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Exigen desde la PAH que el decreto antidesahucios sea aprobado en el próximo Consejo de ministros, del día 15 de diciembre
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se ha mostrado indignada ante el PSOE ante el nuevo retraso del decreto para prohibir los desahucios sin alternativa habitacional para las familias vulnerables mientras dure el estado de alarma.
La ley antidesahucios se dirige a inquilinos que no pueden pagar, pero se pretende ampliar las medidas a personas que ya eran vulnerables antes de la emergencia sanitaria. El pasado marzo el Gobierno aprobó medidas que impiden expulsar a inquilinos vulnerables por la pandemia, que luego se ampliaron en dos ocasiones y actualmente contemplan su aplicación hasta el 31 de enero.
El lanzamiento, según el decreto, no podrá ejecutarse hasta que estas personas vulnerables no tengan asegurado y garantizado su realojo. La condición de vulnerabilidad la concederán los servicios sociales a través de un informe vinculante.
La PAH y el sufrimiento de la gente
La PAH critica que esta cuestión no se aprobara en el Consejo de Ministros de ayer cuando todo parecía indicar que sí y acusa al PSOE de seguir “buscando excusas” y estar “alargando el sufrimiento de la gente”.
“¿El sufrimiento de cuántas familias más necesita un gobierno, que presume de progresista y de ser el más social de la historia, para hacer un Decreto Stop Desahucios que pare esta alarma social?”, se pregunta la PAH. “¿Para qué valen los compromisos políticos de las fuerzas parlamentarias en el Congreso? ¿O no son ellos los que gobiernan?”, son otras de las cuestiones que lanza.
“No puede ser que los bancos, fondos buitre, grandes propietarios y las energéticas de este país continúen dictando al supuesto gobierno progresista las leyes que han de aprobarse y las que no”. En su opinión, “es hora de escuchar y dar respuesta a las familias vulnerables que están siendo desahuciadas y viendo sus suministros básicos cortados” y “dejar de lado a supuestos expertos”, como BBVA, Santander, Blackstone o Endesa.
Tras esto, exigen que el decreto antidesahucios sea aprobado en el próximo Consejo de ministros, del día 15 de diciembre, y avisan que “no permitirá más retrasos ni recortes en el texto ya acordado”.
Presiones al Gobierno
Pese a lo necesario de esta medida, despachos, fondos y juristas amenazan al Gobierno con una avalancha de demandas por daño patrimonial al Estado; y por lo visto, está funcionando. Así lo han señalado despachos como Linklaters, Hogan Lovells y Fieldfisher Jausas, abogados del Estado, jueces en excedencia y fondos al medio Expansión. Tan solo el fondo Blackstone atesora una cartera de 35.000 viviendas.
Adolfo Guerrero, socio responsable de Inmobiliario en Madrid de Linklaters señala al medio que «la aprobación de medidas que van más allá de la situación causada por el Covid genera incertidumbre, cambia las reglas del juego e implica que los clientes tengan dudas a la hora de invertir en España. Nadie pone en duda la tarea asistencial del Estado, pero lo lógico sería que la prestara el Estado con sus recursos. Cuantas más medidas de este tipo se aprueben, más incertidumbre habrá para los inversores y, por tanto, entrará menos inversión en España».
Javier Galán, socio de Inmobilario de Fieldfisher Jausas, también en declaraciones a Expansión, señala que «que se dé soporte legal por primera vez a que se pueda permanecer en una vivienda sin pagar es una catástrofe para la seguridad jurídica del país, con un impacto inmediato y severo en inversiones nacionales y extranjeras, cuando hay colectivos que se dedican profesionalmente a ocupar viviendas y tienen una cobertura legal».
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