Blanquear EE.UU.: Trump y la cruzada racial que convierte la política migratoria en una guerra interna 

La cancelación del estatus legal a haitianas y haitianos y la persecución de comunidades somalíes no es una anomalía administrativa: es un proyecto político de blanqueamiento forzado del país.

La administración de Donald Trump ha decidido abrir otro frente interno. Tras Minnesota, ahora es Ohio. El enemigo vuelve a ser el mismo: personas negras, migrantes y pobres. El 3 de febrero de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) hará efectiva la retirada del Estatus de Protección Temporal (TPS) a miles de haitianas y haitianos que residían legalmente en el país. No hay colapso institucional que lo justifique. No hay emergencia de seguridad demostrable. Hay ideología.

El aviso federal publicado en noviembre de 2025 deja claro el marco mental. Aunque reconoce que la situación en Haití es “preocupante”, el DHS concluye que permitir que personas haitianas permanezcan en Estados Unidos “es contrario al interés nacional”. El texto lo firma la secretaria Kristi Noem. La lógica es simple y brutal: el interés nacional se define como exclusión racializada.

Para sostener esa decisión, el DHS insinúa riesgos de fraude, seguridad pública y amenazas a la seguridad nacional, pero no aporta cifras, ni datos, ni sentencias. Se citan casos aislados, incluso de personas que no estaban acogidas al TPS. El mensaje no es jurídico. Es simbólico. Se construye un enemigo sin pruebas porque el objetivo no es proteger derechos, sino fabricar miedo.

LA MENTIRA DE LA AMENAZA Y LOS DATOS QUE EL PODER OCULTA

La criminalización de las personas migrantes es una constante del trumpismo. Haití ya fue descrito por Trump como un “shithole country”. En 2021, afirmó falsamente que las personas haitianas tenían sida. En 2024, llegó a decir que en Springfield “se comían los perros y los gatos”. No hubo nunca informes creíbles que respaldaran esas afirmaciones. El racismo funciona mejor cuando no necesita hechos.

Los datos reales desmontan el relato. Estudios reiterados muestran que las personas migrantes, incluidas las indocumentadas, cometen menos delitos que la población nacida en Estados Unidos. En el caso de las y los haitianos sin papeles, la tasa de encarcelamiento es un 81% inferior a la de estadounidenses nativos. En el condado de Clark, Ohio, con una de las mayores comunidades haitianas del estado, solo 2 de las 199 personas encarceladas eran haitianas (aproximadamente el 1%, a fecha 8 de septiembre).

Lejos de ser una carga, las haitianas y haitianos han sido clave para la economía local. El propio gobernador republicano de Ohio, Mike DeWine, lo admitió sin rodeos: si desaparecieran de un día para otro, el impacto económico sería grave. En Springfield, su presencia ha contribuido a aumentar salarios y a frenar el declive demográfico. Son esenciales y, aun así, desechables para el poder.

Pese a ello, el DHS opta por deportar a personas a un país que describe como inseguro e ingobernable. La contradicción no es un error. Es la prueba de que el criterio no es la seguridad, sino el color de piel y el origen. La misma lógica explica la ofensiva contra las comunidades somalíes.

BLANQUEAR AMÉRICA: RACISMO DE ESTADO COMO DOCTRINA

Trump no oculta su marco ideológico. En el Foro Económico Mundial de 2026, afirmó que Occidente no puede “importar culturas extranjeras que nunca han construido sociedades exitosas”, refiriéndose a Somalia como un “no-país”. Para él, los lugares fracasan porque las personas son “defectuosas”. El determinismo cultural y biológico sustituye a cualquier análisis político o histórico.

Ese discurso encuentra su formulación más explícita en Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional. Según Miller, la migración masiva no importa individuos, sino “sociedades enteras”, condenadas a reproducir el fracaso allí donde vayan. No es una tesis sociológica. Es una teoría racial. La pobreza se convierte en culpa genética, la diversidad en patología.

Cuando Trump habla de que la inmigración “envenena la sangre del país”, el lenguaje no es metafórico. La solución que propone es quirúrgica: extirpar. Deportar incluso cuando esas personas sostienen sectores enteros de la economía. Deportar aunque tengan derechos. Deportar aunque sean ciudadanas estadounidenses. La pertenencia se define por la blancura, no por la ley.

No es casual que las operaciones federales se cebaran con comunidades negras, musulmanas y migrantes. En el imaginario racial occidental, la blancura representa el orden y la civilización; la negritud, el caos. Trump se presenta como el defensor de una herencia supuestamente blanca que habría abolido la esclavitud y garantizado los derechos civiles. Es falso. Haití fue la primera república que abolió la esclavitud. Los derechos civiles los arrancaron personas negras organizadas. El trumpismo reescribe la historia para justificar la violencia del presente.

En nombre de “defender la cultura” y “proteger la patria”, la administración Trump arresta, encierra, traumatiza, gasea, utiliza a niñas y niños como cebo, niega derechos, deporta y siembra terror en barrios enteros. No es un exceso. Es un programa político coherente con un proyecto de Estado étnico.

Lo que está en juego no es la política migratoria, sino si Estados Unidos acepta vivir en la diversidad o decide erradicarla como si fuera una enfermedad.