Trump declara el Sáhara Occidental como territorio marroquí
El presidente norteamericano Donald Trump da un nuevo golpe en el tablero internacional, a menos de un mes de abandonar la Casa Blanca, al anunciar que reconoce la marroquinidad del Sáhara Occidental y que ha mediado para conseguir la normalización de relaciones diplomáticas entre Israel y Marruecos
Tarjetas black para Victoria Federica y Froilán: Uber, clases de piano y en El Corte Inglés
Se desvela en qué gastaron los hijos de la infanta Elena el dinero sin declarar del empresario mexicano amigo del emérito a través de tarjetas black
El gran negocio de la electricidad en España
En un país donde manda un oligopolio de la electricidad que tiene la sartén por el mango, son muchos los cargos públicos que se benefician de una estructura mezquina que golpea sistemáticamente a la población.
Pedraz estrecha el cerco del caso Leire Díez y coloca a la SEPI ante un escándalo de Estado
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decidido imputar a 25 nuevas personas en el llamado caso Leire Díez. Y el dato no es menor. Entre ellas figura María Belén Gualda González, presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, una pieza central en el engranaje público que gestiona participaciones empresariales del Estado. La decisión llega después de que lo pidiera la Fiscalía Anticorrupción, que investiga posibles delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación.
La fotografía es fea. Muy fea. Porque lo que se investiga no es una anécdota administrativa ni un error de papeleo. La causa apunta, según Anticorrupción, a una dinámica continuada de intermediación ilícita en contratación pública, con una red que habría buscado influir en resoluciones administrativas, procedimientos de contratación y ayudas financieras. En castellano claro: usar las puertas del Estado como pasillo privado para negocios, favores y réditos económicos.
Peinado, desatado: cuando un juez compara a Begoña Gómez con narcos para sostener una causa política
El juez Juan Carlos Peinado ha decidido llevar a Begoña Gómez a juicio y lo ha hecho con un auto de más de 80 folios que no solo acusa, sino que construye clima. La acusa de haber aprovechado su matrimonio con el presidente del Gobierno para progresar profesionalmente. La envía al banquillo junto a su asistente, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés. La tesis central es que los tres habrían urdido un plan para mejorar la carrera de Gómez mediante dos másteres, una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense, su trabajo en el África Center del IE y supuestos favores en contrataciones públicas para Barrabés.
Hasta ahí, el relato judicial. Luego viene la parte grotesca.
Porque para sostener esa acusación, Peinado se agarra a referencias que pertenecen a otra escala penal, política y moral. Cita condenas de Jaume Matas, el caso Invercaria, una pieza separada de los ERE de Andalucía e incluso un procedimiento contra una organización dedicada presuntamente a introducir en España grandes cantidades de cocaína camuflada como café tostado. Sí. Para justificar medidas contra Begoña Gómez, el juez recuerda un caso de narcotráfico que él mismo instruyó.
Peinado, bajo sospecha: la defensa denuncia que supo por los medios lo que debía notificar el juzgado
La defensa de Begoña Gómez, registró en la noche del sábado 20 de junio una queja ante el Consejo General del Poder Judicial contra el juez Juan Carlos Peinado. El motivo no es menor. Según el escrito presentado por su abogado, Antonio Camacho, la defensa se habría enterado por los medios de comunicación de la apertura de juicio oral y de la adopción de medidas cautelares contra Gómez antes de recibir notificación formal por los cauces procesales establecidos.
Peinado ya no instruye solo contra Begoña Gómez: instruye contra sus propios límites
El caso contra Begoña Gómez ha llegado a ese punto en el que la pregunta ya no es solo qué se investiga, sino cómo se ha permitido llegar hasta aquí. Más de dos años de instrucción, una causa abierta por una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias, una investigación que nació apoyada en recortes de prensa, sospechas sin acreditar y hasta un bulo sobre una supuesta subvención pública a una empresa de la mujer del presidente. Y, pese a todo, el procedimiento sigue avanzando como si la política española necesitara otro espectáculo judicial para alimentar tertulias, portadas y campañas de desgaste.
