El rechazo del sistema judicial a la querella sin sentido contra Zapatero 

Un intento explícito de politizar la justicia caído por falta de pruebas ni indicios.

La Audiencia Nacional ha rechazado este 2 de febrero la querella presentada por la asociación Hazte Oír contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que pretendía investigarlo por presuntos delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal a través de sus supuestos vínculos con el expresidente venezolano Nicolás Maduro. El magistrado Antonio Piña determinó que no existen indicios racionales de criminalidad suficientes para abrir un procedimiento penal, y que los hechos que se alegan provienen únicamente de fuentes abiertas, principalmente informaciones periodísticas, sin base fáctica que justifique un proceso jurídico.

UN ASALTO A LA JUSTICIA BASADO EN RUMORES

Lo que en otras circunstancias sería una noticia judicial menor, se ha convertido en un episodio que disecciona la perversión del sistema penal para fines políticos. La organización Hazte Oír, conocida por su activismo ultraconservador y su ofensiva judicial contra figuras políticas contrarias a su agenda, intentó montar un relato criminal contra Zapatero fundado en conjeturas y suposiciones. La querella se apoyaba en el hecho de que Nicolás Maduro está acusado de narcotráfico en Estados Unidos —una información de contexto internacional— y pretendía estirar esa acusación hasta convertirla en un delito imputable a Zapatero por haber mantenido relaciones diplomáticas o políticas con el régimen venezolano. Esa extrapolación no solo es injustificada, sino jurídicamente insostenible.

El fiscal especializado en delitos antidroga fue contundente al calificar la querella como “carente del más mínimo sentido descriptivo ni apoyo fáctico alguno”, y recomendó su inadmisión por no describir hechos con apariencia delictiva. Señaló también que el mero hecho de que exista una acusación formal contra Maduro en Estados Unidos “no permite deducir en modo alguno la implicación de Zapatero en esas actividades” y que no se podía iniciar un procedimiento penal sobre bases mediáticas y rumores amplificados.

El auto judicial insiste en un principio elemental del derecho: no se puede confundir una creencia personal o popular con hechos jurídicamente relevantes. El juez Piña afirmó que Hazte Oír “no ha aportado hecho alguno que pueda relacionar al querellado con el delito de tráfico de sustancias estupefacientes, o pertenencia a organización criminal” y que las imputaciones de blanqueo carecían igualmente de fundamento probatorio.

CUANDO LA POLÍTICA SE DISFRAZA DE CRIMEN

Lo que se ha producido con esta querella no es un ejercicio legítimo del derecho de acceso a la justicia, sino un intento de usar los tribunales como herramienta de presión política. En un contexto en el que la ultraderecha mediática y jurídica —representada por colectivos como Hazte Oír— busca desacreditar a figuras del pasado, se ha intentado construir una narrativa de criminalidad en torno a las relaciones diplomáticas de un expresidente democrático, sin una sola prueba objetiva que la respalde.

Además, la organización llegó incluso a ampliar su querella con acusaciones adicionales que incluían supuestos delitos de lesa humanidad, cohecho y torturas en Venezuela, con testimonios y documentos de dudosa fiabilidad, buscando reforzar un relato propagandístico más que jurídico.

Ante esta cascada de afirmaciones escasamente fundamentadas, el sistema judicial ha respondido como debía: con un rechazo firme a admitir a trámite una querella sin base probatoria. Que la Audiencia Nacional no haya dado cabida a una pieza tan claramente especulativa es una señal de que, al menos en este caso, el Estado de Derecho ha actuado para contener la instrumentalización del aparato judicial en clave política.

Sin embargo, este episodio plantea una pregunta inquietante sobre el uso y abuso de los tribunales en batallas políticas: ¿cuántas veces se repiten ya estrategias similares disfrazadas de demandas judiciales sin que la sociedad examine su impacto político y mediático?

Las acusaciones sin fundamento pueden socavar la confianza en las instituciones, pero también servir de combustible propagandístico para aquellos que se sienten perjudicados por el orden constitucional; el desafío no es solo rechazar querellas infundadas, sino fortalecer la ética judicial para que no se convierta en instrumento de cacerías ideológicas.