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No se trata de puritanismo ni de extremismo moral; se trata de reconocer el daño que este tipo de discursos provoca en una sociedad que aún lucha por erradicar la violencia sexual y de género.
La reciente defensa del arzobispo Luis Javier Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, hacia Antonio Martín, alcalde de Vita, quien en pleno festejo público entonó una canción con contenido explícitamente pederasta, es una muestra evidente del silencio cómplice que sigue envolviendo a sectores de poder en torno a la violencia sexual. Martín, quien fue expulsado del Partido Popular tras el incidente pero se niega a dimitir, ha sido justificado por Argüello con un argumento que, lejos de condenar lo sucedido, lo diluye en una excusa simplista: el contexto de una fiesta local y el consumo de alcohol.
Para cualquier persona que siga de cerca los problemas de abuso y violencia de género, este episodio no es más que un reflejo de lo que ya se ha normalizado en ciertos círculos de poder: la minimización del abuso bajo la excusa de la tradición, el folclore o, como en este caso, el alcohol. Y es que, según el presidente de la Conferencia Episcopal, «a altas horas de la madrugada, después de haber bebido, hay que poner las cosas en contexto». Una excusa insultante, que invisibiliza la gravedad del hecho y lanza un mensaje claro: la responsabilidad desaparece cuando las fiestas y el alcohol entran en juego.
DEFENDER EL ABUSO COMO PARTE DEL FOLCLORE ES INDIGNANTE
Es absolutamente incomprensible que una autoridad religiosa de tal relevancia no solo minimice lo ocurrido, sino que lo justifique. No estamos hablando de un error menor. Estamos hablando de un alcalde que, en una posición de poder, entona una canción en la que describe el abuso de una niña, algo que no puede ni debe relativizarse bajo ningún concepto. La letra, con referencias explícitas a la agresión sexual, fue cantada en público, y el hecho de que alguien en su posición considere aceptable comportarse de tal manera refleja el nivel de impunidad que ciertas figuras creen tener.
La respuesta de la Iglesia no ha sido una firme condena ni un llamado a la reflexión, sino una lamentable defensa del comportamiento, argumentando que la sociedad es «excesivamente puritana». Este tipo de afirmaciones solo sirven para perpetuar la cultura del abuso y del silencio que la rodea. No se trata de puritanismo ni de extremismo moral; se trata de reconocer el daño que este tipo de discursos provoca en una sociedad que aún lucha por erradicar la violencia sexual y de género.
Lo peor de todo es que esta actitud no es un hecho aislado. Hace tiempo que se viene criticando el papel de la Iglesia en la defensa de ciertos comportamientos. Desde su resistencia a indemnizar a las víctimas de abusos cometidos por clérigos, hasta la justificación de actos como este, la institución ha dejado claro que sus intereses están muy lejos de las necesidades reales de las víctimas. Cada vez que un líder eclesiástico justifica o minimiza este tipo de incidentes, envía un mensaje de impunidad a la sociedad, reforzando la idea de que ciertos sectores de poder pueden saltarse las normas y salir impunes.
EL ALCOHOL NO JUSTIFICA EL ABUSO
El argumento de que el alcalde actuó bajo los efectos del alcohol es, sin lugar a dudas, otro intento fallido de diluir la gravedad del asunto. La ebriedad no borra la responsabilidad. Este es un principio fundamental en cualquier sistema de justicia y ética. Sostener lo contrario abre la puerta a una peligrosa justificación: si una persona está bajo los efectos del alcohol, se le permite cometer actos atroces sin que haya consecuencias graves. Esta excusa es inadmisible, especialmente cuando proviene de alguien que tiene un rol de liderazgo en la sociedad, ya sea como alcalde o como representante de la Iglesia.
Pero lo más inquietante no es solo que se use el alcohol como justificación, sino la insinuación de que la sociedad es la que está exagerando. Según Argüello, hay que tener cuidado con no crear una «sociedad excesivamente puritana». Esta afirmación, lejos de ser inocua, es un ataque directo a quienes exigen responsabilidad y respeto por los derechos humanos. No se trata de un puritanismo desmedido, sino de exigir que quienes ocupan cargos de responsabilidad actúen con la ética que se espera de ellos. ¿Es puritano exigir que un alcalde no cante sobre abusar de una niña? ¿Es extremista pedir que las autoridades tomen medidas contra quienes promueven discursos de violencia sexual?
El problema de fondo es la aceptación social del machismo y la violencia. La violencia simbólica que representa entonar este tipo de canciones en una verbena es la misma que permite que en otros contextos se perpetúen abusos de poder y violencia sexual sin que haya repercusiones. Y lo más grave es que figuras como Argüello intenten pintar estas críticas como un ataque a la cultura popular o a la libertad de expresión. Cantar sobre violar a una niña no es cultura, no es folclore, ni mucho menos una broma fruto de la embriaguez. Es un acto profundamente violento que refuerza una cultura de abuso y misoginia que debe ser erradicada de raíz.
Cada día, miles de mujeres y niñas son víctimas de abuso y violencia sexual. Muchas de ellas encuentran enormes dificultades para ser escuchadas y obtener justicia. Cuando una figura de poder como un alcalde canta abiertamente sobre abusar de una menor, y cuando un líder religioso lo justifica, el mensaje es devastador: el abuso se tolera, se trivializa, se excusa.
Este tipo de discursos no solo son irresponsables, sino peligrosos.
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