Unos 30.000 manifestantes se han reunido en la Marea Blanca para exigir la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Con lemas como “Si no hay solución, Ayuso dimisión” y “Sanidad pública”, los manifestantes han recorrido este domingo desde las 12 horas el Paseo del Prado desde el Ministerio de Sanidad hasta la plaza del Museo Reina Sofía.
Los manifestantes, vestidos con batas blancas, silbatos e incluso batukada, han criticado no solo a Ayuso, sino también a los consejeros de Sanidad y Hacienda, Enrique Ruiz Escudero y Javier Fernández-Lasquetty, respectivamente.



Esther Barra, médico de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, ha señalado para el Huffington Post que la principal reivindicación es que se ofrezca una atención médica de calidad, “al menos diez minutos por paciente” y se aumente el presupuesto para contratar más profesionales.
Consuelo Escudero, del grupo de salud de Chamberí, ha apostillado para el mismo digital, que se necesitan no solo médicos y pediatras, sino también fisioterapeutas, personal de enfermería, administrativos y psicólogos.
Un miembro del grupo coordinador de la Plataforma de Centros de Salud de Madrid ha afirmado a Europa Press que el Gobierno regional “no deja otra alternativa que protestar” y que, por tanto, “no queda más remedio que hacer huelgas”, acusando al Gobierno de buscar solo el beneficio de las aseguradoras privadas.
Los manifestantes han pedido una sanidad pública universal que garantice el acceso sanitario a todas las personas, independientemente de su origen y nivel económico. Han coreado consignas como “Nada, nada, nada para la privada” y “La pública para delante y la privada para atrás”.
De este modo, la tregua entre la Consejería de Sanidad de Madrid y el sindicato médico Amyts ha llegado a su fin, después de que el último Comité de huelga fracasara. Los médicos han retomado su huelga y las negociaciones se encuentran en un punto muerto. El sindicato presentó una propuesta para incluir a mediadores en el comité, pero la Consejería ha rechazado esta idea.
Según fuentes de la Consejería, que continúa enrocada en su posición, “su único objetivo es alargar el conflicto todo lo posible. Pueden meter a quien quieran en el Comité de huelga, pero no en calidad de mediadores.”
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