Una democracia solo muere cuando la ciudadanía mira hacia otro lado. Estados Unidos está en esa frontera.
EL AUTORITARISMO COMO MÉTODO
Hay momentos históricos en los que las sociedades se ven obligadas a mirarse al espejo y aceptar lo evidente. Estados Unidos está en uno de ellos. Donald Trump ha dejado de ser una anomalía ruidosa para convertirse en un proyecto sistemático de demolición democrática, un liderazgo donde la ley es ornamental y la Constitución, un estorbo.
Lo ocurrido en las últimas semanas no es una estridencia más del trumpismo. Es la confirmación de que su neofascismo ya no se avergüenza. Cuando un presidente lanza amenazas de muerte contra representantes electos por cumplir la ley, algo esencial se ha roto. Trump escribió “SEDITIOUS BEHAVIOR, punishable by DEATH” contra seis legisladores —veteranos de la CIA y de las Fuerzas Armadas— que recordaron una obviedad jurídica: el deber militar es obedecer la Constitución, no al presidente de turno. Después difundió mensajes pidiendo que los colgaran. No fue una metáfora. Fue un aviso.
Lo más inquietante no es la amenaza. Lo más inquietante es que una parte de la sociedad ya lo ve normal.
Bajo esta lógica, solo existe un acto “legal”: obedecer al líder. Y todo lo que contradiga sus deseos se convierte en crimen. Esa doctrina política tiene un nombre en los libros de historia, y nunca ha terminado bien.
Mientras tanto, los aparatos represivos del Estado se mueven como sombra. Agentes federales sin identificación, vehículos sin matrícula, desapariciones breves, intimidación sistemática. Ocurrió en Portland, en Chicago, en Los Ángeles. Entraron en casas, reventaron ventanas, allanaron centros comunitarios y persiguieron a quienes protestaban. No es seguridad pública. Es pedagogía del miedo.
La senadora Elissa Slotkin recibió amenazas de bomba. Activistas y periodistas afrontan acoso coordinado. Y la respuesta de Trump es la misma siempre: más gasolina.
LA LEY ES EL LÍMITE, Y POR ESO QUIERE DINAMITARLA
La legislación estadounidense ya contempla este tipo de abuso. El Título 18, Código 610, tipifica como delito que un cargo público utilice su posición para intimidar o castigar a ciudadanos por su expresión política. Un presidente amenazando con ejecutar a congresistas es una violación de manual. Pero el problema no es jurídico. El problema es político. Y también moral.
Estados Unidos ha vivido suficientes horrores para haber aprendido la lección. My Lai. Abu Ghraib. Guantánamo. Las órdenes ilegales siempre terminan saliendo a la luz. Pero Trump insiste en borrar esa historia: quiere convertir la obediencia ciega en virtud patriótica.
En paralelo, se ha enriquecido de forma obscena desde el Despacho Oval. En apenas diez meses ha multiplicado su patrimonio gracias al uso privado del cargo. Ha usado el Estado como una empresa familiar. Ha presionado a gobiernos extranjeros. Ha atacado a jueces. Ha manipulado al Departamento de Justicia. Ha convertido la seguridad nacional en una prolongación de sus intereses personales. Y lo peor: ha probado el poder y quiere más.
La Constitución ofrece una herramienta precisa para estos casos: impeachment. No como espectáculo político. No como revancha partidista. Sino como obligación democrática. Un presidente que amenaza a representantes electos con la muerte por cumplir la ley es un peligro para la República.
Y aun así, el Partido Republicano bloquea cualquier proceso. Mike Johnson no permitirá una votación. El Senado se esconde. Los mismos que se llaman “constitucionalistas” agachan la mirada cuando la Constitución sangra.
Por eso, el peso cae en la ciudadanía. Y aquí está lo sorprendente: está respondiendo. Hay protestas masivas. Hay redes de defensa legal. Hay periodistas documentando, archivando, resistiendo. Hay jueces frenando maniobras ilegales. Hay comunidades plantándose. Lo que los Padres Fundadores temían está pasando, pero también lo que esperaban: un pueblo que no se rinde.
Impeachment sin persecución penal sería insuficiente. Trump y quienes ejecutaron sus órdenes deben rendir cuentas penalmente. Todos. Sin excepción. Sus familiares que participaron. Sus operadores. Sus matones políticos. Ninguna democracia puede recuperar su dignidad si permite que el poder se convierta en blindaje.
Los años 30 y los años 60 demostraron que Estados Unidos solo avanza cuando la ciudadanía empuja. El caso Watergate demostró que la ley puede más que un presidente cuando hay voluntad colectiva. Y ahora vuelve a tocar elegir entre comodidad o coraje.
La pregunta no es si Trump debe ser destituido. La pregunta es cuánto más están dispuestos a aguantar para hacerlo.
Porque Trump ya ha declarado la guerra a la legalidad. Ha decidido que él es la ley. Que su voluntad es la frontera última. Y un país que normaliza eso deja de ser una democracia, aunque mantenga urnas y congresos.
A veces, la historia no avanza con discursos solemnes. A veces avanza porque la gente común dice basta y recuerda que ningún cargo, ningún apellido y ningún movimiento político está por encima de la ley.
Y esta vez, si fallan, no habrá segunda oportunidad.
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