Padre, hermano, novio y 7.291 mayores muertos en residencias. ¿Romperá Torrejón el blindaje de Ayuso? 

Cuando hasta Feijóo pide “rigor absoluto”, algo huele a modelo podrido.

Padre, hermano, 7.291 muertos en residencias y un novio con contratos investigados. Ese es el equipaje político que acompaña a Isabel Díaz Ayuso desde hace años. Una mochila que pesa, aunque a la presidenta madrileña jamás parezca dolerle la espalda. A esa colección de sombras se suma ahora el caso del Hospital de Torrejón, gestionado por Ribera Salud, y la pregunta vuelve a resonar en los pasillos del poder: ¿será aquí donde empiece el derrumbe del mito, la grieta que ni su maquinaria mediática consiga tapar?

El escándalo no es menor. No lo es porque, según los audios revelados, un CEO instruye a su equipo para inflar listas de espera, retrasar tratamientos y descartar procesos no rentables, como si la salud pública fuese una cadena de montaje privada y no un servicio destinado a proteger a las familias. No lo es porque cuatro directivos que denunciaron estas prácticas fueron despedidos, dejando claro que el problema no es un error puntual sino la arquitectura de un modelo concebido para parasitar lo público.

Que ahora Alberto Núñez Feijóo exija al Gobierno de Ayuso “una auditoría con absoluto rigor” no habla de un repentino ataque de ética en el PP, sino del tamaño del incendio. Cuando el presidente del partido tiene que marcar distancia con su principal activo mediático, la alarma es evidente. La derecha solo investiga a la derecha cuando teme que el daño sea irreversible.

EL MODELO DE AYUSO NO SE ROMPE EN TORREJÓN, SE REVELA

Lo que ocurre en Torrejón no es una anomalía. Es el modelo. Ese que Ayuso ha defendido en cada micrófono, cada plató y cada mitin: la lógica empresarial infiltrándose en el sistema sanitario, la salud como producto, el paciente como cliente, el beneficio como brújula. Javier Aroca lo resumía con crudeza en la SER: “Lo del hospital de Torrejón no es un desliz, es el modelo que defiende Ayuso”. Y el modelo, al fin, enseña los dientes.

Desde 2020, cuando 7.291 personas mayores murieron en residencias madrileñas sin ser derivadas a hospitales, la presidenta ha intentado reescribir su propia memoria política. Ha dicho que los protocolos no existieron, ha hablado de conspiraciones, ha insinuado operaciones de Estado. Ha culpado a familiares, a sanitarias y sanitarios, a quien pasara por allí. Nunca al sistema que ella misma reforzó. Un sistema que separa vidas útiles y no útiles según su rentabilidad.

Por eso el caso de Torrejón resuena con tanta fuerza. Porque conecta con ese origen. Porque revela que lo sucedido en pandemia no fue una excepción sino una aplicación extrema de un modelo privatizador que Ayuso considera ejemplar. El negocio de la salud como proyecto ideológico.

No se trata solo de listas de espera. Se trata de una política sanitaria construida sobre incentivos perversos, donde las empresas ganan más cuanto peor funciona lo público y cuanto más desesperación acumula la ciudadanía. Donde una compañía puede despedir a profesionales que alertan de prácticas contrarias a los derechos de pacientes y aun así mantener su contrato con la Comunidad. Donde los intereses privados se presentan como inevitables mientras las y los profesionales se agotan en un sistema que les exprime en nombre de la eficiencia.

FEIJÓO, EL RIGOR SELECTIVO Y EL MIEDO AL EFECTO CONTAGIO

Llama la atención que Feijóo descubra ahora la necesidad de auditorías rigurosas. Ni una palabra similar cuando Ayuso negaba los protocolos de exclusión hospitalaria. Ni una sombra de crítica cuando su Ejecutivo aprobaba contratos vinculados a su entorno. Ni una petición de transparencia cuando el novio de la presidenta aparecía en investigaciones mediáticas y judiciales.

Pero Torrejón es distinto. Torrejón compromete el relato central del PP: la privatización como solución a todos los males. Si la gestión privada revela que maximiza beneficios a costa de aumentar listas de espera, la retórica se derrumba. Y con ella, la promesa de que la empresa siempre gestiona mejor que lo público. Feijóo no reacciona por ética. Reacciona por miedo.

Porque Ayuso representa un modelo que el PP ha copiado en autonomías enteras. Si se demuestra que ese sistema premia la precarización y castiga la salud pública, el daño se expandirá como una mancha de aceite. Y Feijóo, siempre pendiente de su equilibrio interno, prefiere amagar con una auditoría antes que asumir otra crisis estructural en un partido ya erosionado.

RIBERA SALUD, EL LABORATORIO DEL NEOLIBERALISMO SANITARIO

Los audios de Ribera Salud han destapado lo que muchas y muchos profesionales venían denunciando desde hace años: los hospitales privatizados como máquinas de extracción de rentas públicas. No es una teoría conspirativa. Es un modelo documentado y estudiado. El informe del Institute of Public Policy Research ya advertía en 2021 que la privatización sanitaria aumenta el gasto, reduce la calidad e incentiva prácticas de selección de pacientes.

Las indicaciones del CEO de Ribera Salud encajan con ese patrón. Optimizar beneficios significa seleccionar quién merece ser tratado y quién no. Significa convertir el derecho a la salud en una hoja de cálculo.

¿Y qué queda del servicio público cuando una empresa puede decidir retrasar pruebas, cancelar procedimientos y alterar prioridades para mejorar sus márgenes? Queda lo que vemos: familias atrapadas en listas de espera interminables, profesionales agobiados por la falta de recursos y una ciudadanía que paga impuestos para financiar beneficios privados.

Ayuso insiste en que su modelo funciona. Los audios muestran que funciona para quien factura, no para quien enferma.

Por eso la duda vuelve a rodar, aunque el PP pretenda contenerla: ¿será el Hospital de Torrejón lo que acabe con el blindaje político de Ayuso? Quizá no. Quizá aún no. Pero cada escándalo abre una vía de agua en un barco construido sobre propaganda.

Y todas las vías de agua empiezan igual: con una frase que nadie quiere oír.

La salud no es un negocio. El negocio es la enfermedad.