Ahora el futuro judicial de Begoña Gómez, de su asistente en La Moncloa, Cristina Álvarez, y del empresario Juan Carlos Barrabés queda en manos de tres magistrados de la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid. No es un detalle menor. Son los mismos jueces que, durante esta instrucción, han resuelto 20 recursos y han anulado una decena de resoluciones del juez Juan Carlos Peinado. Una decena. No una corrección técnica, no un matiz procesal. Una cadena de rectificaciones que dibuja algo bastante más preocupante: una instrucción empujada más allá de sus propios fundamentos.
¿Ha cruzado Peinado la última línea?
El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer lo que mejor define esta instrucción: estirar el caso hasta convertirlo en un espectáculo político con toga. El 20 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el repertorio habitual de una causa que lleva demasiado tiempo oliendo más a obsesión que a justicia.
Pero esta vez Peinado fue más lejos. Mucho más lejos. En su auto llegó a sugerir que los agentes encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una hipotética fuga. Es decir, el juez no solo dibuja a la investigada como alguien que podría escapar. Dibuja también a policías nacionales como posibles cómplices. Sin una prueba concreta encima de la mesa. Sin individualizar conductas. Sin indicios determinados. Una sombra lanzada sobre servidores públicos porque sí. Porque encaja en el relato.
Marlaska descubre la dignidad policial cuando el golpe viene de Peinado
El caso Begoña Gómez se ha convertido ya en una trituradora institucional. Peinado empuja desde un juzgado una causa que cada día parece más atravesada por el ruido político. El Gobierno responde con comunicados, quejas y gestos de trinchera. La derecha agita el expediente como si hubiera encontrado petróleo. Y en medio, otra vez, el Estado se mira a sí mismo. Sus jueces. Sus policías. Sus ministros. Sus sindicatos. Su honor.
Pero la calle queda fuera de plano.
La misma calle que ha visto cargas policiales contra protestas sociales, desahucios, movilizaciones antifascistas, marchas laborales o concentraciones por Palestina. La misma calle donde se reparte autoridad a golpe de defensa extensible. La misma calle a la que luego se le pide confianza institucional, moderación y respeto.
El chat del Consell PP estrecha el cerco sobre Mazón y sus consellers por la dana
La instrucción judicial sobre la dana acaba de abrir una grieta mucho más seria de lo que el Gobierno valenciano querría admitir. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra, jueza de la causa, estudia si debe ampliar el foco y citar como testigos a más consellers del Ejecutivo autonómico de Carlos Mazón después de que la vicepresidenta Susana Camarero entregara los mensajes del grupo de WhatsApp llamado “Consell PP”. No hablamos de una anécdota digital. Hablamos del chat político de un Gobierno durante la jornada del 29 de octubre de 2024, el día de la dana que dejó 230 fallecidos.
La providencia dictada el 16 de junio no es un gesto menor. La jueza ofrece a Camarero la posibilidad de aportar voluntariamente los documentos en PDF que el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, compartió aquel día sobre el estado de las carreteras. Es el paso previo para decidir si se le cita como testigo, como reclama la acusación popular ejercida por el PSPV-PSOE. Dicho de forma clara: el chat ha dejado de ser una conversación incómoda para convertirse en una pieza que puede mover la causa.
Seguir
Seguir
Seguir
Seguir
Subscribe
Seguir
Más de medio millón de personas ya han visto nuestro vídeo sobre cómo los centros de datos de la IA nos están dejando sin agua
Más de medio millón de personas han visto ya nuestro vídeo sobre el verdadero coste de los centros de datos de la inteligencia artificial. Más de medio millón. Y no lo han visto porque el asunto sea una curiosidad tecnológica ni porque les interese saber cómo funciona un servidor. Lo han visto porque cada vez más gente entiende que esa cosa aparentemente abstracta llamada IA tiene una existencia muy física: edificios gigantescos, subestaciones eléctricas, tuberías, kilómetros de cableado y millones de litros de agua desapareciendo dentro de sistemas de refrigeración.
La respuesta al vídeo confirma algo que las grandes tecnológicas preferirían seguir escondiendo detrás de anuncios llenos de palabras como innovación, progreso y futuro. La preocupación es real. La gente sabe que no estamos hablando de una nube mágica flotando sobre nuestras cabezas, sino de una industria pesada que quiere apropiarse de recursos públicos para alimentar negocios privados. Y quiere hacerlo deprisa, antes de que las comunidades entiendan qué les están plantando al lado de casa.
