Opinión | La calumnia como estrategia 

Cuando acusar sin pruebas deja de ser delito y se convierte en espectáculo político

La degradación del debate público en España no empezó ayer, pero en 2026 ha alcanzado una cota inquietante: acusar sin pruebas ya no es una anomalía, es una rutina. Lo que debería ser excepcional y jurídicamente perseguible se ha normalizado hasta convertirse en herramienta de oposición y en combustible mediático.

El Código Penal es claro: imputar falsamente un delito puede constituir denuncia falsa o calumnia. Pero existe una grieta. Cuando la acusación se lanza desde la tribuna del Congreso, la inmunidad parlamentaria actúa como escudo. La jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional ha consolidado además la idea de que quienes se dedican a la política tienen un umbral de protección del honor más bajo. Traducido al castellano cotidiano: en sede parlamentaria casi todo vale.

Esta semana le tocó a Fernando Grande-Marlaska. Alguien que tiene muchas razones para dimitir, pero no esta. El Partido Popular lo acusó, dentro y fuera del Parlamento, de haber encubierto una presunta agresión sexual atribuida al entonces Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional. Sin pruebas acreditadas. Sin resolución judicial. Sin más sustento que declaraciones televisivas del abogado de la denunciante.

El propio ministro, según los hechos conocidos, dio un plazo de una hora para que el alto cargo dimitiera tras conocer la denuncia y, de no hacerlo, procedería a su destitución. Pero ese matiz no importó. El relato ya estaba en marcha.

El 19 de febrero, Alberto Núñez Feijóo escribió en redes sociales que si el Gobierno había mantenido “a un presunto violador” al frente de la Policía “como mínimo, desde hace un mes”, solo cabía una conclusión: que lo sabían y lo taparon. Después, otros dirigentes fueron más lejos. Miguel Tellado acusó directamente al ministro desde la tribuna, con expresiones que rozan lo tabernario, de estar “tapando una violación”.

Lo obsceno no es dónde se siente un ministro en el banco azul, sino convertir el Congreso en una barra de bar con micrófonos oficiales.

La acusación se lanzó sin esperar a que los tribunales hablasen. Y cuando el propio Feijóo matizó posteriormente que quizá el ministro no conocía los hechos con anterioridad, el daño ya estaba hecho. Porque en política actual no importa tanto la rectificación como el impacto inicial. El titular es el arma. El matiz, una nota a pie de página.

LA INDUSTRIA DE LA SOSPECHA COMO MÉTODO DE GOBIERNO EN LA SOMBRA

Lo preocupante no es solo el exabrupto. Es la arquitectura que lo sostiene. Una red de altavoces mediáticos replica la acusación sin filtro, la amplifica y la convierte en verdad emocional. Primero se lanza la sospecha. Luego se exige que el acusado demuestre su inocencia. La inversión de la carga de la prueba ya no indigna. Se aplaude.

Esta dinámica no es nueva. Antes fueron Félix Bolaños, José Luis Rodríguez Zapatero o María Jesús Montero. Se insinúa delito, se habla de corrupción estructural, se dibuja un país en descomposición permanente. Siempre sin sentencia. Siempre sin pruebas concluyentes.

El ministro de Justicia anunció una querella contra Víctor de Aldama tras ser acusado públicamente de ofrecer dinero a cambio de silencio. El empresario, con antecedentes judiciales, se pasea por platós con regularidad semanal. La televisión convierte la imputación en espectáculo. La sospecha cotiza al alza.

Grande-Marlaska llegó a retar a los dirigentes populares a repetir sus acusaciones fuera del Parlamento, donde no opera la inmunidad. El desafío no fue aceptado en esos términos. La inmunidad es útil mientras se acusa; incómoda cuando se trata de sostener la acusación ante un juez.

El “todo vale” se ha convertido en método. No para ganar un debate, sino para erosionar la legitimidad del adversario hasta convertirlo en delincuente simbólico. Es una estrategia conocida: sembrar desconfianza en las instituciones para presentar el sistema como podrido. Si todo está corrupto, cualquier alternativa parece higiénica.

El problema no es solo político. Es cultural y mediático. Sin un periodismo que contraste, contextualice y exija pruebas, la ciudadanía queda a merced de la narrativa más ruidosa. Y sin ciudadanía informada, la democracia pierde uno de sus pilares básicos junto a la separación de poderes y el Estado de derecho.

Resulta llamativo que quienes más vociferan sobre decadencia institucional hayan guardado silencio ante escándalos que afectan a sus propias filas, como el del alcalde popular de Móstoles acusado de abusos sexuales a una exconcejala, donde la recomendación interna a la víctima fue que callara si quería ayuda. La vara de medir se encoge y se estira según la sigla.

La calumnia se ha convertido en herramienta política de bajo coste y alto rendimiento. Se lanza, se viraliza y, si hace falta, se matiza días después sin asumir responsabilidad alguna.

Nos dicen que esto es nueva comunicación política. Que la contundencia vende. Que la tibieza no moviliza. Pero lo que se está erosionando no es el prestigio de un ministro concreto, sino la idea misma de verdad compartida.

Y cuando la verdad se vuelve irrelevante, la democracia deja de ser un espacio de deliberación para convertirse en un ring donde gana quien grita más fuerte, no quien tiene razón.