El Algarrobico: Moreno pide ahora a los jueces lo que su Gobierno rechazó hace un año
El Algarrobico no es solo un hotel ilegal varado en Cabo de Gata. Es una confesión de hormigón. Una mole que lleva dos décadas recordando que el urbanismo salvaje en España no fue un accidente, sino un modelo de negocio, una cultura política y una forma de saqueo. Ahí sigue. Plantado sobre dominio público marítimo-terrestre, dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, como si la ley fuese una sugerencia estética y la naturaleza una molestia administrativa.
El 17 de junio, la Junta de Andalucía anunció que pedirá al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anule la licencia de obras del hotel. Lo hará, dice ahora, para sustituir al Ayuntamiento de Carboneras, que era el primer obligado a cumplir y que ha decidido seguir jugando al escondite con las sentencias. El detalle es importante. Muy importante. Porque el Gobierno de Moreno Bonilla propone ahora lo mismo que las y los ecologistas llevan reclamando desde hace años. Y lo mismo a lo que la propia Junta se opuso en marzo de 2025.
Así funciona esta maquinaria. Primero se mira hacia otro lado. Luego se acusa al de enfrente. Después se descubre, con gesto grave, que la ley debe cumplirse.
Recongelar el Ártico mientras se incendia el sistema
La escena tiene algo de ciencia extrema y algo de derrota política. En Cambridge Bay, al norte de Canadá, un equipo de Real Ice perfora el hielo marino del Ártico, bombea agua del océano hacia la superficie y espera que el invierno haga su parte. La idea suena a disparate. Lo dicen incluso quienes participan en ella. Pero el disparate real no está en intentar salvar un trozo de hielo. El disparate real es que el planeta haya llegado al punto de necesitar experimentos de emergencia porque las grandes potencias, las petroleras y las élites económicas han preferido proteger beneficios antes que proteger la vida.
Hace cinco meses, trabajando con temperaturas de -40ºC, el equipo bombeó 50.000 toneladas de agua sobre el hielo. Aquella agua se congeló casi al instante y, según las mediciones, añadió unos 50 centímetros de espesor a una capa que tenía 1,5 metros. El invierno anterior habían conseguido añadir 30 centímetros. Puede parecer poco, casi ridículo frente a la escala del desastre. Pero 30 centímetros ya permiten circular a una camioneta y pueden alargar la vida útil del hielo entre 7 y 10 días. Esa es la medida de nuestra época: celebramos ganar una semana mientras el sistema pierde décadas.
Mohamadou Diawara murió de un disparo en una comisaría y ahora la Audiencia exige investigar lo que el juzgado quiso cerrar
Mohamadou Diawara tenía 22 años, un trastorno mental diagnosticado y una vida que terminó el 24 de julio de 2025 dentro de unas dependencias policiales de Montornès del Vallès, en Barcelona. Murió por un disparo efectuado por un agente de la Policía Local después de entrar en comisaría con un cuchillo. Esa es la versión básica. La que cabe en un titular. La que suele servir para cerrar rápido el cajón cuando la víctima es joven, racializada, pobre o vulnerable.
Pero una muerte en comisaría no se archiva como quien firma una multa. No debería. Porque cuando una persona muere por el uso de fuerza letal a manos de agentes del Estado, lo mínimo exigible no es confianza ciega. Es investigación. Es prueba. Es reconstrucción. Es verdad material. El Estado no puede disparar, perder la grabación clave porque una cámara estaba estropeada y luego pedir fe.
El Hormiguero ya no entrevista a Feijóo: le abre plató para hacer oposición
Alberto Núñez Feijóo fue este 17 de junio a El Hormiguero y no encontró una entrevista. Encontró un pasillo alfombrado. Encontró un escenario amable, una conversación diseñada para que pudiera disparar contra el Gobierno, contra el PSOE y contra José Luis Rodríguez Zapatero sin que el espejo de su propio partido le devolviera demasiadas imágenes incómodas. La televisión convertida en maquinaria de guerra política. Ya sin pudor. Ya sin disimulo.
