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Mientras Utah multa con 500 dólares diarios las banderas no oficiales, su capital responde legalizando la diversidad.
Desde el 8 de mayo de 2025, el Estado de Utah penaliza a cualquier edificio público que ondee banderas “no oficiales”. Es la última maniobra de una derecha cada vez más histérica, obsesionada con borrar de los espacios públicos todo símbolo que no encaje en su estrecha visión del mundo. Pero la alcaldesa de Salt Lake City, Erin Mendenhall, ha decidido que no se juega con los derechos de su ciudadanía. Y ha actuado en consecuencia: ha hecho oficial la bandera del colectivo LGBTQIA, junto a otras banderas que representan a comunidades históricamente marginadas.
Con esta jugada política y legal, Salt Lake City esquiva la norma dictada por el Gobierno estatal, dominado por el Partido Republicano. Una ley que establece multas de 500 dólares al día para quienes se atrevan a mostrar símbolos de la diversidad en escuelas, hospitales o ayuntamientos. La respuesta del consistorio capitalino no ha sido el silencio ni la resignación. Ha sido una bofetada legal con la que revindicar, sin rodeos, que los derechos humanos no son optativos ni sujetos al calendario electoral.
“Estas banderas reflejan nuestra humanidad compartida”, ha declarado Chris Wharton, presidente del Concejo de la ciudad. Erin Mendenhall, por su parte, ha sido contundente: “Queremos que todo el mundo sepa que aquí valoramos la diversidad, la equidad y la inclusión”.
La maniobra, tan ingeniosa como combativa, convierte en acto institucional lo que los republicanos intentan convertir en delito: la defensa de la diferencia. Y lo hace sin salirse del marco legal. Porque la clave está en el detalle: si el problema es que las banderas no son oficiales, hagámoslas oficiales. Punto.
UNA REACCIÓN URGENTE CONTRA UNA OFENSIVA NACIONAL
La censura de banderas no es un episodio aislado en Utah. Forma parte de una campaña sistemática. Varios estados dominados por el Partido Republicano –entre ellos Idaho y Texas– han empezado a aprobar normas similares. La consigna es clara: ahogar simbólicamente cualquier presencia pública de personas LGTBI, racializadas o críticas con la hegemonía blanca y patriarcal. Primero vetan banderas. Luego vetan libros. Después, vetan personas.
No es casual que esta ofensiva coincida con otra decisión gravísima: el Tribunal Supremo de EE.UU., con mayoría ultraconservadora, ha avalado que el Gobierno de Donald Trump reimponga el veto a las personas trans en el Ejército. Una política que ya aplicó entre 2017 y 2021 y que ahora vuelve, blindada por el poder judicial. La maquinaria del retroceso se pone en marcha desde todos los frentes: legal, militar, educativo, simbólico.
Por eso, acciones como las de Salt Lake City no son solo una anécdota local. Son actos de resistencia. Son declaraciones institucionales de insumisión frente al autoritarismo revestido de legalidad. Y su impacto se multiplica. Ya hay otras alcaldías demócratas planteándose seguir el ejemplo de Mendenhall, oficializando banderas inclusivas como herramienta para blindar el espacio público frente al fundamentalismo reaccionario.
Erin Mendenhall no ha ondeado una bandera. Ha ondeado una estrategia.
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