La cancelación del estatus legal a haitianas y haitianos y la persecución de comunidades somalíes no es una anomalía administrativa: es un proyecto político de blanqueamiento forzado del país.
La administración de Donald Trump ha decidido abrir otro frente interno. Tras Minnesota, ahora es Ohio. El enemigo vuelve a ser el mismo: personas negras, migrantes y pobres. El 3 de febrero de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) hará efectiva la retirada del Estatus de Protección Temporal (TPS) a miles de haitianas y haitianos que residían legalmente en el país. No hay colapso institucional que lo justifique. No hay emergencia de seguridad demostrable. Hay ideología.
El aviso federal publicado en noviembre de 2025 deja claro el marco mental. Aunque reconoce que la situación en Haití es “preocupante”, el DHS concluye que permitir que personas haitianas permanezcan en Estados Unidos “es contrario al interés nacional”. El texto lo firma la secretaria Kristi Noem. La lógica es simple y brutal: el interés nacional se define como exclusión racializada.
Para sostener esa decisión, el DHS insinúa riesgos de fraude, seguridad pública y amenazas a la seguridad nacional, pero no aporta cifras, ni datos, ni sentencias. Se citan casos aislados, incluso de personas que no estaban acogidas al TPS. El mensaje no es jurídico. Es simbólico. Se construye un enemigo sin pruebas porque el objetivo no es proteger derechos, sino fabricar miedo.
LA MENTIRA DE LA AMENAZA Y LOS DATOS QUE EL PODER OCULTA
La criminalización de las personas migrantes es una constante del trumpismo. Haití ya fue descrito por Trump como un “shithole country”. En 2021, afirmó falsamente que las personas haitianas tenían sida. En 2024, llegó a decir que en Springfield “se comían los perros y los gatos”. No hubo nunca informes creíbles que respaldaran esas afirmaciones. El racismo funciona mejor cuando no necesita hechos.
Los datos reales desmontan el relato. Estudios reiterados muestran que las personas migrantes, incluidas las indocumentadas, cometen menos delitos que la población nacida en Estados Unidos. En el caso de las y los haitianos sin papeles, la tasa de encarcelamiento es un 81% inferior a la de estadounidenses nativos. En el condado de Clark, Ohio, con una de las mayores comunidades haitianas del estado, solo 2 de las 199 personas encarceladas eran haitianas (aproximadamente el 1%, a fecha 8 de septiembre).
Lejos de ser una carga, las haitianas y haitianos han sido clave para la economía local. El propio gobernador republicano de Ohio, Mike DeWine, lo admitió sin rodeos: si desaparecieran de un día para otro, el impacto económico sería grave. En Springfield, su presencia ha contribuido a aumentar salarios y a frenar el declive demográfico. Son esenciales y, aun así, desechables para el poder.
Pese a ello, el DHS opta por deportar a personas a un país que describe como inseguro e ingobernable. La contradicción no es un error. Es la prueba de que el criterio no es la seguridad, sino el color de piel y el origen. La misma lógica explica la ofensiva contra las comunidades somalíes.
BLANQUEAR AMÉRICA: RACISMO DE ESTADO COMO DOCTRINA
Trump no oculta su marco ideológico. En el Foro Económico Mundial de 2026, afirmó que Occidente no puede “importar culturas extranjeras que nunca han construido sociedades exitosas”, refiriéndose a Somalia como un “no-país”. Para él, los lugares fracasan porque las personas son “defectuosas”. El determinismo cultural y biológico sustituye a cualquier análisis político o histórico.
Ese discurso encuentra su formulación más explícita en Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional. Según Miller, la migración masiva no importa individuos, sino “sociedades enteras”, condenadas a reproducir el fracaso allí donde vayan. No es una tesis sociológica. Es una teoría racial. La pobreza se convierte en culpa genética, la diversidad en patología.
Cuando Trump habla de que la inmigración “envenena la sangre del país”, el lenguaje no es metafórico. La solución que propone es quirúrgica: extirpar. Deportar incluso cuando esas personas sostienen sectores enteros de la economía. Deportar aunque tengan derechos. Deportar aunque sean ciudadanas estadounidenses. La pertenencia se define por la blancura, no por la ley.
No es casual que las operaciones federales se cebaran con comunidades negras, musulmanas y migrantes. En el imaginario racial occidental, la blancura representa el orden y la civilización; la negritud, el caos. Trump se presenta como el defensor de una herencia supuestamente blanca que habría abolido la esclavitud y garantizado los derechos civiles. Es falso. Haití fue la primera república que abolió la esclavitud. Los derechos civiles los arrancaron personas negras organizadas. El trumpismo reescribe la historia para justificar la violencia del presente.
En nombre de “defender la cultura” y “proteger la patria”, la administración Trump arresta, encierra, traumatiza, gasea, utiliza a niñas y niños como cebo, niega derechos, deporta y siembra terror en barrios enteros. No es un exceso. Es un programa político coherente con un proyecto de Estado étnico.
Lo que está en juego no es la política migratoria, sino si Estados Unidos acepta vivir en la diversidad o decide erradicarla como si fuera una enfermedad.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
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El Pentágono ha dado un paso sin precedentes: poner la toma de decisiones y la estrategia militar en manos de la inteligencia artificial. Patricia Salvador te cuenta en este #ReportajeSR cómo, a…