A pesar de que el Gobierno andaluz era plenamente consciente de la derogación del artículo 16 del Real Decreto, continuó adjudicando decenas de millones de euros a la sanidad privada sin concurso ni controles.
Según una información desvelada en exclusiva por ElDiario.es, el Gobierno de Andalucía, liderado por Juan Manuel Moreno Bonilla, ha adjudicado a dedo 226,7 millones de euros a clínicas privadas entre enero de 2021 y diciembre de 2022, para derivar pacientes, operaciones y pruebas diagnósticas, amparándose en el procedimiento de emergencia de contratación habilitado por el Gobierno central para agilizar la respuesta sanitaria ante la pandemia. Al menos 117 millones de euros del gasto total, el 49,8%, fueron adjudicados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) amparándose en un Real Decreto ley ya derogado.
El acuerdo de emergencia fue firmado en enero de 2021 con un presupuesto inicial de 70 millones de euros, y un periodo de ejecución de febrero a diciembre de ese año. El Gobierno andaluz ha ido encadenando adendas a cada contrato con ampliaciones de gasto y resoluciones de prórroga del expediente original durante al menos año y medio, justificando que se han visto obligados a aumentar el gasto debido al incremento de contagios de la sexta ola de pandemia.
Todo el dinero que se adjudicó el año pasado, a partir de una resolución del SAS de 30 de diciembre de 2021 que prorroga el acuerdo marco hasta septiembre de 2022, se justifica en dos preceptos legales: el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público para contratos de emergencia, y el artículo 16 del Real Decreto Ley 7/2020, aprobado por el Gobierno central durante el primer estado de alarma para justificar la necesidad de actuar de inmediato y dar respuesta al impacto económico de la Covid-19.
No obstante, el artículo 16 del Real Decreto fue derogado el 9 de mayo de 2021, lo que ha llevado a que la adjudicación a dedo de estos contratos se haya realizado sin los controles y fiscalización del dinero público por parte de los interventores. La resolución del SAS para prorrogar y ampliar los contratos a dedo con clínicas privadas mucho después de que decayese el estado de alarma alude directamente a ese artículo 16, aunque evita citar su número.
A pesar de que el Gobierno andaluz era plenamente consciente de la derogación del artículo 16 del Real Decreto, continuó adjudicando decenas de millones de euros a la sanidad privada sin concurso ni controles. Estas acciones han sido criticadas por parte de la oposición y organizaciones sindicales y se ha generado un debate sobre el uso de la contratación de emergencia para la respuesta sanitaria ante la pandemia y el uso de fondos públicos.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
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La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
El OSCURO NEGOCIO de LOGRAR que te ENAMORES de una IA | #ReportajeSR
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PAYPAL MAFIA: INFORME DEFINITIVO sobre los DUEÑOS del PODER #ReportajeSR
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