Las tres manipulaciones de Peinado, ¿quién puede frenar a un juez? 

Un magistrado que se cree fiscal, editorialista y acusador sin límites, sigue retorciendo la ley sin rendir cuentas a nadie

EL DERECHO COMO HERRAMIENTA DE GUERRA POLÍTICA

Tres manipulaciones de testigos, cinco imputados y cero pruebas sólidas. La cuenta no sale, salvo si la intención es fabricar un caso político en vez de investigar un delito. Juan Carlos Peinado no es un juez más: es el rostro de una forma de actuar que erosiona el Estado de derecho desde dentro, al amparo de una toga que lo reviste de legitimidad, pero sin control ni freno institucional.

Desde que decidió abrir una causa secreta contra Begoña Gómez basada en un dossier de prensa de Manos Limpias —sí, esa organización ultraderechista que confunde personas y se alimenta de bulos—, Peinado ha convertido su juzgado en una trinchera contra el Gobierno. Ha ignorado atestados de la Guardia Civil, forzado careos inexistentes y —lo más grave— ha manipulado testimonios para justificar imputaciones. No una vez. No dos. Tres.

La tercera ha sido con el ministro Félix Bolaños. El juez necesitaba que el ministro mintiera. No que dudara, no que no recordara, no que respondiera con ambigüedad: necesitaba que mintiera. Así que lo empujó, le pidió que se ausentara para hacer llamadas, le pidió un nombre, lo recibió… y después escribió que Bolaños había dicho algo que nunca dijo. No hay interpretación posible: en el auto atribuye al testigo palabras inventadas. Así pidió al Supremo que lo imputara por falso testimonio. Así, con esa base.

El precedente era aún más burdo: Juan José Güemes estuvo cinco meses imputado por una contradicción que tampoco existía. El juez aseguró que la jefa de Recursos Humanos del IE había dicho una cosa, Güemes la contraria, y usó esa supuesta contradicción para sostener la imputación. Pero las declaraciones textuales, cotejadas después, mostraron que el juez se lo había inventado. Así, sin más. Solo cuando la Audiencia Provincial intervino, la farsa se desmontó.

La misma estrategia, el mismo modus operandi, se repitió con Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, y Alfredo González, su superior jerárquico. Los dos dijeron lo mismo: que el nombramiento partió del Gabinete de Presidencia. Peinado forzó un careo igualmente. Y lo suspendió cuando le señalaron que no había contradicción alguna. El motivo: la testigo se iba de viaje. Y ahí quedó el montaje a medio hacer.

IMPUNIDAD, ULTRADERECHA Y UNA JUSTICIA SIN CONTRAPESO

¿Quién frena a un juez que se comporta como inquisidor con fuero propio? La respuesta, de momento, es nadie. La Audiencia Provincial ha corregido algunos excesos, sí. Pero nunca ha ido más allá. Las querellas por prevaricación fueron tumbadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. ¿Por qué? Porque el umbral para acusar a un juez es tan alto que ni siquiera tres tergiversaciones documentadas son suficientes.

Y mientras tanto, Peinado avanza: pide más imputaciones, interpreta sonrisas como faltas de respeto, titubeos como señales de culpa, explicaciones técnicas como actitudes “protervas” (sic). En lugar de juzgar hechos, el juez se entrega al arte de construir relatos que encajen en su guion acusador.

El caso Air Europa es otro ejemplo. A pesar de que la UCO concluyó que no hay delito alguno en la relación entre Gómez y el rescate de la aerolínea, Peinado insistió. Pidió informes, confundió empresas, reinterpretó competencias. Y cuando le señalaron que su línea de investigación vulneraba los límites impuestos por la Audiencia, dijo que encargar informes “no es investigar”. Solo llamarlos al juzgado, para exprimir titulares.

No es solo un exceso. Es una estrategia. El juez Peinado actúa como si la legalidad fuera una formalidad molesta, como si el objetivo no fuera esclarecer hechos, sino castigar al entorno del Gobierno por proximidad política. La querella de Manos Limpias lo dejó claro: era basura informativa, errores básicos de identificación, sospechas sin corroborar. Pero bastó para que la maquinaria se pusiera en marcha.

En ese contexto, ¿alguien se atreverá a decir que esto no es lawfare? ¿Alguien va a seguir creyendo que lo que ocurre en Argentina, Brasil o Ecuador no tiene su réplica ibérica en ciertos juzgados de instrucción?

Cuando la única consecuencia para un juez que manipula tres veces un testimonio es una rectificación discreta en una instancia superior, el mensaje es claro: puedes seguir. Nadie te va a parar.

La independencia judicial no puede ser sinónimo de impunidad. El abuso de poder también existe bajo toga. Y hoy, en España, tiene nombre