El líder del PP reservó para el programa de Pablo Motos su análisis sobre la declaración de Zapatero en la Audiencia Nacional. Lo hizo unas diez horas después de que el expresidente socialista pidiera públicamente “confianza” para demostrar que es “completamente inocente”. El juez José Luis Calama, según se ha conocido, considera que la declaración no ha disipado las sospechas, aunque no vio necesario imponer medidas cautelares. Ese matiz es importante. Pero en la televisión convertida en ring no caben los matices. Caben las frases. Los golpes. La insinuación con iluminación de plató.
Europa se cree imperio, pero compra las piezas en China
La Unión Europea vuelve a jugar a ser potencia imperial justo cuando más se le ven las costuras. El debate sobre China, que se discutirá en la cumbre europea del 18 y 19 de junio en Bruselas, no es una pelea entre España y Francia. Esa es la lectura cómoda, la de tertulia con banderitas. La disputa real es otra: diplomacia económica o seguidismo suicida de la lógica de bloques. Negociar con una potencia de la que dependes o fingir que puedes golpear la mesa sin que se te caiga encima la fábrica entera.
Los datos son brutales. El déficit comercial de la UE con China llegó a 360.000 millones de euros en 2025. En el primer trimestre, el agujero se amplió hasta casi 95.000 millones, frente a los 88.400 millones del mismo periodo anterior. China exporta más, Europa compra más y luego algunas y algunos dirigentes europeos se suben a un atril a llamar “soberanía” a depender de componentes, minerales, baterías, tecnología y manufacturas que no controlan. Europa se cree imperio, pero compra las piezas en China.
PP y Vox vuelven a llamar libertad a hacer daño
La derecha ha vuelto a hacer lo que mejor sabe hacer cuando se habla de derechos LGTBI: disfrazar la violencia de libertad. La Comisión de Igualdad del Congreso aprobó el 17 de junio el dictamen de la ley para castigar penalmente las falsas terapias de conversión, esas prácticas que no curan nada porque no hay nada que curar. La norma sigue ahora hacia el pleno y plantea penas de prisión de seis meses a dos años para quien aplique métodos destinados a “modificar, reprimir, eliminar o negar” la orientación sexual o la identidad de una persona. También incorpora multas de 8 a 24 meses.
Y aquí llega la escena conocida. PP y Vox votaron en contra.
No votaron contra una ocurrencia. No votaron contra una extravagancia legislativa. Votaron contra una norma que pretende llevar al artículo 173 del Código Penal, el de las torturas y delitos contra la integridad moral, prácticas que ya están consideradas una infracción administrativa muy grave por la Ley Trans de 2023, con sanciones de hasta 150.000 euros. Es decir, el Estado ya reconoce que esto no es “acompañamiento”, ni “ayuda”, ni “libertad educativa”. Lo que se discute ahora es si basta con una multa o si quien se lucra, organiza o ejecuta estas prácticas debe responder penalmente.
Un diputado de Vox: “El comunismo ha sacado las conductas LGTBI del catálogo de los trastornos y las ha metido en el de los derechos humanos”
El diputado de Vox en la Asamblea Regional de Murcia Antonio Martínez Nieto dejó este 17 de junio, a las 17:49 horas (actualizado a las 22:22 horas), una de esas intervenciones que conviene no despachar como una simple salida de tono. No lo fue. Fue bastante peor. Fue una declaración ideológica completa, una postal nítida de lo que la ultraderecha quiere hacer con las personas LGTBI, con el alumnado trans y con cualquier avance que huela a derechos humanos.
La moción presentada por Podemos-IU pedía algo muy concreto: que el Gobierno murciano elaborase un protocolo específico de atención al alumnado trans y de prevención del acoso transfóbico en los centros educativos. Nada revolucionario, salvo que para la extrema derecha la mera existencia de las personas trans ya parece una revolución intolerable. La iniciativa había sido registrada el 13 de mayo por la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, María Marín Martínez, al amparo del artículo 195 del Reglamento de la Cámara. También se apoyaba en el artículo 61 de la ley trans estatal, que obliga a las administraciones públicas a desarrollar este tipo de protocolos.
