Juanma Moreno llegó al Parlamento andaluz con el disfraz planchado. Moderación, diálogo, cercanía, responsabilidad. Todo el repertorio. Pero el problema de los disfraces políticos es que duran poco cuando hay números encima de la mesa. Y los números son tercos: el PP tiene 55 escaños y Vox tiene 15. Después de las elecciones del 17M, Moreno perdió la mayoría absoluta y descubrió, otra vez, que su famosa “vía andaluza” no era una autopista de centralidad, sino un camino estrecho que termina en la puerta de Santiago Abascal.

El gran paripé consiste en esto. Moreno intentó marcar distancias con Vox sin romper con Vox. Quiso no pronunciar la fórmula mágica de la ultraderecha, esa “prioridad nacional” que pretende convertir los servicios públicos en una ventanilla de exclusión. No la dijo. Usó la palabra “prioridad” seis veces, pero nunca la pegó a “nacional”. Tampoco ligó inmigración e inseguridad, como sí esperaba la extrema derecha. Y, claro, Vox le dio el portazo antes incluso de que terminara el espectáculo: anunció su “no” 40 minutos antes del final del discurso.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decidido imputar a 25 nuevas personas en el llamado caso Leire Díez. Y el dato no es menor. Entre ellas figura María Belén Gualda González, presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, una pieza central en el engranaje público que gestiona participaciones empresariales del Estado. La decisión llega después de que lo pidiera la Fiscalía Anticorrupción, que investiga posibles delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación.

La fotografía es fea. Muy fea. Porque lo que se investiga no es una anécdota administrativa ni un error de papeleo. La causa apunta, según Anticorrupción, a una dinámica continuada de intermediación ilícita en contratación pública, con una red que habría buscado influir en resoluciones administrativas, procedimientos de contratación y ayudas financieras. En castellano claro: usar las puertas del Estado como pasillo privado para negocios, favores y réditos económicos.

Jordi Évole no necesitó levantar la voz. Le bastó con una frase cargada de veneno fino para dejar señalado el problema. El 28 de junio, la polémica ya estaba servida: Évole respondió en X a Vito Quiles después de que este se diera por aludido por unas declaraciones del presentador de Lo de Évole en el Festival de las Ideas y la Cultura (FIC), organizado por elDiario.es y celebrado en Rivas-Vaciamadrid los días 26 y 27 de junio.

“Por Dios, don Vito. Usted piense lo que quiera sobre mí. Ante todo, libertad. Y disculpe que igual le he pillado persiguiendo al novio de Ayuso y le estoy interrumpiendo en su maratoniana jornada laboral”, escribió Évole. Luego remató: “Su cinismo nos marca el camino. Feliz domingo”. Sarcasmo, sí. Pero no solo sarcasmo. También diagnóstico.

Telecinco tuvo que leer este jueves una condena en directo contra Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana, por lo que la justicia considera una “intromisión ilegítima e injustificada” en el derecho al honor de Romi Murillo Martínez. No fue una rectificación voluntaria. No fue un gesto de responsabilidad. Fue una sentencia. Y eso cambia bastante las cosas.

El encargado de leer el fallo fue César Muñoz en El tiempo justo, el programa que ocupa la sobremesa de Telecinco desde la cancelación de TardeAR en septiembre de 2025. La escena tenía su punto de ironía amarga: una productora condenada por lo emitido en un programa desaparecido tiene que escuchar su propia condena en el espacio que lo sustituyó. Mismo canal. Misma franja. Misma empresa detrás. La maquinaria sigue.

La estrategia no nace en Aragón, pero en Aragón se ve sin maquillaje. El Partido Popular ha entendido que gobernar ya no consiste solo en aprobar presupuestos, privatizar servicios o colocar a los suyos en los puestos clave. También consiste en ocupar el aire. Marcar conversación. Llenar tertulias. Premiar obediencias. Hacer que la crítica parezca ruido y que la propaganda parezca paisaje.

Madrid fue el laboratorio. Isabel Díaz Ayuso convirtió la comunicación política en una guerra permanente: eslogan, bronca, victimismo, bandera y medios girando alrededor del personaje. Todo muy moderno, muy agresivo, muy de manual. Pero detrás de la épica prefabricada hay algo bastante menos heroico: dinero público, campañas institucionales, gasto en publicidad y una red mediática que no vive solo de audiencias, sino también de contratos. El relato de la “libertad” se paga. Y se paga con dinero de todas y todos.