cecopi) se impone el baile de versiones: “comida privada”, luego “comida de trabajo”, finalmente “comida privada de trabajo”. Se insinuó una cita con el presidente de la patronal Salvador Navarro, que lo desmintió tajante. El 8 de noviembre se filtra que el almuerzo fue con la periodista Maribel Vilaplana en El Ventorro. Más tarde, la propia Vilaplana precisa que salieron entre las 18.30 y las 18.45. La Generalitat admitirá después un rodeo hasta un parking antes de que Mazón apareciera a las 20.00 en el Palau con un suéter distinto al del almuerzo. Treinta minutos siguen en sombra.

Cuando el relato cojea, se cambia el relato. El 26 de febrero de 2025, Mazón fija el “hecho fáctico”: llegó al Cecopi a las 20.28. Lo presenta como corrección técnica, no como rectificación política. Y sostiene que la tardanza fue por “lluvia y atasco”. Los datos de Aemet y de tráfico desmienten que ese tramo lloviera o vehiculara distinto a lo habitual. La administración pide fe cuando lo que faltan son pruebas.

La juez Nuria Ruiz Tobarra desmontó la última línea de defensa: no hubo un “apagón informativo” de Aemet ni de la Confederación Hidrográfica del Júcar, hubo inactividad de la Administración autonómica. Aemet avisó con tres días, la Universitat de València suspendió clases el día anterior y Emergencias había decretado alertas hidrológicas. La alerta masiva a móviles no requería consenso del Cecopi. 229 personas murieron y 19.000 llamadas al 112 dejaron un rastro imposible de ocultar. Los hechos no necesitan propaganda.

EL APARATO QUE SOSTIENE LA MENTIRA

No fue solo el president. Un aparato político y comunicativo trabajó para blindar su coartada. Los servicios de prensa difundieron que a las 18.00 ya estaba en el Palau y que recibía información continua. Los registros de llamadas desmienten la supuesta coordinación: la primera conversación con la consellera Salomé Pradas fue a las 17.37. En Les Corts, el 15 de noviembre, se pidió perdón a medias y se habló de dimitir en futuro condicional. La responsabilidad quedó en suspenso, como si la catástrofe fuera un expediente administrativo.

Se circuló un audio manipulado para culpar a Aemet de minimizar el riesgo. La versión íntegra probaba lo contrario: lo peor llegaría entre las 15.00 y las 18.00, franja en la que el president estaba en su almuerzo de cuatro horas. Difundieron un bulo para tapar un vacío de gestión. La Fiscalía de Valencia abrió diligencias por la filtración del audio entre funcionarias. Cuando todo falla, queda culpar a quien avisó.

También se vendió que había contactado con varios alcaldes. El listado de llamadas que él mismo aportó solo refleja una: Cullera. Y ese alcalde relata una conversación “no en estado de alerta”. Se repitió que “se reunió con víctimas”. Las principales asociaciones lo niegan; lo que hubo fue una reunión improvisada con familiares que estaban a las puertas del Palau. A las víctimas se les debe respeto, no escenografías.

Cuando la justicia reclamó grabaciones del Cecopi, Emergencias dijo que no existían. Después aparecieron vídeos: un bruto de À Punt con audio donde se escucha a Pradas dar órdenes sobre el mensaje, y tomas de un cámara contratado por la Generalitat. Primero se negó su existencia, luego se entregaron a remolque del periodismo. Así opera el poder cuando confunde transparencia con humillación.

Fechas y cifras dibujan la silueta del desastre: 29 de octubre de 2024, 23.03, 21.30, 00.35, 19.34, 20.00, 20.28; 229 fallecidos, 19.000 llamadas, 42% sin atender. No hay narración que tape un reloj. No hay tuit que corrija un parte de defunción. Las y los funcionarios que alertaron con tiempo fueron ignorados. Las y los profesionales de À Punt informaron cuando hacía falta. Las enfermeras y enfermeros, las y los bomberos, las y los militares de la UME hicieron lo que pudieron con lo que había. El Consell eligió justificar su ausencia antes que explicar sus decisiones.

Un año después, el barro ya no cubre las calles, pero sí las versiones oficiales. La posverdad no drena con mangueras, se combate con responsabilidades. Quien gobernaba la Comunitat Valenciana el 29-O no falló por desconocimiento sino por prioridades. La prioridad fue el relato. La política entendida como gestión de titulares mientras la gente subía a los tejados. El presidente llegó tarde y su gobierno llegó peor. La pregunta que recorre cada minuto perdido es simple y devastadora: si no era el día de dar la cara, cuándo.