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El reconocimiento de Palestina y el embargo simbólico no son más que gestos si no se acompañan de hechos. España aún financia a quien asesina.
ESPAÑA RECONOCE A PALESTINA MIENTRAS SIGUE FIRMANDO CONTRATOS CON SU VERDUGO
José Manuel Albares ha anunciado lo que parecía imposible hace un año: España quiere un embargo de armas a Israel y la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel, aprobado en 2000 y blindado bajo el pretexto del respeto a los derechos humanos. Lo dice en Madrid, rodeado de ministros europeos y árabes, mientras en Gaza las cifras de cadáveres superan los 50.000 y el suelo se ha convertido en una fosa de niños.
Pero basta mirar un registro público para comprobar la incoherencia. España sigue firmando contratos con empresas israelíes implicadas en la ocupación ilegal y el exterminio sistemático del pueblo palestino. Desde octubre de 2023 hasta mayo de 2025, el Estado español ha adjudicado más de 40 contratos a firmas armamentísticas israelíes, como Rafael Advanced Defense Systems o Elbit Systems. No hay que fiarse, basta buscar en la Plataforma de Contratación del Estado, introducir los nombres y ver cómo el genocidio tiene número de expediente y sello oficial.
Y no solo se compran armas: también se venden. Según datos oficiales de DataComex, España exportó material a Israel en enero y febrero de 2025. Mientras el Ejecutivo pronuncia discursos por la paz, las mercancías viajan por los mismos puertos que hace décadas enviaban bombas a dictaduras latinoamericanas. El doble rasero convertido en política exterior.
Reconocer a Palestina no impide seguir financiando su ocupación. Las palabras no detienen tanques ni apagan incendios provocados por misiles. España reconoció a Palestina en 2024. Pero en mayo de 2025, aún no ha revocado más que uno de los más de 40 contratos en vigor. Lo anunció con trompetas. El resto siguen vigentes, silenciosos, letales.
ESTO ES LO QUE EL GOBIERNO PUEDE HACER SI REALMENTE QUIERE PARAR EL GENOCIDIO
No hace falta esperar a Bruselas. España puede actuar ya. Hoy. Sin permiso. Y estas son las medidas concretas que no está tomando:
1. Suspender relaciones económicas con empresas e instituciones israelíes implicadas en la ocupación.
Lo exige el dictamen de la Corte Internacional de Justicia de enero de 2024. Lo refrenda la resolución de la Asamblea General de la ONU de septiembre de ese mismo año. Ambas piden que se corten los lazos económicos que sostienen la ocupación ilegal. España votó a favor, pero sigue comerciando con empresas como Israel Aerospace Industries o Elbit. No hay excusas.
2. Apoyar la demanda de Sudáfrica por genocidio ante la Corte Internacional.
España está personada como simple observadora. No apoya la demanda, como dejó claro el propio Albares en sede diplomática y como consta en los documentos disponibles en la web de la Corte. La posición española no es de defensa del derecho internacional: es de cálculo electoral y pusilanimidad.
3. Activar la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio.
Firmada y ratificada por España, obliga a los Estados a prevenir y sancionar, no solo a condenar. Eso incluye dejar de enviar ayuda técnica, cerrar rutas de tránsito, impedir exportaciones y paralizar compras. España no está cumpliendo.
4. Invocar la Resolución 377 de la Asamblea General de la ONU, conocida como «Unión pro Paz».
Adoptada en 1950, permite a la Asamblea actuar cuando el Consejo de Seguridad está bloqueado —como ahora, por el veto de Estados Unidos—. España debería liderar esta vía junto a otros Estados receptivos, pero ni lo propone ni lo plantea.
5. No enviar ayuda gratuita a Israel sin condiciones.
Hace dos semanas, España envió dos aviones a Israel para ayudar en la extinción de incendios, sin ninguna contraprestación. Mientras Gaza se quema por los bombardeos, España apaga los fuegos del agresor. Ni un litro de agua sin levantar el bloqueo.
6. Establecer un control real sobre los puertos españoles.
Los barcos que transportan armamento israelí siguen haciendo escala en Algeciras, Valencia o Barcelona. España debería aprobar en Consejo de Ministros un embargo integral con mecanismos de inspección, como hacen otros países con mercancías ilegales. No lo ha hecho.
7. Impulsar medidas efectivas dentro de la UE.
Albares ha pedido suspender el Acuerdo de Asociación. Pero España debe ir más allá y exigir sanciones, suspensiones de comercio, bloqueo de ayudas, congelación de activos y exclusión de Israel de todos los acuerdos preferenciales. No basta con “liderar el debate”, hay que confrontar.
