El personal sanitario de Cruces se rebela contra la complicidad farmacéutica con el genocidio en Gaza 

200 trabajadoras y trabajadores del hospital exigen a Osakidetza romper con Teva, la mayor farmacéutica de Israel, y cesar su uso por razones éticas y de Derechos Humanos

NO ES SALUD SI FINANCIA LA MASACRE

Doscientas personas del servicio de Urgencias Generales del Hospital Universitario de Cruces han alzado la voz contra una contradicción brutal: curar vidas con medicamentos financiados por una empresa que sostiene a un ejército que las extermina. Teva Pharmaceuticals, multinacional israelí líder en genéricos, es uno de los pilares económicos del aparato militar israelí. Solo en 2023, pagó más de 565 millones de dólares en impuestos que alimentan su sistema bélico y de ocupación.

Osakidetza, el Servicio Vasco de Salud, mantiene decenas de productos de Teva en su red hospitalaria. Solo en Cruces hay actualmente 35 medicamentos y productos sanitarios activos de esta farmacéutica, entre ellos el omnipresente Omeprazol o inhaladores de uso habitual. Las trabajadoras y trabajadores denuncian que hay alternativas viables en el mercado y exigen que se actúe ya, sin más excusas.

Lo que reclaman no es un gesto simbólico ni una pose moral: es coherencia. Si desde la sanidad pública se defiende la vida, no se puede alimentar una industria que se beneficia de la muerte. El principio de no maleficencia —primun non nocere— exige romper con toda complicidad, directa o indirecta, con crímenes de guerra.

LA FARMACÉUTICA DEL APARTHEID

Teva no es una empresa más. Es la corporación israelí más poderosa por volumen de mercado y beneficio neto. Opera desde territorio israelí ocupado, se beneficia de la ausencia de aduanas, exporta sin control hacia territorios palestinos y revende los medicamentos a precios abusivos, incluso a ONGs que intentan mitigar la catástrofe humanitaria. Lo ha documentado la plataforma Health Workers for Palestine Spain y lo denuncia el movimiento BDS.

Estamos hablando de una empresa que ayuda a asfixiar a la población palestina incluso en su derecho más elemental: el acceso a la salud. Mientras las bombas israelíes arrasan hospitales, matan a sanitarias y a pacientes, destruyen ambulancias y dejan sin electricidad a las incubadoras de bebés prematuros, Teva sigue haciendo caja.

No se trata solo de retirar unas cajas de medicamentos. Se trata de desobedecer una estructura de impunidad construida sobre cadáveres. Se trata de enviar un mensaje claro desde lo público: quien financie la barbarie, no tendrá contrato con nuestro sistema de salud.

Las y los trabajadores de Cruces no han hablado en nombre propio. Han hablado en nombre de los principios que sostienen la profesión sanitaria. No se puede proteger la vida con una mano y firmar contratos con quienes se lucran con la muerte con la otra.

El Estado español sigue siendo cómplice del genocidio con cada contrato, con cada euro público destinado a quienes sostienen al régimen israelí. Lo mismo ocurre con los acuerdos armamentísticos y con el silencio institucional ante las masacres en Gaza.

La petición del personal de Cruces no es un gesto aislado. Es parte de un clamor que crece dentro y fuera de los hospitales. Quien cura no puede ser indiferente. Quien salva vidas no puede callar. Quien trabaja por la salud no puede financiar el exterminio.

Retirar Teva no es un boicot. Es higiene ética.