Mur, el firmante del olvido: cuando la crueldad fue política oficial 

Por fin se sienta en el banquillo un alto cargo por la gestión que convirtió las residencias madrileñas en antesalas de la muerte

EL FUNCIONARIO QUE FIRMÓ LA EXCLUSIÓN

Carlos Mur no es un cabeza de turco. Es el autor material de los llamados “protocolos de la vergüenza”, esos documentos que durante la primera oleada del COVID-19 impidieron que miles de mayores dependientes de la Comunidad de Madrid fueran derivados a un hospital. No firmó por error. No fue un malentendido técnico. Fue una instrucción deliberada. Y por eso ha sido imputado por un juzgado de Madrid que investiga si se vulneró el derecho constitucional a una atención sanitaria igualitaria.

El 25 de mayo de 2025 es una fecha que las familias no olvidarán. Por primera vez un juzgado llama a declarar como investigado a un alto cargo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Y no a cualquiera: a quien estampó su firma al pie de las órdenes que decían que si tu madre tenía alzhéimer, no era candidata a ingresar en la UCI. Que si tu abuelo estaba encamado, lo dejaban morir donde estaba. Que si eras pobre y vivías en una residencia pública, tu vida valía menos que la de quien tenía un seguro privado o pagaba una plaza en casa.

Mur no actuó solo. Lo sustituyeron por otro médico —Francisco Javier Martínez Peromingo—, con vínculos directos con Quirón Salud, el gigante de la sanidad privatizada que sigue haciendo caja a costa del dolor. Y mientras Ayuso hablaba de “proteger a los mayores”, los protegían de los respiradores. Se les negó oxígeno. Se les negó asistencia hospitalaria. Se les negó humanidad.

Ahora, Mur declara ante el juez. Y las familias esperan que tire de la manta, porque su destitución fue tan fulminante como sospechosa. Porque habló cada día con sus superiores. Porque el consejero Enrique Ruiz Escudero —hoy senador del PP— sabía lo que estaba firmando su subordinado. Y porque el silencio institucional durante estos cinco años ha sido ensordecedor.

UNA TRAMA POLÍTICA Y SANITARIA PARA DEJAR MORIR

No se trata de errores cometidos en una situación de urgencia. La Comunidad de Madrid tuvo tiempo para rectificar. Lo que hizo fue blindarse. Reunir a los consejeros de Sanidad, de Justicia y al responsable legal de la Asamblea para “preparar la defensa jurídica”. No para salvar vidas, sino para salvar culos. Para convertir los pasillos de las residencias en pasillos de espera de la muerte. Para que el negocio sanitario siguiera su curso sin estorbos geriátricos.

La estrategia fue doble: culpar a los hospitales y culpar a las propias residencias. Deslizar que los protocolos eran meras recomendaciones. Disfrazarlos de guías clínicas. Llamarles “borradores”, como hizo Ayuso ante la Asamblea. Pero no eran borradores: eran sentencias de muerte para 7.291 personas.

En julio de 2023, Peromingo volvió al redil: jefe de Geriatría en la Fundación Jiménez Díaz, emblema de la sanidad concertada madrileña y una de las clínicas más rentables de Europa gracias al dinero público. Y así se completa el círculo: el mismo que ayudó a redactar los protocolos que negaron asistencia en plena pandemia, dirige ahora el trato geriátrico en uno de los hospitales privatizados que más facturan.

Las víctimas y sus familias —agrupadas en colectivos como Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia— llevan cinco años luchando contra la impunidad. Contra un aparato político y mediático que ha silenciado, minimizado, desviado y ridiculizado su dolor. Pero ahora hay un juez que ha considerado que existe indicio de delito: negar atención sanitaria por razones de discapacidad o dependencia es discriminatorio. Es delito. Y tiene responsables.

De los 92 procedimientos abiertos por este tipo de denuncias, esta es la primera vez que se imputa a alguien que estuvo en el corazón de la toma de decisiones. Ya no son solo médicos de enlace o direcciones de residencias. Es el primer eslabón real de la cadena de mando.

Si Mur habla, puede arrastrar a Escudero. Si Escudero cae, el siguiente paso es claro. Porque nadie con dos dedos de frente puede imaginar que se tomaron decisiones tan estructurales sin que lo supiera la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ni siquiera Ayuso es tan torpe. Esto no fue improvisación. Fue una doctrina. Una política de descarte en nombre de la eficiencia. Una necropolítica disfrazada de gestión de crisis.

Y si eso se confirma en sede judicial, lo siguiente no es un titular. Es un juicio por crímenes institucionales.

«Muchos mayores morían también en los hospitales», decía Ayuso. Pero no murieron por viejos. Murieron porque alguien decidió que no valía la pena intentar salvarlos.