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A pesar de que el Gobierno andaluz era plenamente consciente de la derogación del artículo 16 del Real Decreto, continuó adjudicando decenas de millones de euros a la sanidad privada sin concurso ni controles.
Según una información desvelada en exclusiva por ElDiario.es, el Gobierno de Andalucía, liderado por Juan Manuel Moreno Bonilla, ha adjudicado a dedo 226,7 millones de euros a clínicas privadas entre enero de 2021 y diciembre de 2022, para derivar pacientes, operaciones y pruebas diagnósticas, amparándose en el procedimiento de emergencia de contratación habilitado por el Gobierno central para agilizar la respuesta sanitaria ante la pandemia. Al menos 117 millones de euros del gasto total, el 49,8%, fueron adjudicados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) amparándose en un Real Decreto ley ya derogado.
El acuerdo de emergencia fue firmado en enero de 2021 con un presupuesto inicial de 70 millones de euros, y un periodo de ejecución de febrero a diciembre de ese año. El Gobierno andaluz ha ido encadenando adendas a cada contrato con ampliaciones de gasto y resoluciones de prórroga del expediente original durante al menos año y medio, justificando que se han visto obligados a aumentar el gasto debido al incremento de contagios de la sexta ola de pandemia.
Todo el dinero que se adjudicó el año pasado, a partir de una resolución del SAS de 30 de diciembre de 2021 que prorroga el acuerdo marco hasta septiembre de 2022, se justifica en dos preceptos legales: el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público para contratos de emergencia, y el artículo 16 del Real Decreto Ley 7/2020, aprobado por el Gobierno central durante el primer estado de alarma para justificar la necesidad de actuar de inmediato y dar respuesta al impacto económico de la Covid-19.
No obstante, el artículo 16 del Real Decreto fue derogado el 9 de mayo de 2021, lo que ha llevado a que la adjudicación a dedo de estos contratos se haya realizado sin los controles y fiscalización del dinero público por parte de los interventores. La resolución del SAS para prorrogar y ampliar los contratos a dedo con clínicas privadas mucho después de que decayese el estado de alarma alude directamente a ese artículo 16, aunque evita citar su número.
A pesar de que el Gobierno andaluz era plenamente consciente de la derogación del artículo 16 del Real Decreto, continuó adjudicando decenas de millones de euros a la sanidad privada sin concurso ni controles. Estas acciones han sido criticadas por parte de la oposición y organizaciones sindicales y se ha generado un debate sobre el uso de la contratación de emergencia para la respuesta sanitaria ante la pandemia y el uso de fondos públicos.
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