El procesamiento de Mónica Oltra avanza pese a que ni el juez instructor ni la Fiscalía encontraron indicios de delito. ¿Error judicial o estrategia calculada para acabar con una dirigente incómoda?
La Audiencia de Valencia ha confirmado el procesamiento de la exvicepresidenta Mónica Oltra por el supuesto encubrimiento de los abusos cometidos por su exmarido a una menor tutelada. No importó que el juez instructor y el Ministerio Fiscal rechazaran la existencia de pruebas suficientes. No importó que el relato acusatorio se sostuviera más en titulares que en evidencias. La maquinaria judicial sigue adelante. Y la pregunta es inevitable: ¿se está utilizando la justicia como herramienta de destrucción política?
Una figura incómoda para los poderes de siempre
Oltra no fue una política cualquiera. Fue la voz más reconocible del cambio valenciano tras décadas de corrupción del PP. Fue quien denunció tramas, regeneró instituciones y puso en el centro políticas feministas, sociales y de protección de la infancia. Pero también fue —y sigue siendo— profundamente incómoda: para el poder conservador, para sectores judiciales reaccionarios y para una prensa que nunca le perdonó su irreverencia, su fuerza política ni su capacidad de conectar con la ciudadanía desde abajo.
Su imputación llegó tras meses de presión mediática encabezada por medios conservadores, y su dimisión fue el resultado directo de una campaña política y judicial con una narrativa muy clara: «la mujer del abusador sabía y no hizo nada». Una frase demoledora que aún hoy, sin pruebas ni condena, ha destruido su carrera y su reputación.
¿Qué es el lawfare y por qué se habla de ello?
El término lawfare proviene de la combinación de law (ley) y warfare (guerra). Es el uso instrumental del sistema judicial para destruir al adversario político. En lugar de confrontar ideas en el terreno democrático, se lanza una ofensiva judicial-mediática para hundir carreras, paralizar agendas y minar la credibilidad de líderes transformadores. Es una estrategia que no necesita condenas: le basta con la sospecha.
Lo vimos en América Latina con Lula da Silva, Cristina Fernández o Rafael Correa. Pero también en España: desde las causas contra Podemos sin base legal hasta la persecución del independentismo catalán, pasando por las querellas impulsadas por lobbies ultracatólicos contra activistas feministas.
Cuando el objetivo no es la verdad, sino el castigo
En el caso de Oltra, no solo se cuestiona la existencia de pruebas: también se ignora que las instituciones actuaron, que la menor fue escuchada y que el procedimiento se reabrió precisamente gracias a su cargo político. Aun así, la narrativa del encubrimiento fue más potente que cualquier dato.
Pero el mensaje que deja este procesamiento va más allá de ella: «Si te enfrentas al poder, acabarás imputada. Da igual que tengas razón». No es solo un ataque a una persona, es un ataque al derecho a gobernar desde la disidencia, desde lo incómodo, desde lo transformador.
¿Una democracia que castiga a quien la defiende?
Cuando una figura como Mónica Oltra puede ser llevada a juicio sin pruebas claras, lo que está en juego no es solo su futuro personal. Lo que peligra es el propio corazón de la democracia. El equilibrio de poderes, la presunción de inocencia, el derecho a ejercer la política sin miedo a ser aplastada por el sistema judicial.
En tiempos donde se criminaliza la protesta, se persiguen a activistas y se utilizan los tribunales como campos de batalla ideológica, el caso Oltra es una advertencia: no hay justicia posible en un sistema que convierte la ley en castigo selectivo.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
¿Qué ocurre cuando las personas dejan de ser tratadas como seres humanos y pasan a utilizarse como herramientas políticas? En este nuevo #ReportajeSR de Spanish Revolution, Léa Gugelmann analiza a fondo la…
THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
El Pentágono ha dado un paso sin precedentes: poner la toma de decisiones y la estrategia militar en manos de la inteligencia artificial. Patricia Salvador te cuenta en este #ReportajeSR cómo, a…