Vecinos y vecinas contra gigantes 

La ciudadanía frena a las grandes tecnológicas y convierte 27.000 pies cuadrados en espacio común

El 19 de febrero, el Ayuntamiento de New Brunswick, en el estado de New Jersey, votó cancelar la construcción de un centro de datos de inteligencia artificial proyectado en el número 100 de Jersey Avenue. En su lugar, se levantará un parque público. No es un gesto simbólico. Es una decisión política que interpela al modelo económico que pretende convertir cada metro cuadrado urbano en una extensión de los servidores de las grandes tecnológicas.

El proyecto contemplaba una instalación de 27.000 pies cuadrados destinada a alojar servidores para entrenar y alimentar sistemas de inteligencia artificial. Infraestructura opaca, intensiva en energía y agua, dependiente de minerales estratégicos y sostenida por fondos de inversión que no viven en los barrios que transforman. La votación se produjo tras una sesión municipal abarrotada. Cientos de vecinas y vecinos llenaron el salón de plenos para denunciar el impacto del centro en sus facturas eléctricas y en el suministro de agua.

Bruce Morgan, presidente local de la NAACP, fue claro ante concejalas y concejales: “No queremos centros que drenen recursos de la comunidad”. No es retórica. Los centros de datos consumen cantidades masivas de electricidad y agua para refrigerar equipos que operan las 24 horas del día. Diversos estudios académicos han advertido que el crecimiento exponencial de la IA puede tensionar redes eléctricas locales y elevar costes para hogares vulnerables. Un informe de la Universidad de California en Riverside publicado en 2023 estimó que entrenar un gran modelo lingüístico puede requerir millones de litros de agua para refrigeración indirecta.

COMUNIDAD FRENTE A INFRAESTRUCTURA EXTRACTIVA

La parcela afectada ya estaba destinada a un desarrollo urbano que incluye 600 nuevas viviendas, de las cuales solo el 10% serían asequibles. Anne Norris, residente de la ciudad, recordó que muchas familias del distrito viven bajo el umbral de pobreza y cuestionó que ese porcentaje sea suficiente. “Con la situación económica de quienes viven aquí, el 10% no basta”, afirmó.

El debate, por tanto, no era únicamente tecnológico. Era social. ¿Para quién se construye la ciudad? ¿Para fondos de capital privado o para quienes dependen de servicios públicos tensionados? El eslogan coreado tras la votación resume el clima: “El pueblo unido jamás será vencido”. Y otro, más explícito, dirigido a las grandes tecnológicas y al capital financiero.

La industria presenta estos centros como motores de innovación y empleo. Sin embargo, la evidencia muestra que, una vez construidos, generan relativamente pocos puestos de trabajo permanentes en comparación con el volumen de recursos que consumen. Además, consolidan un modelo energético intensivo en un contexto de emergencia climática. Según la Agencia Internacional de la Energía, los centros de datos ya representan en torno al 1% al 1,5% del consumo eléctrico mundial, con previsiones al alza por el auge de la IA generativa.

Lo ocurrido en New Brunswick no es un caso aislado. En distintos puntos de Estados Unidos y Europa crece la resistencia vecinal ante proyectos similares. En comunidades rurales, la preocupación gira en torno al agua. En barrios urbanos, al aumento de costes y a la falta de retorno social. La llamada transición digital está replicando lógicas extractivas propias del modelo fósil: apropiación de recursos comunes para sostener rentabilidades privadas.

La decisión del 19 de febrero de 2026 reorienta 27.000 pies cuadrados hacia un parque. Puede parecer un detalle frente al poder de las multinacionales tecnológicas. No lo es. Supone afirmar que el suelo urbano no es una mercancía neutral. Que la planificación no debe subordinarse a la promesa abstracta de innovación mientras se desatienden carencias estructurales como vivienda asequible y espacios verdes.

Las y los concejales que votaron en contra del centro de datos lo hicieron bajo presión ciudadana. No fue una concesión espontánea. Fue el resultado de organización comunitaria, de intervención en el pleno y de una narrativa que confronta el mito del progreso automático asociado a cualquier proyecto etiquetado como inteligencia artificial.

Frente a la concentración de poder digital, una asamblea municipal recordó que la democracia local aún puede imponer límites. Frente al discurso de inevitabilidad tecnológica, una comunidad dijo que no todo crecimiento es deseable. Frente al capital privado, vecinas y vecinos defendieron agua, electricidad y suelo como bienes comunes.

Mientras la carrera global por la IA acelera y los gobiernos compiten por atraer infraestructuras con incentivos fiscales, New Brunswick envía un mensaje incómodo: no se trata solo de quién desarrolla la tecnología, sino de quién paga sus costes y quién asume sus impactos. Y en esa pregunta se juega algo más que un parque.