25 millones públicos y demasiados apellidos cerca

La sanidad pública valenciana no está para engordar clínicas privadas, ni para convertir las listas de espera en una autopista hacia el negocio.

Según la información publicada, la Conselleria de Sanidad derivó más de 25 millones de euros a empresas del grupo privado dirigido por el hermano del conseller Marciano Gómez. Primero llegaron las derivaciones. Luego, la compra por Ribera Salud por 120 millones.

Casualidades, dicen.

Pero cuando el dinero público acaba reforzando empresas privadas conectadas familiarmente con quienes toman decisiones políticas, ya no hablamos solo de gestión. Hablamos de un modelo. Un modelo en el que la pública se vacía, la privada factura y la ciudadanía espera.

Y siempre esperan las mismas personas.

La UCO no encontró el botín. La derecha encontró otra excusa.

El informe no señala movimientos sospechosos en las cuentas de Begoña Gómez. Nada de imperio oculto. Nada de enriquecimiento. Nada de la gran trama que llevaban meses vendiendo. Pero da igual. El PP ya ha decidido que 206 euros sirven para sostener una película de corrupción si la protagonista es la esposa de Pedro Sánchez. Peinado empuja, la derecha agita y la maquinaria del fango sigue funcionando aunque la realidad le haya estallado en la cara.

Kitchen no era una cloaca: era una tubería conectada al PP

Un comisario confesando que la operación existió. Audios que apuntan a Cospedal. Fondos reservados. Un chófer pagado durante dos años con dinero público. Billetes de 500 euros. Y una frase que lo resume todo: había que parar la “libretita”.

Esto no va de policías sueltos ni de manzanas podridas. Va de un partido usando el Estado como si fuera su empresa de limpieza. Para tapar su caja B. Para borrar pruebas. Para proteger al poder mientras a la gente corriente le pedían sacrificios, recortes y obediencia.

El caso Kitchen retrata una época. Y también una forma de entender la política: las instituciones para ellos, la ley para los demás.

Fingir una muerte para vender un libro no es una provocación: es una bajeza política y humana.

El 22 de mayo, un comunicado falso atribuyó el supuesto suicidio de Daniel Hernán Huerta a personas del ámbito queer y trans. Hablaba de “catorce años” de hostigamiento y construía culpables antes de que nadie pudiera verificar nada. Al día siguiente, 23 de mayo, el texto ya circulaba públicamente. Y la maquinaria de siempre hizo lo suyo: convertir una muerte no comprobada en munición contra el colectivo LGTBIQ+. No era duelo. Era señalamiento.

La puerta giratoria con coche oficial

España tiene una especialidad democrática bastante obscena: pagar oficina, seguridad y medios públicos a quienes dejaron La Moncloa mientras apenas controla qué hacen luego con su agenda, sus contactos y su capacidad de abrir puertas. El Real Decreto 405/1992 regula sus derechos, pero no pone límites serios a sus negocios privados. La Ley 3/2015 solo establece restricciones durante dos años, como si el poder caducara como un yogur y las llamadas importantes dejaran de contestarse al mes 25.

Lo llaman lobby cuando suena fino. Lo llaman experiencia cuando paga bien. Pero muchas veces lo que se vende no es conocimiento: es acceso. España necesita registro obligatorio de lobbies, reuniones trazables, incompatibilidades reales y sanciones que duelan.

El expresidente comparecerá el 2 de junio como investigado en la Audiencia Nacional mientras crecen las dudas sobre Plus Ultra, las comisiones, Dubái y el dinero que acabó en la empresa de sus hijas.