Bélgica, Eslovaquia y España desafían el dogma armamentístico de la OTAN y exigen decidir en qué se invierte su dinero.
LA OBEDIENCIA MILITAR COMO ÚNICO PROGRAMA
No es un delirio ni un error de redacción. La OTAN está presionando a sus miembros para que destinen el 5% de su PIB a Defensa. Y no, no se trata de un límite máximo, sino de un objetivo impuesto, envuelto en el lenguaje hueco de la “seguridad compartida”, pero con la voz de Donald Trump resonando como eco de fondo. Europa, humillada, arrastra los pies hacia el altar de los cañones con la excusa del «mundo peligroso», como si las guerras no fueran fruto de decisiones, sino accidentes naturales.
Ante este chantaje con bandera estrellada, tres países han empezado a decir basta. Primero España, que en una pirueta política de Pedro Sánchez —mitad realismo, mitad cálculo electoral— anunció que se plantaba en un 2,1%. Luego, Bélgica se negó a llegar siquiera al 3,5% que exige el ala dura del cuartel general atlántico. Y ahora Eslovaquia se suma reclamando “el derecho soberano de decidir” a qué ritmo y con qué estructura puede aumentar su gasto militar.
No es solo una pelea por presupuestos, es una grieta en el relato hegemónico de la OTAN. Porque cuando la Alianza habla de “responsabilidad compartida” en realidad exige obediencia fiscal. No hay consulta democrática, no hay referéndum, no hay debate abierto en medios de masas. Lo que hay es presión, chantaje y propaganda. Y cuando un país se atreve a cuestionarlo, se convierte en “poco fiable”, “débil”, o “aliado tibio”. Traducción: alguien que todavía piensa que el dinero público debe responder al interés público.
GUERRA O BIENESTAR: UNA DECISIÓN POLÍTICA, NO TÉCNICA
La propuesta de gastar un 5% del PIB en defensa no es un objetivo técnico, es una declaración ideológica. Significa que, por cada 100 euros que produce una economía, cinco deben ir a tanques, drones, cazas o infraestructuras duales que, si llega el caso, se militarizarán en horas. Significa —en países como España o Bélgica— renunciar a modernizar escuelas, reforzar sanidad o mejorar pensiones, para blindarse ante enemigos que, en muchos casos, son construcciones narrativas con fecha de caducidad según dicten Washington o Tel Aviv.
Pedro Sánchez ha puesto sobre la mesa una verdad incómoda: que una inversión así “comprometería el Estado del Bienestar”. Es decir, no hay dinero para todo. No puedes tener pensiones dignas, vivienda pública, transporte verde y además cumplir las fantasías belicistas del Pentágono. Al menos no sin recortar en derechos. La guerra tiene un precio. Y se paga en salas de espera, en comedores escolares y en alquileres imposibles.
Pero claro, reconocer que el dinero es finito implica asumir que las prioridades se eligen. Y ahí está el problema. Porque los gobiernos que firman con orgullo la compra de misiles, blindados y cazas F-35, luego se atreven a decir que no pueden subir el SMI o rebajar la jornada laboral porque “no hay margen fiscal”. Lo hay. Lo que no hay es voluntad.
Eslovaquia ha dicho algo que debería grabarse en cada parlamento europeo: «Nos reservamos el derecho soberano de decidir cómo y a qué ritmo aumentar el gasto en defensa». No es una frase radical. Es lo mínimo exigible en una democracia. Y sin embargo, en la OTAN suena a herejía.
La propuesta de Mark Rutte, el nuevo secretario general de la OTAN, va más allá de lo militar. Es la consagración de un modelo económico en el que el Estado solo existe para proteger intereses estratégicos, no para cuidar a su gente. Suena fuerte, pero se traduce fácil: menos Estado del Bienestar, más Estado de Guerra.
Europa no está en paz porque sea fuerte, sino porque aprendió el precio de la guerra. Obligarla a olvidarlo es un crimen político.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
¿Qué ocurre cuando las personas dejan de ser tratadas como seres humanos y pasan a utilizarse como herramientas políticas? En este nuevo #ReportajeSR de Spanish Revolution, Léa Gugelmann analiza a fondo la…
THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
El Pentágono ha dado un paso sin precedentes: poner la toma de decisiones y la estrategia militar en manos de la inteligencia artificial. Patricia Salvador te cuenta en este #ReportajeSR cómo, a…