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Díaz ha señalado que la intención de su departamento es hacer una legislación laboral que vaya “mucho más” allá de la derogación.
Anoche participaba Yolanda Díaz en una entrevista en La Sexta con Ana Pastor, donde comenzaba asegurando que «la gente ya no es mileurista en nuestro país, justo por la política de devaluación salarial que practicó el Partido Popular».
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este miércoles que “técnicamente” no se puede derogar la reforma laboral: “¿Técnicamente se puede derogar la reforma laboral del Partido Popular? No, porque fue una reforma expansiva que afectó a más de 20 preceptos del Estatuto de los Trabajadores, a varios reales decretos y directivas”, ha aclarado la vicepresidenta.
Sin embargo, previamente, Díaz ha señalado que la intención de su departamento es hacer una legislación laboral que vaya “mucho más” allá de la derogación y ha recordado que la reforma del PP provocó “una enorme devaluación salarial, desequilibró la capacidad de negociación de trabajadores y empresarios” y convirtió a España en un país “con un trabajo precario”.
«Yo quiero un país en el que mi hija Carmela tenga un puesto de trabajo decente y además, bueno, tengo un salario que le permita vivir. Tenemos un porcentaje en España de trabajadores pobres que tienen dificultades para pagar el arrendamiento y que tiene que ir a Cáritas pues porque no son capaces de llegar a final de mes y nos lo podemos permitir», añadía.
Para ella también se constata que «solo haber subido el salario mínimo interprofesional en este país, unos niveles moderados, ha supuesto que se redujo la brecha de género: y que los salarios que son sobre todo mujeres y jóvenes, pues hayan aumentado un poco».
Por lo tanto, ha reiterado que la reforma será «muy ambiciosa» porque es necesario para «construir la España de futuro». «Desde que se aprobó en febrero la reforma laboral del PP, el Real Decreto 3 2012 se han registrado en el servicio público de empleo más de 180 millones de contratos. Uno de cada cuatro de ellos (contratos) tiene una duración inferior a siete días. Esto es imposible para una democracia contemporánea y nos aleja de Europa”, ha dicho.
Para ello, Díaz ha expuesto que el Ministerio de Trabajo trabaja en la “temporalidad, el reequilibrio en la capacidad de negociación entre sindicatos y empresarios” y la “subcontratación“.
“La reforma del PP fue extremadamente agresiva y este Gobierno va a actuar en lo más urgente y necesario, que es la modernización del mercado de trabajo a través de la negociación colectiva, la temporalidad, la formación, los nuevos ERTE y las políticas activas de empleo”, ha sentenciado.
Comisiones Obreras sobre la reforma laboral
Unai Sordo ha participado en Espajo Público, donde ha asegurado que «muchas veces, en lo que tiene que ver con la derogación de la reforma labora nos movemos en un debate nominalista que en las mesas de negociación ya teníamos superado».
«Para cambiar la reforma laboral de Rajoy hay que derogar algunos de sus aspectos y, además, articular una nueva legislación», añadía.
«La reforma laboral de 2012 provocó que algunos colectivos cobren salarios de miseria. Lo que hay que hacer es cambiar la ley y eso se llama derogar», continuaba.
«Esto no es una discusión entre convenios sectoriales y de empresa. Los convenios de empresa se negocian con los representantes de trabajadores/as y no son ajenos a los sindicatos».
«Hay que recuperar la ultractividad para que mientras se negocia un nuevo convenio el que estaba vigente no decaiga. Con la reforma de Rajoy ese convenio decaía y permitía la pérdida de derechos y debilitaba a trabajadores/as», concluye.
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González Amador y el negocio privado junto al poder público que Ayuso no podrá justificar jamás
Entre 2021 y 2023, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ganó una media de casi 1,5 millones de euros al año. No está mal para un “ciudadano cualquiera”. Tampoco está mal que esos fueran, precisamente, los primeros años de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casualidades. Siempre casualidades. En Madrid parece que la suerte empresarial cae del cielo, pero solo en ciertos áticos, ciertos despachos y ciertas sociedades con nombres pulidos.
