En el panorama europeo, se materializa un hito jurídico protagonizado por seis jóvenes activistas portugueses, quienes, apoyados por organizaciones como Amnistía Internacional, han elevado sus voces y preocupaciones ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En su histórico planteamiento, afirman que el desafío climático contemporáneo representa una violación flagrante de los derechos humanos y acusan a los Estados de su irresponsabilidad y desdén al no generar estrategias adecuadas para combatir este fenómeno.
LOS ROSTROS DEL CAMBIO
Este grupo, compuesto por André, Sofia, Catarina, Cláudia, Martim y Mariana, se ha sentido impulsado a emprender acciones tras vivir en carne propia los efectos devastadores de los incendios de 2017 en Portugal. «Esta generación, y sus hijos e hijas, sufrirán las peores consecuencias de la catástrofe climática en ciernes», resalta el colectivo, haciendo hincapié en la urgencia de implementar medidas para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1.5°C respecto a los niveles preindustriales y en la necesidad de abandonar progresivamente los combustibles fósiles.
EL DERECHO A UN FUTURO
Las y los jóvenes presentan síntomas preocupantes, manifestaciones directas del cambio climático, que limitan su calidad de vida y bienestar: desde el asma agravada por la contaminación del aire hasta las restricciones en actividades al aire libre debido al calor extremo y la falta de sueño. Este colectivo de jóvenes, arrastrados por una creciente inquietud y la crudeza de sus experiencias, busca que las y los gobernantes actúen de manera inmediata para evitar una crisis climática irreversible, protegiendo así sus derechos y futuros. Martim, por ejemplo, tras vivenciar los incendios cercanos a su hogar en 2017, declara que su generación debe hacer todo lo posible para asegurarse de que «los gobiernos protegen sus derechos y su futuro.»
UNA CAUSA LEGAL INTERNACIONAL
Si esta demanda trasciende, habría repercusiones sustanciales, pudiendo imponer responsabilidades legales a 27 Estados miembros de la UE, además de Reino Unido, Suiza, Noruega, Rusia y Turquía para reducir significativamente sus emisiones. En palabras de Mandi Mudarikwa, directora de Litigio Estratégico de Amnistía Internacional, «la gente joven está marcando el camino y demostrando que hay vías legales para conseguir justicia climática.»
UN LLAMADO A LA ACCIÓN URGENTE
La narrativa de estos jóvenes, impregnada de un anhelo de justicia climática, no solo es un grito desesperado por acción sino también una crítica mordaz a la apatía gubernamental ante la crisis climática y sus efectos tangibles. La urgencia se agudiza si consideramos la posibilidad de un aumento de 3°C para el 2100 si las medidas pertinentes no se implementan. «Es imprescindible que los Estados actúen ya para detener esta catástrofe creciente,» afirma el colectivo.
REPERCUSIONES A ESCALA EUROPEA
La sentencia del Tribunal podría marcar un precedente de carácter vinculante en Europa, influyendo en la dirección de futuras demandas climáticas a nivel nacional y generando un imperativo para que los Estados reevalúen y reestructuren sus políticas climáticas en aras de salvaguardar los derechos humanos internacionales. Asimismo, dos causas similares se encuentran pendientes de resolución, ilustrando que la batalla legal por el clima en el continente europeo está cobrando impulso.
EL ROL DE LAS ORGANIZACIONES
La Red Global de Acción Legal (GLAN) y otros colectivos se suman a esta cruzada, poniendo en marcha iniciativas de financiación colectiva internacional para apoyar esta causa. La creciente conciencia y la convergencia de múltiples entidades en torno a la justicia climática podrían, eventualmente, transformar el panorama legal y ambiental en Europa y, potencialmente, a nivel global.
En resumen, la demanda de estos jóvenes activistas portugueses, más allá de su importancia intrínseca, refleja un cambio paradigmático en la lucha climática. Su apuesta legal, imbuida de urgencia y relevancia, dibuja un horizonte en el que la acción climática se entrelaza con la protección de los derechos humanos, instando a las y los líderes a abandonar la inercia y a forjar un futuro sustentable para las presentes y futuras generaciones.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
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THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
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