Nuestro vídeo reúne las advertencias de Erin Brockovich, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, un exboxeador estadounidense, Alexandria Ocasio-Cortez y Naciones Unidas. Personas con trayectorias, ideologías y responsabilidades muy distintas. Todas están mirando hacia el mismo lugar. Todas están viendo cómo la expansión descontrolada de los centros de datos amenaza el agua, dispara el consumo eléctrico y concentra todavía más poder en manos de un puñado de corporaciones.
Xbox despide a 3.200 personas: el riesgo era de los jefes, la factura es de la plantilla
Xbox acaba de confirmar la mayor reestructuración de su historia. El 6 de julio, Asha Sharma comunicó a la plantilla que la división reducirá aproximadamente 3.200 puestos durante el año fiscal 2027, con 1.600 despidos inmediatos y cuatro estudios saliendo de Xbox hacia nueva gestión. Microsoft, en paralelo, recorta unos 4.800 empleos en total, alrededor del 2% de su plantilla global. No es una anécdota. Es una purga empresarial envuelta en lenguaje de consultora.
La frase oficial es casi una confesión: “nuestro negocio hoy no es saludable”. La dirección reconoce márgenes entre 3 y 10 veces inferiores a los de negocios comparables, una base instalada menor, costes más altos y una apuesta por Game Pass, el modelo multiplataforma y una cartera más amplia de contenidos que “no creció al ritmo esperado”. Dicho sin barniz corporativo: los jefes imaginaron una máquina de crecimiento infinito, compraron estudios, multiplicaron equipos, alargaron inversiones y ahora explican que se equivocaron. Pero quienes salen por la puerta no son quienes vendieron la fantasía. Son trabajadoras y trabajadores que hicieron exactamente lo que les dijeron.
Sony quiere matar el disco: juegos digitales para ricos y propiedad de mentira
Sony ya ha puesto fecha al entierro del formato físico. En su propia web de PlayStation avisa de que, desde enero de 2028, los nuevos juegos lanzados para PlayStation se podrán comprar en PlayStation Store y en tiendas, pero solo en formato digital. Los discos de juegos publicados antes de esa fecha seguirán funcionando, sí. Ese matiz importa. Pero el camino está marcado: el futuro que Sony quiere vender no cabe en una estantería, cabe en una cuenta, en una contraseña, en un servidor y en unas condiciones de uso que casi nadie lee porque están escritas precisamente para que casi nadie las lea.
La compañía lo presenta como adaptación al consumo. Reuters informó el 1 de julio de que Sony dejará de producir discos físicos para los nuevos lanzamientos de PlayStation desde enero de 2028, en un giro que llega después de que cerca del 80% de sus ventas completas de juegos en el año fiscal 2025 fueran digitales. La cifra parece aplastante. Lo digital ya domina. Pero una cosa es que millones de personas compren digital porque es cómodo, porque hay rebajas puntuales o porque las empresas empujan el mercado hacia ahí; otra muy distinta es convertir esa tendencia en una jaula.
15.000 personas ya han visto cómo la fe se convierte en poder
El último ReportajeSR analiza cómo determinados sectores del evangelismo conservador dejaron de limitarse a los templos para convertirse en una maquinaria política al servicio de la extrema derecha. De Trump a Bolsonaro, de Milei a Vox: redes comunitarias, guerras culturales, dinero, medios y religión convertidos en infraestructura electoral.
Presentado por Léa Gugelmann, el reportaje ya ha superado las 15.000 visualizaciones desde su estreno. Porque para entender el auge de la extrema derecha no basta con mirar a sus candidatos: también hay que observar quién construye sus discursos, moviliza sus bases y presenta el autoritarismo como una misión divina.
Vídeo | Sadismo en primera persona
Un turista graba el encierro de San Fermín como si estuviera en una atracción. Adrenalina, golpes, risas y animales convertidos en decorado para conseguir un vídeo viral. No está viviendo una tradición: está consumiendo sufrimiento como entretenimiento.
Además, corre con una cámara cuando está prohibido hacerlo, poniendo en peligro a quienes tiene alrededor. La turistificación añade otra capa de irresponsabilidad a una barbaridad ya normalizada: venir, beber, molestar, jugar con la vida ajena y marcharse con unos cuantos clics. El sadismo también se graba en primera persona.