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El juez que instruye el ‘caso Villarejo’ atribuyó la misma responsabilidad penal al BBVA y al Santander por no haber funcionado los mecanismos de control
Tal y como asegura El Confidencial este miércoles, el Banco Santander habría puesto su infraestructura para ayudar a blanquear y evadir fondos a clientes españoles de la entidad suiza HSBC.
Según el medio, los técnicos del Banco de España, que actúan como peritos del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, emitieron un informe el 24 de julio y ratificaron las acusaciones vertidas contra la entidad hasta en siete periciales previas.
En su último informe de mediados de noviembre, señalan que el Santander colaboró en el blanqueo y la evasión de capitales de decenas de españoles en Suiza. Desde 2017, siete directivos de Banco Santander y tres de BNP Paribas están imputados por un delito continuado de blanqueo de capitales, cometido presuntamente al no detectar que el HSBC estaba ‘lavando’ fondos de origen ilícito a través de dichas entidades bancarias.
El HSBC recurrió en España, a través tanto en Santander Investments como en BNP en España, a las cuentas «ómnibus» o cuentas globales, en las que el propietario real de los valores es desconocido, pero gracias a la famosa ‘Lista Falciani’ la Justicia pudo determinar quiénes eran los propietarios reales de esas cuentas globales.
Tal y como informa El Confidencial, solo entre 2005 y 2008, se produjeron 1.070 operaciones entre Santander y HSBC Suiza por un importe total de 73,9 millones de euros, para hacer pagos en España a clientes de otros bancos, de los que 13,4 millones eran de personas denunciadas por delito fiscal.
Santander Investment utilizó una operativa similar y canalizó operaciones de compraventa de valores por valor de 441 millones, de los que 282 millones correspondieron a personas denunciadas por fraude fiscal.
El Santander defiende que siempre cumplió a rajatabla las reglas internacionales
La investigación sobre blanqueo de capitales aboca a la imputación como persona jurídica del Santander, aunque la entidad confía en que el caso sea sobreseído porque, según ha defendido, siempre cumplió a rajatabla las reglas internacionales, señaló que el HSBC no era un banco sospechoso hasta el estallido del escándalo de Falciani y dijo que su papel era solamente el de banco corresponsal.
El esposo de la ex directora de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude sería el cabecilla de la trama Charisma
El cabecilla de la bautizada como trama Charisma sería Alejandro Pérez Calzada, esposo de la ex directora de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) Margarita García-Valdecasas.
Según El Confidencial, los imputados en la causa hasta ahora son: el ex secretario general y del consejo de administración del Santander Ignacio Benjumea y los directivos José Manuel Araluce, Carlos Infesta, Carlos Fernández, Jesús Álvarez, Jesús Rivero y Marta Mora.
Fuentes jurídicas consultadas por El Independiente consideran que la entidad financiera que preside Ana Patricia Botín será «necesariamente» imputada en este procedimiento como persona jurídica, como pasó con el BBVA, al que el juez que instruye el ‘caso Villarejo’ atribuyó la misma responsabilidad penal por no haber funcionado los mecanismos de control.
Según el código Penal, el blanqueo de capitales es uno de los delitos para los que está prevista la responsabilidad de la persona jurídica tanto si los representantes legales o personas autorizadas a tomar decisiones delinquen «en nombre o por cuenta» de aquella o cuando la comisión del delito la llevan a cabo empleados y no han ejercido los administradores los «deberes de supervisión, vigilancia y control» necesarios.
Del mismo modo, el delito cometido debe reportar a la entidad algún tipo de beneficio «directo o indirecto» y se debe probar que dicho ilícito «se debe a la concurrencia de un delito corporativo por un defecto estructural en los mecanismos de prevención exigibles a toda persona jurídica».
Manuel García-Castellón, llamó al procedimiento al BBVA en calidad de investigado como persona jurídica por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción de los negocios, una condición que la entidad mantiene en la actualidad.
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