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Esta pieza parte de una investigación exclusiva de elDiario.es en colaboración con Univision Noticias. El reportaje completo puede leerse aquí: Extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales.
En 2021, en plena resaca de la pandemia, una joven de 22 años entra a trabajar como interna en la mansión caribeña de un artista que entonces tiene 77. Sobre el papel, es “una oportunidad única”: vivir en villas de lujo en Punta Cana y Lyford Cay (Bahamas), con viajes a España, a la casa de Ojén (Málaga). En la práctica, según los testimonios publicados por elDiario.es, es un engranaje de control, miedo y violencia sexual.
Rebeca y Laura —nombres ficticios— relatan jornadas de 10 a 16 horas diarias, largos periodos sin descanso, contratos que no se formalizan por escrito y un encierro justificado en el supuesto miedo al contagio, incluso cuando las restricciones oficiales en República Dominicana eran solo nocturnas y terminaron en agosto de 2021. Afuera, el Caribe de catálogo. Dentro, lo que una de ellas llama directamente “la casita del terror”.
No es solo la historia de un cantante señalado, es el retrato de un régimen privado donde la ley se detiene en la verja y el cuerpo de las trabajadoras internas se vuelve parte del mobiliario.
La investigación recoge hasta 15 extrabajadoras y extrabajadores entre finales de los años 90 y 2023, con una plantilla que llegaba a 16 personas en agosto de 2023. Se describe una jerarquía brutal: las “señoritas”, con mejor trato; el “servicio”, obligado a recibir al patrón en fila, uniformado, con las manos a la espalda; y por encima de todas, las encargadas que deciden quién entra, quién sale y, según los testimonios, quién debe subir de noche a una habitación que nunca figuraba en el contrato.
Ahí se sitúa el corazón de las acusaciones: tocamientos, penetraciones con los dedos, bofetadas, mordiscos, humillaciones, presión insistente para participar en tríos o prácticas sexuales que ellas no deseaban. Todo ello en un entorno donde decir que no significaba arriesgar el salario, la casa, el visado y, en muchos casos, el futuro.
Mientras el artista recibe escudos heráldicos en 2009, fotos aplaudidas en la playa en 2010 o imágenes amables en 2020, las mujeres que sostienen ese decorado cuentan otra película. Una donde el lujo es decorado y el guion lo marca un solo hombre, con el apoyo de una estructura que mezcla patriarcado, dinero y servidumbre.
Cuando el empleo depende de un multimillonario en su propio feudo, la relación laboral se convierte en una relación de poder absoluto. Y ahí el consentimiento se vuelve una palabra vacía.
EL NEGOCIO DE LA IMPUNIDAD Y EL SILENCIO CÓMPLICE
La investigación de elDiario.es y Univision se ha prolongado tres años, con entrevistas repetidas a las denunciantes durante más de un año, contrastes con fotografías, visados, reconocimientos médicos, mensajes de WhatsApp, constancias de trabajo e incluso el testimonio de un neuropsicólogo que atendió a una de ellas entre agosto y diciembre de 2022 por ansiedad y depresión agravadas. No son rumores de pasillo, son relatos que han soportado el filtro del tiempo y del contraste documental.
Del otro lado, silencio. Ni el cantante ni su abogado responden a las preguntas enviadas por email, mensajes o cartas. Las responsables de selección de personal callan o despachan las acusaciones como “patrañas”, mientras ensalzan al “gran caballero”. Esa es otra constante del capitalismo del espectáculo: cuando se señalan abusos, la primera línea de defensa son quienes han construido su estabilidad alrededor del ídolo.
Las mansiones de Julio Iglesias no son solo casas; son microestados privados levantados sobre la desigualdad global. Mujeres jóvenes reclutadas mediante anuncios en redes, sueldos modestos, promesas de ascenso social, control del cuerpo (pesajes, comentarios sobre “estar flacas”), control del tiempo (salidas restringidas incluso tras el fin del toque de queda de 2021), control del móvil y de las relaciones personales. El manual completo del abuso de poder aplicado al trabajo doméstico.
En ese esquema, las trabajadoras del hogar —casi siempre mujeres, muchas veces migrantes— son las más desprotegidas. Las y los jueces apenas las ven. Las y los políticos no legislan pensando en ellas. La industria cultural las borra del plano corto. Solo importan cuando sirven café, limpian cristales o atraviesan en silencio el fondo de una foto de revista.
Las mansiones de lujo del Caribe, España o Bahamas se sostienen sobre una cadena global de desigualdad: capital español, paraísos fiscales, servicios invisibles. Ese es el subtexto de esta historia. No se trata solo de lo que un hombre concreto haya hecho en una habitación, sino del tipo de mundo que permite que durante décadas un entorno laboral se convierta en una zona gris donde el derecho del trabajo, los derechos sexuales y la dignidad humana se relativizan porque quien manda es rico, famoso y rentable.
Las y los periodistas han hecho su parte: tres años de trabajo, 15 personas entrevistadas, testimonios cruzados, documentos revisados. Ahora la pelota está en el campo de las instituciones: las y los fiscales, las y los jueces, los ministerios de Trabajo, las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Lo que hagan —o lo que no hagan— dirá mucho más de nuestro sistema que cualquier balada.
La cultura española tiene una larga tradición de mirar hacia otro lado cuando los abusos vienen envueltos en glamour. Se sigue programando, homenajeando y rentabilizando a figuras intocables mientras las víctimas se esconden tras nombres ficticios y años de terapia. La pregunta no es solo qué hizo Julio Iglesias, sino cuánta gente ha preferido no preguntar durante más de veinte años.
Porque en estas mansiones no solo se normaliza el maltrato. Se normaliza la idea de que hay cuerpos de segunda dentro del propio hogar, personas “boludas” a las que se puede insultar, pesar, toquetear, obligar a sonreír o a callar. Y mientras tanto, la maquinaria del negocio sigue vendiendo nostalgia, romanticismo y patria.
Si después de conocer estos testimonios seguimos cantando como si nada, el problema ya no será solo de un artista y sus mansiones, sino de una sociedad que ha decidido que la fama vale más que la vida de las mujeres que le hacen la cama.
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El problema que veo es que lo hizo en Rep. Dominicana ¿los juzgados españoles tendrán competencia? si la tuviesen y es declarado culpable se atreverá el gobierno de Rep. Dominicana a extraditarle a España.