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Considerando que las matrículas de los centros privados rondan los 5,000 euros al año, se puede afirmar que son los propios estudiantes de la Formación Profesional privada los que están financiando sus propias prácticas.

La situación de González no es solo un caso individual de un periodista en apuros; es un testamento de los valores y principios que la Unión Europea busca defender y promover.

Los informes de presuntas violaciones graves de las normas humanitarias internacionales, como el uso de la fuerza letal contra personas que portan una bandera blanca, deben ser investigados a fondo y los responsables llevados ante la justicia.