Trump declara el Sáhara Occidental como territorio marroquí
El presidente norteamericano Donald Trump da un nuevo golpe en el tablero internacional, a menos de un mes de abandonar la Casa Blanca, al anunciar que reconoce la marroquinidad del Sáhara Occidental y que ha mediado para conseguir la normalización de relaciones diplomáticas entre Israel y Marruecos
Tarjetas black para Victoria Federica y Froilán: Uber, clases de piano y en El Corte Inglés
Se desvela en qué gastaron los hijos de la infanta Elena el dinero sin declarar del empresario mexicano amigo del emérito a través de tarjetas black
El gran negocio de la electricidad en España
En un país donde manda un oligopolio de la electricidad que tiene la sartén por el mango, son muchos los cargos públicos que se benefician de una estructura mezquina que golpea sistemáticamente a la población.
Pedraz estrecha el cerco del caso Leire Díez y coloca a la SEPI ante un escándalo de Estado
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decidido imputar a 25 nuevas personas en el llamado caso Leire Díez. Y el dato no es menor. Entre ellas figura María Belén Gualda González, presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, una pieza central en el engranaje público que gestiona participaciones empresariales del Estado. La decisión llega después de que lo pidiera la Fiscalía Anticorrupción, que investiga posibles delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación.
La fotografía es fea. Muy fea. Porque lo que se investiga no es una anécdota administrativa ni un error de papeleo. La causa apunta, según Anticorrupción, a una dinámica continuada de intermediación ilícita en contratación pública, con una red que habría buscado influir en resoluciones administrativas, procedimientos de contratación y ayudas financieras. En castellano claro: usar las puertas del Estado como pasillo privado para negocios, favores y réditos económicos.
Peinado, desatado: cuando un juez compara a Begoña Gómez con narcos para sostener una causa política
El juez Juan Carlos Peinado ha decidido llevar a Begoña Gómez a juicio y lo ha hecho con un auto de más de 80 folios que no solo acusa, sino que construye clima. La acusa de haber aprovechado su matrimonio con el presidente del Gobierno para progresar profesionalmente. La envía al banquillo junto a su asistente, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés. La tesis central es que los tres habrían urdido un plan para mejorar la carrera de Gómez mediante dos másteres, una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense, su trabajo en el África Center del IE y supuestos favores en contrataciones públicas para Barrabés.
Hasta ahí, el relato judicial. Luego viene la parte grotesca.
Porque para sostener esa acusación, Peinado se agarra a referencias que pertenecen a otra escala penal, política y moral. Cita condenas de Jaume Matas, el caso Invercaria, una pieza separada de los ERE de Andalucía e incluso un procedimiento contra una organización dedicada presuntamente a introducir en España grandes cantidades de cocaína camuflada como café tostado. Sí. Para justificar medidas contra Begoña Gómez, el juez recuerda un caso de narcotráfico que él mismo instruyó.
Peinado, bajo sospecha: la defensa denuncia que supo por los medios lo que debía notificar el juzgado
La defensa de Begoña Gómez, registró en la noche del sábado 20 de junio una queja ante el Consejo General del Poder Judicial contra el juez Juan Carlos Peinado. El motivo no es menor. Según el escrito presentado por su abogado, Antonio Camacho, la defensa se habría enterado por los medios de comunicación de la apertura de juicio oral y de la adopción de medidas cautelares contra Gómez antes de recibir notificación formal por los cauces procesales establecidos.
Peinado ya no instruye solo contra Begoña Gómez: instruye contra sus propios límites
El caso contra Begoña Gómez ha llegado a ese punto en el que la pregunta ya no es solo qué se investiga, sino cómo se ha permitido llegar hasta aquí. Más de dos años de instrucción, una causa abierta por una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias, una investigación que nació apoyada en recortes de prensa, sospechas sin acreditar y hasta un bulo sobre una supuesta subvención pública a una empresa de la mujer del presidente. Y, pese a todo, el procedimiento sigue avanzando como si la política española necesitara otro espectáculo judicial para alimentar tertulias, portadas y campañas de desgaste.
