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La leyenda del diseño y reparación de bicicletas, Domingo Perucha, siempre ha reclamado que los edificios que el IVIMA construyó allí estaban sobre terrenos de su familia
Domingo Perucha (1935) es una leyenda viva. Perucha corrió con Coppi, Anquetil o Bahamontes. Un día, allá por los sesenta, le robaron la bici en Suiza y tuvo que fabricarse otra. Ahí decidió formarse como artesano matricero y mecánico de bicicletas. Se trasladó a Madrid en lo que fue su casa familiar, en la Av. de Asturias 50, donde montó su taller, el Club Ciclista Perucha y su empresa de construcción de bicicletas.
La familia Perucha nunca pudo legalizar el terreno «porque un cacique local con buenos contactos en la administración franquista falsificó las escrituras para quedarse con los terrenos. Ellos siguieron viviendo allí convencidos de que algún día se haría justicia», tal y como cuenta Hibai Arbide Aza en este artículo.
Por sus manos pasaron las bicicletas de primeras figuras como Marino Lejarreta o Anselmo Fuentes. Domingo fue seleccionador y entrenador del equipo paralímpico de la ONCE y los tándems que diseñó (en la disciplina se corre con este tipo de bicis) ganaron tres oros en Barcelona, Atlanta y Sidney, cinco campeonatos del Mundo, el campeonato de Europa y tres campeonatos de España.
El desalojo de Perucha
El Instituto de la Vivienda de Madrid reconoció a la familia Perucha como residente no propietaria; le dio la posibilidad de vivir en un piso de alquiler en el edificio contiguo, pero nada más. El 12 de febrero de 2003, Perucha fue desalojado de su taller. La policía vació su tienda y un grupo de operarios levantó una tapia delante de la puerta. El local nunca fue vendido, así que Perucha lo okupó y volvió a abrir su taller.
Desde entonces el taller del Perucha se convirtió en un secreto a voces entre los aficionados a la bicicleta, que pasaban en él horas aprendiendo del maestro y escuchando sus anécdotas. Un libro y el citado documental sobre su figura sirvieron para recaudar dinero para abogados y distintos recursos consiguieron retrasar la sombra de un nuevo desalojo.
Ahora, tras 20 años de reivindicación de sus propiedades familiares y fomento del ciclismo, Perucha recibió la notificación de desalojo voluntario de su taller el 4 de marzo de 2020. Como el taller ha seguido arreglando bicicletas, se ha iniciado el trámite de la ejecución forzosa que puede ser inminente, es decir, en cualquier momento el Perucha puede ser desalojado de nuevo.
Riders x derechos Madrid se ha hecho eco del tema y se están coordinando para:
– Intentar impedir el desalojo
– Difundir la situación actual
– Proponer ideas de apoyo y ponerlas en práctica
Para ello quieren crear una red solidaria que se coordinará desde el correo: [email protected]
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Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
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