Tras el fallecimiento de Mahsa Amini, de 22 años, se han proclamado movilizaciones en las grandes ciudades de Irán.
El martes de la semana pasada se noticiaba sobre la detención de Mahsa Amini por parte de la Policía de la Moral debido a que, presuntamente, llevaba el velo mal puesto.
No obstante, las fuentes policiales se defendieron afirmando que la joven murió de un infarto, pero varios presuntamente aseguraron que falleció a causa de las graves heridas producidas por los cuerpos policiales.
Tras la paliza Amini habría sido trasladada a un hospital, ya en coma, el propio día de su detención tras «sufrir un ataque cardiaco», según la versión policial, y falleció finalmente el viernes.
Después de un ‘shock’ llegó la reacción y miles de personas asistieron a su funeral en su localidad natal, Aychi, en la región de Saghez, en el Kurdistán iraní.
Comenzaban así las concentraciones con actitud de protesta por y contra la obligatoriedad del velo en Irán en las que ya han fallecido, al menos, 17 personas.
«Diecisiete personas han muerto, entre ellas policías, en los incidentes de los últimos días», afirmó la televisión IRIB.
En las proclamas se pide justicia, libertad y la retirada de dicha obligatoriedad, de una imposición que entienden es machista y que se materializa en la figura del presidente, al que denominan como «dictador».
Estos «exabruptos» han sido tomados por la Guardia Revolucionaria de Irán como «sedición», por lo que alientan una mayor intervención del Poder Judicial.
Diversos expertos de la ONU lanzaron un comunicado condenando la muerte de Mahsa Amini, ya que consideran que «es otra víctima más de la continua represión y la sistemática discriminación contra las mujeres en Irán, donde se imponen códigos de vestimenta que privan a las mujeres de autonomía sobre su cuerpo y de las libertades de opinión, expresión y creencia».
«Condenamos con firmeza el uso de la violencia física contra las mujeres y la negación de la dignidad humana fundamental cometidos cuando se aplican las normas de velo obligatorio», proseguía la nota de Naciones Unidas.
«Irán debe retirar todas las legislaciones y políticas que discriminan en base al sexo y el género, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos», continuaban.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
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