Ahora el futuro judicial de Begoña Gómez, de su asistente en La Moncloa, Cristina Álvarez, y del empresario Juan Carlos Barrabés queda en manos de tres magistrados de la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid. No es un detalle menor. Son los mismos jueces que, durante esta instrucción, han resuelto 20 recursos y han anulado una decena de resoluciones del juez Juan Carlos Peinado. Una decena. No una corrección técnica, no un matiz procesal. Una cadena de rectificaciones que dibuja algo bastante más preocupante: una instrucción empujada más allá de sus propios fundamentos.
¿Ha cruzado Peinado la última línea?
El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer lo que mejor define esta instrucción: estirar el caso hasta convertirlo en un espectáculo político con toga. El 20 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el repertorio habitual de una causa que lleva demasiado tiempo oliendo más a obsesión que a justicia.
Pero esta vez Peinado fue más lejos. Mucho más lejos. En su auto llegó a sugerir que los agentes encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una hipotética fuga. Es decir, el juez no solo dibuja a la investigada como alguien que podría escapar. Dibuja también a policías nacionales como posibles cómplices. Sin una prueba concreta encima de la mesa. Sin individualizar conductas. Sin indicios determinados. Una sombra lanzada sobre servidores públicos porque sí. Porque encaja en el relato.
Marlaska descubre la dignidad policial cuando el golpe viene de Peinado
El caso Begoña Gómez se ha convertido ya en una trituradora institucional. Peinado empuja desde un juzgado una causa que cada día parece más atravesada por el ruido político. El Gobierno responde con comunicados, quejas y gestos de trinchera. La derecha agita el expediente como si hubiera encontrado petróleo. Y en medio, otra vez, el Estado se mira a sí mismo. Sus jueces. Sus policías. Sus ministros. Sus sindicatos. Su honor.
Pero la calle queda fuera de plano.
La misma calle que ha visto cargas policiales contra protestas sociales, desahucios, movilizaciones antifascistas, marchas laborales o concentraciones por Palestina. La misma calle donde se reparte autoridad a golpe de defensa extensible. La misma calle a la que luego se le pide confianza institucional, moderación y respeto.
El chat del Consell PP estrecha el cerco sobre Mazón y sus consellers por la dana
La instrucción judicial sobre la dana acaba de abrir una grieta mucho más seria de lo que el Gobierno valenciano querría admitir. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra, jueza de la causa, estudia si debe ampliar el foco y citar como testigos a más consellers del Ejecutivo autonómico de Carlos Mazón después de que la vicepresidenta Susana Camarero entregara los mensajes del grupo de WhatsApp llamado “Consell PP”. No hablamos de una anécdota digital. Hablamos del chat político de un Gobierno durante la jornada del 29 de octubre de 2024, el día de la dana que dejó 230 fallecidos.
La providencia dictada el 16 de junio no es un gesto menor. La jueza ofrece a Camarero la posibilidad de aportar voluntariamente los documentos en PDF que el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, compartió aquel día sobre el estado de las carreteras. Es el paso previo para decidir si se le cita como testigo, como reclama la acusación popular ejercida por el PSPV-PSOE. Dicho de forma clara: el chat ha dejado de ser una conversación incómoda para convertirse en una pieza que puede mover la causa.
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Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
15.000 personas ya han visto cómo la fe se convierte en poder
El último ReportajeSR analiza cómo determinados sectores del evangelismo conservador dejaron de limitarse a los templos para convertirse en una maquinaria política al servicio de la extrema derecha. De Trump a Bolsonaro, de Milei a Vox: redes comunitarias, guerras culturales, dinero, medios y religión convertidos en infraestructura electoral.
Presentado por Léa Gugelmann, el reportaje ya ha superado las 15.000 visualizaciones desde su estreno. Porque para entender el auge de la extrema derecha no basta con mirar a sus candidatos: también hay que observar quién construye sus discursos, moviliza sus bases y presenta el autoritarismo como una misión divina.
Vídeo | Sadismo en primera persona
Un turista graba el encierro de San Fermín como si estuviera en una atracción. Adrenalina, golpes, risas y animales convertidos en decorado para conseguir un vídeo viral. No está viviendo una tradición: está consumiendo sufrimiento como entretenimiento.
Además, corre con una cámara cuando está prohibido hacerlo, poniendo en peligro a quienes tiene alrededor. La turistificación añade otra capa de irresponsabilidad a una barbaridad ya normalizada: venir, beber, molestar, jugar con la vida ajena y marcharse con unos cuantos clics. El sadismo también se graba en primera persona.