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El pacto con Desokupa ha sido la gota que ha colmado el vaso en un sindicato que ya venía arrastrando problemas de representatividad y desconexión con su base.
La firma del acuerdo entre el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la organización ultraderechista Desokupa ha hecho estallar una bomba en el seno de la Policía Nacional. Y no es para menos. ¿Cómo puede un sindicato que, en teoría, defiende los intereses de las y los agentes de policía, unirse a una empresa que representa lo peor del capitalismo salvaje? Este pacto no solo es una traición a la clase trabajadora, sino una señal de cómo los intereses privados están invadiendo el espacio público, degradando instituciones que deberían proteger a la ciudadanía, no colaborar en su represión.
Desokupa, una organización privada famosa por sus métodos cuestionables de desalojo, ha logrado venderse como una especie de «defensora de la ley», pero la realidad es muy diferente. Es el brazo armado del capitalismo, encargado de expulsar a las y los más vulnerables de sus hogares para servir a los intereses de quienes más tienen. Que el SUP, un sindicato policial, se haya unido a esta empresa es un insulto a todas las personas que creen en una policía al servicio del pueblo y no de las élites económicas.
La policía, como cualquier otra institución pública, debería tener como objetivo principal garantizar los derechos fundamentales de todas y todos, no ser utilizada como herramienta de represión. Sin embargo, con este acuerdo, el SUP ha dejado claro a qué intereses responde. Y esos intereses no son los de la clase trabajadora ni de los sectores más desfavorecidos.
LA FRAGMENTACIÓN SINDICAL: UNA OPORTUNIDAD PARA EL CAMBIO
Este acuerdo ha generado una profunda crisis dentro del SUP, que ha visto cómo decenas de afiliadas y afiliados, incluidas figuras históricas como Mariló Valencia, han abandonado el sindicato en señal de protesta. El pacto con Desokupa ha sido la gota que ha colmado el vaso en un sindicato que ya venía arrastrando problemas de representatividad y desconexión con su base.
Este éxodo masivo de miembros hacia la Agrupación Reformista de Policías (ARP), una organización crítica con el acuerdo, es un reflejo de la profunda insatisfacción que muchos agentes sienten respecto a la dirección que está tomando el SUP. Las y los policías, como cualquier otro grupo de trabajadores y trabajadoras, tienen derecho a sindicatos que realmente defiendan sus intereses, no los de empresas privadas con agendas propias.
La fragmentación sindical que está ocurriendo en la Policía Nacional puede parecer, a simple vista, una mala noticia, pero en realidad puede ser una oportunidad para regenerar el sistema sindical en este cuerpo. El hecho de que agentes se estén organizando en torno a alternativas más democráticas y menos influenciadas por el poder económico podría ser el primer paso hacia una verdadera transformación de las instituciones policiales.
El ARP, por ejemplo, ha propuesto cambiar el sistema sindical de la Policía Nacional, acercándolo a modelos más transparentes y participativos, como los que ya existen en la Policía Local o en los cuerpos autonómicos. Esta es una propuesta valiente y necesaria en un momento en el que los sindicatos tradicionales están más preocupados por sus relaciones con el poder que por defender los derechos de sus afiliadas y afiliados.
UNA POLICÍA AL SERVICIO DEL CAPITAL NO ES UNA POLICÍA AL SERVICIO DEL PUEBLO
Lo que está ocurriendo con el SUP y Desokupa es solo un reflejo más de un problema mucho más profundo: la progresiva privatización y mercantilización de las instituciones públicas. Las y los agentes de policía no son mercenarios a sueldo de empresas privadas, son trabajadores y trabajadoras del Estado, con la responsabilidad de garantizar la seguridad y los derechos de toda la ciudadanía. Sin embargo, cuando sindicatos como el SUP firman acuerdos con organizaciones privadas, están enviando un mensaje claro: la policía está al servicio del capital, no del pueblo.
Esta situación es solo un ejemplo más de cómo el neoliberalismo ha ido infiltrándose en todos los rincones de nuestras instituciones, pervirtiendo su función original. La policía, al igual que la sanidad o la educación, es un servicio público que debe estar libre de las influencias del mercado. Cuando permitimos que el capital dicte las políticas públicas, lo que obtenemos es una sociedad cada vez más desigual, en la que quienes más tienen pueden utilizar a las instituciones a su favor, mientras las y los demás quedan desprotegidos.
No podemos permitir que esto continúe. El acuerdo entre el SUP y Desokupa es un síntoma de un mal mucho mayor, pero también es una oportunidad para movilizarse y exigir un cambio real. Si queremos una policía que esté verdaderamente al servicio del pueblo, necesitamos sindicatos que defiendan a las y los trabajadores, no a las empresas privadas.
Las y los policías, como cualquier otro colectivo de trabajadoras y trabajadores, merecen sindicatos que defiendan sus intereses y no los de quienes les ven como herramientas para sus propios fines. Es hora de decir basta. Es hora de recuperar nuestras instituciones y devolverlas a quienes realmente importan: las y los ciudadanos.
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