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La persecución judicial contra Jerome Powell no es un caso aislado, es un ensayo de control autoritario sobre la política monetaria de Estados Unidos.
El 12 de enero, la política económica estadounidense cruzó una línea que hasta ahora se mantenía como un consenso tácito entre élites, mercados y administraciones. La Casa Blanca abrió la puerta a una investigación penal contra el presidente de la Reserva Federal, usando como coartada el coste de la renovación de los edificios del organismo en Washington DC. El objetivo real es otro. Doblegar la independencia del banco central para subordinarla a los intereses políticos inmediatos de Donald Trump.
No es un gesto técnico ni un conflicto administrativo. Es una ofensiva directa contra uno de los pocos contrapesos institucionales que aún no controla el trumpismo. La Reserva Federal no es un ministerio más. Es el corazón de la política monetaria de la primera economía del mundo. Y Trump lo sabe.
Desde hace meses, el presidente estadounidense exige rebajas agresivas de los tipos de interés para apuntalar un crecimiento artificial en año preelectoral permanente. Lo hace pese a que la inflación ronda el 3%, lejos del objetivo oficial del 2%, y con un desempleo del 4,4% que no justifica una relajación monetaria drástica. Presionar a la Fed en este contexto no es una discrepancia ideológica, es una irresponsabilidad económica deliberada.
LA INDEPENDENCIA DE LA FED BAJO AMENAZA
La respuesta de Jerome Powell no fue retórica ni grandilocuente. Fue institucional. Medida. Grave. Reconoció que las citaciones judiciales recibidas el viernes anterior buscan obligarle a seguir las órdenes del presidente. “El servicio público a veces requiere mantenerse firme ante las amenazas”, afirmó en un vídeo difundido el domingo por la noche. No es una frase heroica. Es una advertencia.
El mandato de Powell como presidente termina en mayo de 2026, pero su asiento como gobernador se extiende hasta enero de 2028. Si decide permanecer en la junta, Trump no podrá ocupar esa vacante, un detalle clave en esta guerra silenciosa por el control del consejo de la Fed. La investigación penal aparece así como un atajo para forzar su salida por la vía judicial.
El problema no es Powell como individuo. Es el precedente. Si la Casa Blanca consigue que el Departamento de Justicia actúe como brazo coercitivo contra la autoridad monetaria, la independencia del banco central queda convertida en una ficción jurídica. Y con ella, la credibilidad del dólar, la estabilidad financiera y la confianza global en el sistema estadounidense.
Dos senadores republicanos ya han mostrado su descontento. No por convicción democrática, sino por miedo al impacto económico. Cuando hasta sectores conservadores detectan riesgo sistémico, el problema ya no es ideológico, es estructural.
AUTORITARISMO ECONÓMICO CON TRAJE INSTITUCIONAL
La alarma no llegó solo desde dentro del Congreso. Antiguos presidentes de la Reserva Federal y exresponsables del Tesoro rompieron su tradicional silencio. En una carta pública difundida el lunes, advirtieron de que las acciones de la Administración Trump son “un intento sin precedentes de utilizar ataques judiciales para socavar la independencia del banco central”.
Firmaron Ben Bernanke, Janet Yellen y Alan Greenspan, junto a los exsecretarios del Tesoro Henry Paulson y Robert Rubin. No es un grupo sospechoso de radicalismo. Es el núcleo duro del establishment económico estadounidense.
Su diagnóstico fue demoledor. “Así es como se elabora la política monetaria en los mercados emergentes con instituciones débiles”, señalaron. No hablaban de Venezuela ni de Turquía. Hablaban de Estados Unidos en 2026. Y añadieron que este comportamiento no tiene cabida en un país cuya mayor fortaleza ha sido históricamente el estado de derecho.
Trump no improvisa. Su estrategia es coherente con un modelo de poder que desprecia los límites institucionales. Ya ha atacado tribunales, medios de comunicación, fiscalías y agencias reguladoras. Ahora le toca al dinero. Porque quien controla los tipos de interés controla el ritmo de la economía, el acceso al crédito, el precio de la vivienda, las hipotecas, los préstamos para automóviles y el margen de maniobra de millones de familias trabajadoras.
No es casualidad que esta ofensiva llegue en un contexto de desigualdad estructural, endeudamiento privado y precariedad laboral. Forzar bajadas de tipos puede aliviar a corto plazo a los mercados financieros, pero dispara burbujas y castiga a quienes viven de su salario. El coste lo pagan las y los de siempre. El beneficio se concentra arriba.
La independencia de la Reserva Federal no es un fetiche tecnocrático. Es una línea de defensa imperfecta frente al uso partidista de la economía como arma de poder. Cuando el presidente de Estados Unidos intenta someterla por vía penal, ya no estamos ante una disputa económica, sino ante una degradación democrática en tiempo real.
Y cuando el dinero deja de ser un contrapeso y pasa a ser un instrumento obediente, la democracia se convierte en contabilidad creativa al servicio del poder.
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