El empresario Juan Muñoz Tamara, marido de Ana Rosa, ha pactado con la Fiscalía.
El empresario Juan Muñoz Tamara, marido de la presentadora Ana Rosa Quintana, ha declarado este lunes en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional que tanto él como su hermano Fernando contrataron los servicios del comisario José Manuel Villarejo para obtener información patrimonial y «de todo tipo» sobre su socio Mateo Martín Navarro y el abogado de este, el exjuez Francisco Javier Urquía. Muñoz ha pactado con la Fiscalía y su petición de condena se ha reducido considerablemente: de ocho años a once meses de prisión.
Los hermanos Muñoz Tamara están imputados en la pieza ‘Pintor’ de la macrocausa ‘Tándem’. Podemos, partido personado en el juicio, mantiene su petición de 17 años de prisión para cada uno de ellos por los supuestos delitos de descubrimiento, revelación de secretos y revelación de datos reservados registrados en ficheros informáticos.
Los hermanos pretendían con el encargo, en 2017, a Villarejo, del que conocían su condición de policía en activo, obtener información con la que poder chantajear a su exsocio, Mateo Martín, para que cambiara su postura sobre su supuesta insolvencia ante la deuda que Hacienda reclamaba a la empresa en común.
Tanto Juan como Fernando Muñoz Tamara han reconocido que pagaron a Villarejo 20.000 euros en efectivo por aquel trabajo, que ha quedado, sin embargo, sin la preceptiva acción investigadora en el juicio, gracias al acuerdo de conformidad de los hermanos con la Fiscalía.
Según la investigación de Público, desarrollada en varios reportajes, el plan de los hermanos al contratar a Villarejo giraba en torno a un «tema gordo penal» tributario instruido en los juzgados de Sevilla desde 2007, a raíz del cual tanto los Muñoz Támara como su socio Mateo Martín Navarro fueron acusados de cinco delitos fiscales por urdir presuntamente un sistema de facturas falsas para defraudar en el Impuesto de Sociedades e IVA.
En dicho sistema, Martín Navarro era el emisor de las facturas en su papel de subcontratista y Tarol SA -la constructora del grupo de los Muñoz Támara (luego rellamada Tarje SL)-, la receptora en su rol de contratista.
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Yo tengo en conciencia, más allá de lo jurídico, un claro posicionamiento con las víctimas. No creo que nadie se pueda inventar una cosa así; son 14 mujeres. Me posiciono al lado de esas mujeres».