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Cuando el poder económico financia propaganda presidencial y lo llama cine, la corrupción deja de esconderse.
La película ‘Melania’ no es un producto cultural fallido ni una extravagancia de la industria audiovisual. Es una operación política financiada con dinero corporativo para influir en el poder ejecutivo de Estados Unidos. El dato clave no es estético ni narrativo, sino contable: 75 millones de dólares. 40 millones para producir un documental hagiográfico sobre la primera dama y 35 millones para promocionarlo. La cifra no es casual. Es obscena por comparación y reveladora por contexto.
El dinero salió del entorno de Jeff Bezos, propietario de Amazon y dueño también de The Washington Post. La beneficiaria directa fue Melania Trump, que, según The Wall Street Journal, embolsó más de 28 millones de dólares, más del 70 % del presupuesto de producción. No hablamos de cine. Hablamos de transferencia de riqueza hacia la familia presidencial mientras su titular controla contratos, regulaciones y represalias.
EL DOCUMENTAL COMO COIMA LEGALIZADA
Las críticas cinematográficas han sido unánimes y demoledoras. The New York Times habla de un retrato “impersonal”. The Independent lo define como propaganda vacía. The Guardian lo compara con un tributo medieval al rey. Pero la mediocridad artística es irrelevante. La función real del filme es política y económica.
El contexto es decisivo. En diciembre de 2024, tras las elecciones, Donald Trump y Bezos cenaron en Mar-a-Lago. Poco después, Amazon cerró la financiación del documental. No fue un capricho cultural, fue una inversión estratégica. Bezos dirige empresas que dependen directamente del Gobierno federal. Amazon Web Services mantiene un contrato de 1.000 millones de dólares con la Administración. Blue Origin acumula 2.300 millones en contratos con la Fuerza Espacial estadounidense. Varias de sus líneas de negocio están expuestas a aranceles, regulación comercial y decisiones antimonopolio.
En 2023, la Federal Trade Commission presentó una demanda antitrust histórica contra Amazon. El juicio está previsto para 2027. La continuidad, la intensidad o la neutralización de esa causa dependen del clima político. Y el clima se compra. 75 millones de dólares no son una producción audiovisual, son un seguro político.
El retorno económico confirma la tesis. La taquilla del primer fin de semana fue de 7 millones de dólares. Incluso en el mejor escenario, Amazon recuperaría unos 14 millones, menos del 20 % de lo invertido. Nadie gasta 75 millones para perder dinero si no espera ganar poder.
EL CAPITAL CALLA, PAGA Y GOBIERNA
El escándalo no es solo Bezos. Es el patrón. El gran capital estadounidense ha aprendido a no confrontar, a pagar y a beneficiarse. Mientras tanto, los medios se autocensuran. Resulta difícil no observar que el diario propiedad de Bezos evitó una crítica frontal del filme. La periodista que lo reseñó se vio obligada a reconocer públicamente el conflicto de intereses. Ese reconocimiento ya es una derrota del periodismo.
El problema es estructural. La democracia liberal no sobrevive cuando las y los multimillonarios financian propaganda presidencial mientras despiden redacciones enteras para “ahorrar costes”. Bezos recorta plantilla en The Washington Post mientras derrocha 35 millones en marketing para glorificar a la esposa del presidente. No es austeridad, es obediencia.
La ley estadounidense es clara. El 18 U.S. Code § 201 tipifica como delito ofrecer algo de valor a una autoridad pública para influir en sus decisiones. La pena puede llegar a 15 años de prisión. La Constitución incluye el soborno como causa de impeachment. El problema no es la ausencia de normas, es la ausencia de voluntad para aplicarlas.
En este ecosistema, las y los grandes ejecutivos se reparten por círculos de impunidad. Quienes callan. Quienes pagan para que no les molesten. Y quienes van más allá y compran directamente el favor presidencial. Bezos pertenece a esta última categoría. Su operación supera incluso los precedentes recientes: 40 millones para producción cuando documentales de referencia como RBG costaron alrededor de 1 millón, y 35 millones en promoción cuando lo habitual ronda los 3 millones.
No es cine, es contabilidad del poder. No es cultura, es corrupción blanqueada por alfombra roja. Y mientras el capital escribe guiones y el Gobierno firma contratos, la democracia se convierte en figuración y el Estado en productora ejecutiva de los más ricos.
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