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Una reunión sin honores, con sanciones sobre la mesa y la amenaza permanente de la fuerza como telón de fondo.
La imagen es elocuente incluso cuando se intenta disimular. Gustavo Petro entró a la Casa Blanca por una puerta lateral, sin guardia de honor, sin foto protocolaria, sin el ritual que Washington reserva a quienes considera aliados de pleno derecho. Frente a él estaba Donald Trump, de nuevo presidente de Estados Unidos, dispuesto a exhibir cordialidad mientras mantiene intacta la maquinaria de presión, sanciones y castigo que ha marcado la relación histórica con América Latina. El encuentro del 3 de febrero, actualizado en la madrugada del 4 de febrero de 2026, fue presentado como un gesto de distensión. En realidad, fue una conversación bajo amenaza.
Petro lo resumió con una frase cargada de simbolismo: “Es un paso pequeño, pero distensiona la posibilidad de una gran hoguera humana y vital”. La metáfora no es exagerada. El contexto regional es de máxima tensión, con Estados Unidos endureciendo su política exterior, utilizando el narcotráfico como coartada y las sanciones como arma política. Trump lo dijo sin rodeos: “Nos llevamos bien, estamos trabajando en otras cosas, incluidas las sanciones”. No hubo aclaraciones. No hizo falta.
SANCIONES, NARCOTRÁFICO Y LA POLÍTICA DEL CASTIGO
La relación entre Washington y Bogotá llega a esta reunión marcada por decisiones muy concretas. En septiembre de 2025, Estados Unidos retiró a Colombia la certificación como país aliado en la lucha contra el narcotráfico. En octubre de 2025, la Administración Trump fue más allá y designó a Petro y a su familia como personas vinculadas al tráfico de drogas, una acusación sin pruebas judiciales públicas que activó sanciones personales a través de la OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros).
Petro no esquivó el choque. “La OFAC no funciona contra el narcotráfico si no se persiguen los capitales de los capos”, afirmó, señalando la inutilidad de un sistema que castiga políticamente pero deja intactas las grandes redes financieras. No es una opinión aislada. Estudios del Washington Office on Latin America (WOLA) y de la ONU han documentado durante años que las sanciones unilaterales no reducen la producción de drogas, pero sí agravan la pobreza, debilitan instituciones civiles y refuerzan economías ilegales.
Las cifras son claras. Solo en 2023, la ayuda estadounidense a Colombia superó los 740 millones de dólares. Esa cooperación ha sido suspendida recientemente en su totalidad por decisión de Trump, bajo la acusación de una supuesta falta de voluntad del Gobierno colombiano para frenar la producción de drogas. El castigo no es menor. Afecta a programas sociales, cooperación judicial y proyectos de desarrollo rural, mientras el mercado estadounidense sigue siendo el principal destino de la cocaína.
UN DIÁLOGO BAJO AMENAZA IMPERIAL
Petro intentó situar la conversación en otro plano. Habló de energía, de flujos humanos, de levantar sanciones a Venezuela y de recuperar una lógica regional basada en la cooperación. Invocó a Simón Bolívar y a George Washington, habló de un “pacto por la vida” y rechazó la política de coerción. “Los problemas no se resuelven a golpes que dejan venganza”, dijo, insistiendo en que la violencia solo perpetúa el ciclo de muerte.
Pero la asimetría es evidente. Mientras Petro habla de diálogo, Trump mantiene abiertas todas las opciones, incluidas las militares. No es una hipótesis. Tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro, el propio Petro advirtió de una “amenaza real” de acción militar contra Colombia, una idea que Trump había calificado previamente como “una buena idea”. La cordialidad llegó después de la demostración de fuerza.
El presidente colombiano recordó también episodios clave de la historia reciente de su país. Pidió la desclasificación de documentos del 9 de abril de 1948, fecha del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, que dejó 300.000 personas muertas, y de la toma del Palacio de Justicia, con 200.000 víctimas entre la violencia del M-19 y el Ejército. “En Colombia hubo un genocidio y lo que hemos hecho ha sido frenarlo”, afirmó. La memoria, en este contexto, no es un gesto simbólico. Es una denuncia directa contra décadas de intervención, guerra sucia y silencios impuestos.
Trump, por su parte, se permitió el gesto amable. Regalos, halagos, una tarjeta firmada. Petro devolvió la ironía colocando una “S” a la gorra de “Make America Great Again” para transformarla en “Make the Americas Great”. El detalle no oculta lo esencial. Estados Unidos sigue utilizando sanciones, amenazas arancelarias y aislamiento diplomático como instrumentos de control, mientras habla de libertad.
La reunión no resolvió nada. No levantó sanciones, no restauró la ayuda, no cambió la política exterior estadounidense. Lo que dejó fue una tregua verbal, un espacio mínimo para evitar una escalada inmediata. Un paso pequeño, como dijo Petro, en un escenario donde la hoguera sigue encendida y el fósforo sigue en manos del mismo de siempre.
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