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El reconocimiento de Palestina y el embargo simbólico no son más que gestos si no se acompañan de hechos. España aún financia a quien asesina.
ESPAÑA RECONOCE A PALESTINA MIENTRAS SIGUE FIRMANDO CONTRATOS CON SU VERDUGO
José Manuel Albares ha anunciado lo que parecía imposible hace un año: España quiere un embargo de armas a Israel y la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel, aprobado en 2000 y blindado bajo el pretexto del respeto a los derechos humanos. Lo dice en Madrid, rodeado de ministros europeos y árabes, mientras en Gaza las cifras de cadáveres superan los 50.000 y el suelo se ha convertido en una fosa de niños.
Pero basta mirar un registro público para comprobar la incoherencia. España sigue firmando contratos con empresas israelíes implicadas en la ocupación ilegal y el exterminio sistemático del pueblo palestino. Desde octubre de 2023 hasta mayo de 2025, el Estado español ha adjudicado más de 40 contratos a firmas armamentísticas israelíes, como Rafael Advanced Defense Systems o Elbit Systems. No hay que fiarse, basta buscar en la Plataforma de Contratación del Estado, introducir los nombres y ver cómo el genocidio tiene número de expediente y sello oficial.
Y no solo se compran armas: también se venden. Según datos oficiales de DataComex, España exportó material a Israel en enero y febrero de 2025. Mientras el Ejecutivo pronuncia discursos por la paz, las mercancías viajan por los mismos puertos que hace décadas enviaban bombas a dictaduras latinoamericanas. El doble rasero convertido en política exterior.
Reconocer a Palestina no impide seguir financiando su ocupación. Las palabras no detienen tanques ni apagan incendios provocados por misiles. España reconoció a Palestina en 2024. Pero en mayo de 2025, aún no ha revocado más que uno de los más de 40 contratos en vigor. Lo anunció con trompetas. El resto siguen vigentes, silenciosos, letales.
ESTO ES LO QUE EL GOBIERNO PUEDE HACER SI REALMENTE QUIERE PARAR EL GENOCIDIO
No hace falta esperar a Bruselas. España puede actuar ya. Hoy. Sin permiso. Y estas son las medidas concretas que no está tomando:
1. Suspender relaciones económicas con empresas e instituciones israelíes implicadas en la ocupación.
Lo exige el dictamen de la Corte Internacional de Justicia de enero de 2024. Lo refrenda la resolución de la Asamblea General de la ONU de septiembre de ese mismo año. Ambas piden que se corten los lazos económicos que sostienen la ocupación ilegal. España votó a favor, pero sigue comerciando con empresas como Israel Aerospace Industries o Elbit. No hay excusas.
2. Apoyar la demanda de Sudáfrica por genocidio ante la Corte Internacional.
España está personada como simple observadora. No apoya la demanda, como dejó claro el propio Albares en sede diplomática y como consta en los documentos disponibles en la web de la Corte. La posición española no es de defensa del derecho internacional: es de cálculo electoral y pusilanimidad.
3. Activar la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio.
Firmada y ratificada por España, obliga a los Estados a prevenir y sancionar, no solo a condenar. Eso incluye dejar de enviar ayuda técnica, cerrar rutas de tránsito, impedir exportaciones y paralizar compras. España no está cumpliendo.
4. Invocar la Resolución 377 de la Asamblea General de la ONU, conocida como «Unión pro Paz».
Adoptada en 1950, permite a la Asamblea actuar cuando el Consejo de Seguridad está bloqueado —como ahora, por el veto de Estados Unidos—. España debería liderar esta vía junto a otros Estados receptivos, pero ni lo propone ni lo plantea.
5. No enviar ayuda gratuita a Israel sin condiciones.
Hace dos semanas, España envió dos aviones a Israel para ayudar en la extinción de incendios, sin ninguna contraprestación. Mientras Gaza se quema por los bombardeos, España apaga los fuegos del agresor. Ni un litro de agua sin levantar el bloqueo.
6. Establecer un control real sobre los puertos españoles.
Los barcos que transportan armamento israelí siguen haciendo escala en Algeciras, Valencia o Barcelona. España debería aprobar en Consejo de Ministros un embargo integral con mecanismos de inspección, como hacen otros países con mercancías ilegales. No lo ha hecho.
7. Impulsar medidas efectivas dentro de la UE.
Albares ha pedido suspender el Acuerdo de Asociación. Pero España debe ir más allá y exigir sanciones, suspensiones de comercio, bloqueo de ayudas, congelación de activos y exclusión de Israel de todos los acuerdos preferenciales. No basta con “liderar el debate”, hay que confrontar.
8. Revocar todos los contratos armamentísticos firmados desde el 7 de octubre de 2023.
Solo uno ha sido revocado. El resto están en vigor. El genocidio no se paraliza con un PowerPoint diplomático, sino con decisiones firmes. Existen mecanismos jurídicos para hacerlo. Lo que falta es voluntad política.
El reconocimiento del Estado palestino es importante, pero llega acompañado de hipocresía si se sigue financiando a su opresor. No se trata solo de lo que haga el Gobierno, sino de lo que consienta la sociedad. No es una guerra. Es una masacre sostenida con nuestros impuestos y legitimada por nuestros silencios.
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