El Hormiguero se confirma (de nuevo) como la punta de lanza televisiva de la oposición
El Hormiguero hace tiempo que dejó de ser solo un programa de entretenimiento. O, mejor dicho, hace tiempo que el entretenimiento se convirtió allí en una excusa perfecta para otra cosa. Un decorado amable. Una mesa cómoda. Dos hormigas. Un presentador que se coloca como sentido común nacional. Y, alrededor, una maquinaria capaz de convertir la política en sobremesa emocional, la crítica al Gobierno en chascarrillo y la propaganda conservadora en conversación de bar con presupuesto millonario.
La visita de Alberto Núñez Feijóo el 17 de junio no fue una anécdota. Fue una postal. El líder del PP acudió al programa en una semana diseñada para cargar contra el Gobierno, con el caso Plus Ultra, con Zapatero declarando ante el juez y con la oposición repitiendo su mantra favorito: España arde, Sánchez se esconde, la derecha viene a restaurar la decencia. Todo muy espontáneo. Todo muy natural. Todo cuidadosamente colocado.
Grupo Volcán y el apagón de Berlín: la rabia climática que el poder prefiere llamar terrorismo
El 3 de enero, Berlín descubrió algo que el capitalismo fósil lleva décadas ocultando bajo moqueta institucional: la infraestructura que sostiene nuestra vida cotidiana es frágil, vulnerable y profundamente política. Aquella mañana, hacia las seis, alguien incendió cinco cables de alta tensión bajo un puente sobre el canal de Teltow. Cada cable tenía unos 10 centímetros de grosor. No era una gamberrada. No era una pataleta juvenil. Era una acción calculada contra una red que venía de una central eléctrica de gas natural y alimentaba a unos 45.000 hogares, 2.200 empresas y cuatro hospitales.
El resultado fue un apagón enorme. Cuatro distritos afectados. 10.000 hogares recuperaron la electricidad al día siguiente, pero otros 35.000 permanecieron a oscuras durante cinco días. Berlín vivió su apagón más largo desde la Segunda Guerra Mundial. Y ahí empieza el dilema incómodo. Porque una cosa es comprender la acción y otra fingir que no tuvo consecuencias duras para la gente común.
Rubén Gisbert quiso dar lecciones sobre la dana y la jueza le recordó que no sabe ni dónde está el barranco del Poyo
La causa judicial por la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 personas fallecidas, no necesita ruido. Necesita verdad, rigor, responsabilidades políticas y respeto a las víctimas. Justo lo contrario de lo que suele traer la industria del barro cuando se disfraza de acusación popular, de patriotismo de plató o de heroísmo de YouTube.
La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha dictado este 16 de junio un auto especialmente duro contra el abogado y youtuber Rubén Gisbert. No por pensar distinto. No por molestar al poder. No por incomodar a nadie. Por algo más básico: por pedir diligencias graves sin conocer, según la magistrada, elementos esenciales de la causa. El problema no es que Gisbert sea incómodo. El problema es que, según el auto, ni siquiera sabe bien de qué habla.
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Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
15.000 personas ya han visto cómo la fe se convierte en poder
El último ReportajeSR analiza cómo determinados sectores del evangelismo conservador dejaron de limitarse a los templos para convertirse en una maquinaria política al servicio de la extrema derecha. De Trump a Bolsonaro, de Milei a Vox: redes comunitarias, guerras culturales, dinero, medios y religión convertidos en infraestructura electoral.
Presentado por Léa Gugelmann, el reportaje ya ha superado las 15.000 visualizaciones desde su estreno. Porque para entender el auge de la extrema derecha no basta con mirar a sus candidatos: también hay que observar quién construye sus discursos, moviliza sus bases y presenta el autoritarismo como una misión divina.
Vídeo | Sadismo en primera persona
Un turista graba el encierro de San Fermín como si estuviera en una atracción. Adrenalina, golpes, risas y animales convertidos en decorado para conseguir un vídeo viral. No está viviendo una tradición: está consumiendo sufrimiento como entretenimiento.
Además, corre con una cámara cuando está prohibido hacerlo, poniendo en peligro a quienes tiene alrededor. La turistificación añade otra capa de irresponsabilidad a una barbaridad ya normalizada: venir, beber, molestar, jugar con la vida ajena y marcharse con unos cuantos clics. El sadismo también se graba en primera persona.
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