Milei no está innovando; está siguiendo una vieja receta que ha fracasado una y otra vez en América Latina.
EN 3 CLAVES:
- Impacto del recorte: Casi un tercio del ajuste fiscal en Argentina ha recaído sobre las jubilaciones, según el informe del CEPA.
- Inflación galopante: La inflación acumulada en 2024 supera el 87%, lo que ha generado una caída del 5% en el valor real de las jubilaciones desde que Milei asumió el poder.
- Reacción violenta: Las protestas contra el veto a la revalorización de las pensiones fueron reprimidas con balas de goma y gases lacrimógenos, afectando incluso a menores de edad.
El ultraderechista Javier Milei ha dado un nuevo golpe a los sectores más vulnerables de Argentina: las y los jubilados. Su administración no solo ha vetado el modesto aumento del 8,1% de las pensiones que había sido aprobado en agosto por el Congreso, sino que además ha consolidado su política de recortes extremos bajo el lema de la «motosierra». Mientras se garantiza que los sectores más ricos mantengan sus privilegios, se carga el peso del ajuste sobre quienes han trabajado toda su vida para sostener el país.
El veto presidencial afecta a millones de pensionistas que reciben la pensión mínima, la cual apenas alcanza los 234.000 pesos (unos 221 euros) mensuales. Un bono adicional de 70.000 pesos (66 euros) no logra cubrir la brecha con una inflación galopante que este año ya ha superado el 87%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El recorte en el valor real de las pensiones desde que Milei asumió el poder es brutal, y el impacto es devastador en un país que también ha sufrido una megadevaluación del 54,4% en diciembre. Los jubilados y jubiladas ven cómo sus ingresos se esfuman mientras los más ricos se llenan los bolsillos.
EL ATAQUE SISTEMÁTICO A LAS PENSIONES
La política económica de Milei tiene un claro objetivo: proteger a los poderosos, reducir el Estado y eliminar cualquier mecanismo que redistribuya la riqueza. Esto quedó en evidencia cuando el Congreso argentino ratificó su veto a la revalorización de las pensiones, con el respaldo de la bancada oficialista y varios sectores de la oposición. Los defensores de este ajuste argumentan que el país no puede permitirse el gasto social, pero no cuestionan ni por un segundo las exenciones fiscales y los beneficios que disfrutan las grandes empresas y fortunas.
El informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) es contundente: en los primeros siete meses de 2024, casi un tercio del ajuste fiscal recayó sobre las jubilaciones. Esto no es casualidad; es parte de un plan deliberado para desmantelar el Estado de bienestar. La administración de Milei ha optado por la vía más fácil: sacrificar a las personas mayores y a quienes dependen de una pensión para subsistir, en lugar de cuestionar los privilegios de los sectores más pudientes.
Además, no es la primera vez que la ultraderecha argentina actúa contra las y los pensionistas. Las mismas voces que hoy aplauden el ajuste ya promovieron en los años 90 la privatización de las jubilaciones bajo el gobierno de Carlos Menem, lo que dejó a millones en la pobreza. Milei no está innovando; está siguiendo una vieja receta que ha fracasado una y otra vez en América Latina. La estrategia es clara: reducir el papel del Estado en la protección de los sectores más vulnerables y abrir espacios para que el sector privado explote lo que queda de los derechos sociales.
REPRESIÓN Y SILENCIO: LA RESPUESTA ANTE LA PROTESTA
La respuesta del gobierno de Milei a las protestas ha sido la represión, una herramienta que utiliza cada vez con más frecuencia. El pasado miércoles, miles de pensionistas, junto a sindicatos y movimientos sociales, se manifestaron frente al Congreso, exigiendo lo que es justo: un pago digno por sus años de trabajo. La policía, siguiendo las órdenes del Ministerio de Seguridad, reprimió la protesta con gases lacrimógenos y balas de goma. Ni siquiera las y los niños que se encontraban en la manifestación se salvaron de la violencia.
La escena es propia de un régimen autoritario: un gobierno que no escucha a su gente, que reprime las demandas populares y que responde con balas a quienes reclaman derechos básicos. La imagen de una niña de 11 años afectada por los gases lacrimógenos es un testimonio desgarrador de la brutalidad de un Estado que ha decidido golpear a los más débiles para proteger a los poderosos.
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, no solo defendió la actuación policial, sino que culpó a la madre de la menor por llevarla a la protesta. La insensibilidad y el desprecio por la vida humana son alarmantes en el discurso oficial, que parece más interesado en blindar los privilegios de unos pocos que en garantizar los derechos de la mayoría. Bullrich, al igual que Milei, ha dejado claro que su gobierno no tiene ningún interés en proteger a quienes han dedicado su vida a trabajar para el bienestar del país.
En lugar de responder con políticas que alivien la situación económica de millones de jubiladas y jubilados, Milei ha optado por seguir alimentando la represión y el miedo. El ultraderechismo argentino se aferra a un discurso de orden y autoridad mientras desmantela los derechos sociales y económicos de las clases trabajadoras.
El mensaje es claro: no hay espacio para la justicia social en la agenda de este gobierno, solo para los intereses de los más ricos. Los jubilados y jubiladas, al igual que las y los trabajadores, los sectores populares y las clases medias, no tienen cabida en la Argentina que Milei está construyendo. Se les quiere callados, sumisos, reprimidos. Pero la resistencia sigue viva. Cada miércoles, las y los pensionistas vuelven a las calles, recordando que la historia de lucha no se rinde ante la represión.
La violencia con la que el gobierno de Milei responde a las demandas populares no solo refleja su desprecio por los derechos de las y los jubilados, sino también su miedo a un pueblo que, aunque golpeado, no se da por vencido. Porque la verdadera libertad no es la de los mercados ni la de los ricos; es la libertad de vivir con dignidad.
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Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
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