Virginia Maestro explica cómo se sintió con Pablo Motos cuando este dijo que no podía mirarle a los ojos por llevar escote 

Alemania acaba de poner negro sobre blanco una idea que lleva años rondando los despachos donde nunca se ficha a las seis de la mañana: si la gente vive más, que trabaje más. Así de simple. Así de brutal. El nuevo diseño de las pensiones que prepara el Gobierno de Friedrich Merz plantea ligar la edad de jubilación a la esperanza de vida, llevarla a los 67 años en 2030, situarla en torno a los 67,5 años a comienzos de la década de 2040 y empujarla hasta los 70 años en 2090.

No es una reforma técnica. Es una declaración ideológica. La vida se alarga, dicen. Pero no preguntan cómo se vive. No preguntan quién llega con la espalda destrozada, con ansiedad, con turnos partidos, con contratos precarios, con décadas levantando peso, limpiando habitaciones, conduciendo, cuidando, soldando, programando bajo presión o sosteniendo servicios públicos que otros recortan desde un despacho.

El problema nunca es que falte dinero. El problema es a quién se le exige siempre pagar la factura.

La ultraderecha europea tiene un problema muy serio con el dinero público. Lo odia en los discursos, lo demoniza en campaña, lo llama despilfarro cuando sostiene derechos sociales, lo convierte en “chiringuito” cuando financia políticas feministas, climáticas o de memoria democrática. Pero luego llega Bruselas, aparecen las auditorías, se levantan las alfombras y la patria empieza a tener forma de factura, contrato opaco y subvención irregular.

El grupo Patriots for Europe, donde está inscrito Vox, tendrá que devolver 276.967 euros de fondos de la Unión Europea utilizados de forma indebida en 2024, según una auditoría del departamento financiero del Parlamento Europeo difundida por Politico y recogida por elDiario.es. No hablamos de un matiz administrativo perdido en la letra pequeña. Hablamos de donaciones impropias, incumplimientos de contratación pública y contratos concedidos mediante procedimientos irregulares.

La sentencia del Supremo sobre el caso Ábalos tiene una escena difícil de digerir. José Luis Ábalos recibe una condena de 24 años y 3 meses de cárcel. Koldo García, su antiguo asesor, 19 años y 8 meses. Víctor de Aldama, empresario corrupto, conseguidor de la trama y condenado a 4 años y medio, no entrará en prisión. La explicación oficial cabe en una palabra que suena limpia, casi noble: colaboración.

Pero hay palabras que, cuando se colocan al lado de determinados hechos, empiezan a oler mal.

Aldama no aparece aquí como un vecino arrepentido que decidió tirar de la manta por conciencia democrática. No. Aldama confesó en noviembre de 2024, 9 meses después de ser detenido por el caso Mascarillas y un mes después de entrar en prisión por otra causa penal vinculada a un fraude fiscal multimillonario en el negocio de los hidrocarburos. Es decir, colaboró cuando la cárcel ya no era una hipótesis, sino una realidad. Colaboró cuando colaborar podía servirle para salir. Colaboró cuando su verdad tenía precio procesal.

Y el precio ha sido formidable.

Dicen que una bandera arcoíris “adoctrina” a la infancia. Pero meter a menores bajo una carpa para que lloren, griten, se arrodillen y aprendan obediencia lo llaman “avivamiento”.

La historia de Palestina no empezó el 7 de octubre de 2023. Y tampoco terminó en 1948 con la Nakba. Después vino 1967, la ocupación de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, los checkpoints, los asentamientos, el muro, el bloqueo y una maquinaria de control que…