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La especulación inmobiliaria lo pone cada vez más difícil para comprar o alquilar y nadie hace nada
Rubén Sánchez – En ocasiones veo fraudes
Se cumple un año de la publicación de la nueva ley por el derecho a la vivienda y las autoridades de consumo no han hecho pública aún ni una sola multa contra inmobiliarias que siguen cobrando honorarios a los inquilinos, una práctica prohibida desde la promulgación de la norma.
Es lamentable la enorme pasividad de las administraciones competentes ante las numerosas irregularidades que se vienen produciendo en el sector inmobiliario. Desde FACUA hemos denunciado a decenas de agencias por saltarse la ley al imponer el pago de comisiones a los inquilinos como condición para alquilarles inmuebles destinados a vivienda habitual, pero no hemos recibido ni una sola respuesta en la que nos comuniquen la imposición de sanciones. Y ello pese a que buena parte de las denuncias fueron presentadas hace ya casi un año.
La ley de vivienda introdujo una modificación del artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, que ahora indica que “los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador”.
Hace tres meses, el Ministerio de Consumo anunció que se había dirigido a una serie de inmobiliarias para advertirles de que estaban vulnerando la ley con el cobro de honorarios a los inquilinos. Hasta el día de hoy, no ha anunciado la apertura de ningún expediente sancionador a inmobiliarias infractoras que operen en más de una comunidad autónoma, sobre las que tiene competencias para multar.
Las actuaciones de control de mercado llevadas a cabo por FACUA y las denuncias que nos vienen trasladando los usuarios ponen de manifiesto diferentes argucias utilizados por determinadas agencias para seguir cobrando a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria.
Desde cobrar los honorarios a cara descubierta como si la ley no hubiera cambiado hasta inventar que el inquilino debe pagar por un estudio para analizar su capacidad económica, pasando por imponer la contratación de un servicio para atender las dudas y problemas que tenga durante la vigencia del contrato de alquiler.
Y últimamente, lo que más está proliferando es el truco de los “11 meses renovables”. Contratos con los que se intenta eludir la obligación de cumplir la ley de arrendamientos urbanos aunque en realidad se trata de un fraude de ley que puede ser denunciado.
Con estas prácticas, las agencias pretenden justificar el cobro de honorarios con el argumento de que no se trata de alquileres de un año y, por tanto, para uso como vivienda habitual. Además, establecen esos plazos inferiores a doce meses con el objetivo de saltarse el derecho de los inquilinos a prorrogar la duración de los contratos de manera que estos duren al menos cinco años cuando el arrendador es una persona física y siete años si es una persona jurídica.
La especulación inmobiliaria lo pone cada vez más difícil para comprar o alquilar y nadie hace nada. La banca asfixia a las familias hipotecadas con tipos de interés inflados y nadie hace nada. La misma banca que nos ha robado decenas de miles de millones de euros con cláusulas suelo, intereses de demora abusivos y el cobro de gastos que no nos correspondía pagar a los consumidores por la formalización de las hipotecas. Todo ello mientras nadie ha hecho nunca nada de nada. Y ahora, ni siquiera hacen absolutamente nada con las inmobiliarias que se saltan alegremente una ley recién aprobada. Si las autoridades competentes no actúan, el derecho constitucional a la vivienda se queda en la más absoluta nada.
Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes.
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Editorial del episodio 41 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes
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