8. Revocar todos los contratos armamentísticos firmados desde el 7 de octubre de 2023.
Solo uno ha sido revocado. El resto están en vigor. El genocidio no se paraliza con un PowerPoint diplomático, sino con decisiones firmes. Existen mecanismos jurídicos para hacerlo. Lo que falta es voluntad política.
El reconocimiento del Estado palestino es importante, pero llega acompañado de hipocresía si se sigue financiando a su opresor. No se trata solo de lo que haga el Gobierno, sino de lo que consienta la sociedad. No es una guerra. Es una masacre sostenida con nuestros impuestos y legitimada por nuestros silencios.
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González Amador y el negocio privado junto al poder público que Ayuso no podrá justificar jamás
Entre 2021 y 2023, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ganó una media de casi 1,5 millones de euros al año. No está mal para un “ciudadano cualquiera”. Tampoco está mal que esos fueran, precisamente, los primeros años de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casualidades. Siempre casualidades. En Madrid parece que la suerte empresarial cae del cielo, pero solo en ciertos áticos, ciertos despachos y ciertas sociedades con nombres pulidos.
González Amador había creado su consultora en 2016. Al año siguiente empezó a hacer auditorías para Quirónprevención. Entonces sus facturaciones estaban por debajo de los 400.000 euros. Después vino el salto. Y no un salto pequeño. Un salto de esos que en cualquier democracia mínimamente higiénica obligaría a abrir ventanas, expedientes y preguntas públicas. Porque Quirón recibe cada año alrededor de 1.000 millones de euros por su cooperación hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Ahí está la línea de puntos. No hace falta ser detective. Basta con no querer mirar hacia otro lado.
¿Ha cruzado Peinado la última línea?
El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer lo que mejor define esta instrucción: estirar el caso hasta convertirlo en un espectáculo político con toga. El 20 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el repertorio habitual de una causa que lleva demasiado tiempo oliendo más a obsesión que a justicia.
Pero esta vez Peinado fue más lejos. Mucho más lejos. En su auto llegó a sugerir que los agentes encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una hipotética fuga. Es decir, el juez no solo dibuja a la investigada como alguien que podría escapar. Dibuja también a policías nacionales como posibles cómplices. Sin una prueba concreta encima de la mesa. Sin individualizar conductas. Sin indicios determinados. Una sombra lanzada sobre servidores públicos porque sí. Porque encaja en el relato.
Israel mata al cámara Ahmed Wishah y vuelve a llamar “terrorista” al periodista muerto
El cámara de Al Jazeera Ahmed Wishah fue asesinado el 20 de junio en un ataque aéreo israelí contra una vivienda del campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza. No murió en una abstracción bélica. No cayó en “daños colaterales”. Fue alcanzado por un bombardeo en una casa de un campo de refugiados, uno de esos lugares donde la palabra refugio ya suena a burla cruel cuando la maquinaria militar israelí decide que no hay techo, calle, hospital, escuela, convoy, tienda de campaña ni cámara que merezca seguir en pie.
Según Al Jazeera, en el ataque murieron dos personas y al menos otra persona palestina resultó herida. La cadena fue directa: condenó el “asesinato deliberado” de Ahmed Wishah, trabajador de Al Jazeera Mubasher, y recordó que es el 12º trabajador de la red asesinado en Gaza desde que comenzó la guerra genocida de Israel en octubre de 2023. Doce trabajadores de un mismo medio muertos. Doce. Luego vendrán los portavoces con su jerga de expediente, sus frases prefabricadas y sus acusaciones sin pruebas. Pero el dato queda ahí, como una losa sobre la conciencia de un mundo que mira demasiado y actúa demasiado poco.
Vídeo | Estrenamos este domingo la segunda parte del reportaje “Palestina y la historia que quieren borrar”
Spanish Revolution estrena este domingo a las 15:00 la segunda parte de “Palestina y la historia que quieren borrar”, el reportaje dirigido y presentado por Patricia Salvador dentro de #ReportajesSR, el proyecto audiovisual dirigido por Patricia Salvador y Lea Guggelman.
Bajo el título “La Nakba eterna”, esta nueva entrega continúa el recorrido iniciado en el primer capítulo, donde se abordaba la Nakba para desmontar la mentira de que la historia de Palestina comienza el 7 de octubre.
Vídeo | El turismo que saquea las ciudades mientras sonríe para la foto
El turismo urbano ya no puede seguir vendiéndose como una postal amable, una maleta con ruedas y una pareja haciéndose fotos frente a una fachada histórica. En demasiadas ciudades se ha convertido en otra cosa. En una forma educada de saqueo. Entra sonriendo, paga tres noches, deja propina si toca, sube una historia a Instagram y se marcha. Lo que queda detrás no sale en la foto: alquileres imposibles, vecinas expulsadas, comercios de barrio sustituidos por locales sin alma y calles que ya no pertenecen a quienes las habitan.
No es turismo. Es extracción.