González Amador había creado su consultora en 2016. Al año siguiente empezó a hacer auditorías para Quirónprevención. Entonces sus facturaciones estaban por debajo de los 400.000 euros. Después vino el salto. Y no un salto pequeño. Un salto de esos que en cualquier democracia mínimamente higiénica obligaría a abrir ventanas, expedientes y preguntas públicas. Porque Quirón recibe cada año alrededor de 1.000 millones de euros por su cooperación hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Ahí está la línea de puntos. No hace falta ser detective. Basta con no querer mirar hacia otro lado.
¿Ha cruzado Peinado la última línea?
El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer lo que mejor define esta instrucción: estirar el caso hasta convertirlo en un espectáculo político con toga. El 20 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el repertorio habitual de una causa que lleva demasiado tiempo oliendo más a obsesión que a justicia.
Pero esta vez Peinado fue más lejos. Mucho más lejos. En su auto llegó a sugerir que los agentes encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una hipotética fuga. Es decir, el juez no solo dibuja a la investigada como alguien que podría escapar. Dibuja también a policías nacionales como posibles cómplices. Sin una prueba concreta encima de la mesa. Sin individualizar conductas. Sin indicios determinados. Una sombra lanzada sobre servidores públicos porque sí. Porque encaja en el relato.
Israel mata al cámara Ahmed Wishah y vuelve a llamar “terrorista” al periodista muerto
El cámara de Al Jazeera Ahmed Wishah fue asesinado el 20 de junio en un ataque aéreo israelí contra una vivienda del campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza. No murió en una abstracción bélica. No cayó en “daños colaterales”. Fue alcanzado por un bombardeo en una casa de un campo de refugiados, uno de esos lugares donde la palabra refugio ya suena a burla cruel cuando la maquinaria militar israelí decide que no hay techo, calle, hospital, escuela, convoy, tienda de campaña ni cámara que merezca seguir en pie.
Según Al Jazeera, en el ataque murieron dos personas y al menos otra persona palestina resultó herida. La cadena fue directa: condenó el “asesinato deliberado” de Ahmed Wishah, trabajador de Al Jazeera Mubasher, y recordó que es el 12º trabajador de la red asesinado en Gaza desde que comenzó la guerra genocida de Israel en octubre de 2023. Doce trabajadores de un mismo medio muertos. Doce. Luego vendrán los portavoces con su jerga de expediente, sus frases prefabricadas y sus acusaciones sin pruebas. Pero el dato queda ahí, como una losa sobre la conciencia de un mundo que mira demasiado y actúa demasiado poco.
Vídeo | Estrenamos este domingo la segunda parte del reportaje “Palestina y la historia que quieren borrar”
Spanish Revolution estrena este domingo a las 15:00 la segunda parte de “Palestina y la historia que quieren borrar”, el reportaje dirigido y presentado por Patricia Salvador dentro de #ReportajesSR, el proyecto audiovisual dirigido por Patricia Salvador y Lea Guggelman.
Bajo el título “La Nakba eterna”, esta nueva entrega continúa el recorrido iniciado en el primer capítulo, donde se abordaba la Nakba para desmontar la mentira de que la historia de Palestina comienza el 7 de octubre.
Vídeo | El turismo que saquea las ciudades mientras sonríe para la foto
El turismo urbano ya no puede seguir vendiéndose como una postal amable, una maleta con ruedas y una pareja haciéndose fotos frente a una fachada histórica. En demasiadas ciudades se ha convertido en otra cosa. En una forma educada de saqueo. Entra sonriendo, paga tres noches, deja propina si toca, sube una historia a Instagram y se marcha. Lo que queda detrás no sale en la foto: alquileres imposibles, vecinas expulsadas, comercios de barrio sustituidos por locales sin alma y calles que ya no pertenecen a quienes las habitan.
No es turismo. Es extracción.