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El Gobierno que prometió acabar con “la casta” y ha terminado convirtiéndose en su versión más cínica y cruel.
Cinco provincias, cientos de trabajadores públicos presionados y una trama de retornos al partido del Gobierno. Ese es el saldo preliminar del escándalo que involucra al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, conocido como PAMI, una de las principales cajas del Estado argentino con un presupuesto anual que supera los 5 billones de pesos.
La denuncia no viene de la oposición ni de medios críticos: la presentó Viviana Aguirre, diputada oficialista, que declaró haber recibido la exigencia de entregar un millón de pesos como “retorno” al asumir su puesto en la dirección del PAMI en La Plata. En su testimonio, desmenuza cómo los referentes de La Libertad Avanza imponían porcentajes del sueldo que debían ser entregados al partido, una práctica que recuerda al clientelismo más rancio, al que Milei decía venir a exterminar.
El patrón se repite en Misiones, Santa Cruz, La Pampa, Chaco y Buenos Aires. En Misiones, diez funcionarios del PAMI y la ANSES denunciaron que se les ordenó transferir el 10% de su salario a una cuenta particular, y exigieron por escrito la devolución de los montos. La carta ya obra en poder de la Justicia.
Este sistema de “diezmo institucionalizado” se extiende a otros organismos clave, como la ANSES, encargado de las pensiones y ayudas sociales. El mecanismo es simple: se nombra a una persona afín a La Libertad Avanza, se le exige un porcentaje del salario y se deposita ese dinero en cuentas que financian la maquinaria política del presidente Milei. Todo mientras se recorta, por la otra puerta, la asistencia a las personas mayores, enfermas o vulnerables.
UNA RED DE EXTORSIÓN EN LA SALUD PÚBLICA
El Gobierno, lejos de asumir responsabilidades, se esconde tras una coartada cínica. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, declaró que “no tenemos absolutamente nada que ver” y descargó toda responsabilidad sobre la Justicia. Pero los denunciantes no son opositores, ni sindicalistas, ni periodistas críticos. Son personas designadas por el propio Gobierno de Milei, que ahora alzan la voz para no convertirse en cómplices.
Y mientras niegan responsabilidades, el Ejecutivo ha tenido que salir a responder por otro caso de corrupción flagrante: una compra de pañales para personas mayores por 460 millones de dólares, presuntamente con sobreprecios, mediante una licitación dirigida. Su defensa es, de nuevo, una cortina de humo: anuncian la entrega de pañales a domicilio como “reforma eficiente” que ahorrará 5.000 millones de pesos. Pero no explican por qué se compraron pañales con sobrecoste en primer lugar, ni quién se benefició.
Lo más grave de este escándalo no es solo el delito en sí. Es el desprecio brutal con el que se saquea una institución diseñada para atender a quienes ya lo han dado todo: las y los jubilados, los pensionistas, las personas mayores enfermas que dependen del PAMI para acceder a medicinas, tratamientos o atención domiciliaria. Milei no solo recorta sus derechos con la motosierra. Les roba también el dinero que les corresponde para financiar sus delirios ultraliberales.
Todo esto ocurre mientras el Gobierno sigue prometiendo que lucha contra “la casta”, en una puesta en escena cada vez más grotesca. Porque ¿qué otra cosa es una red de extorsión a empleados públicos para financiar un partido si no es casta? ¿Qué otro nombre recibe quien gestiona pañales para mayores como un negocio de 460 millones de dólares, si no es corrupción?
Las y los jubilados argentinos están siendo utilizados como cajeros automáticos del partido gobernante. Se les roba en vida lo que cotizaron durante décadas. Se les niega una vejez digna para sostener la propaganda de un presidente que desprecia al Estado, pero se aferra a su aparato con uñas y dientes.
Y todavía hay quien se atreve a llamarlo “libertad”.
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