Este medio se sostiene gracias a su comunidad. APOYA EL PERIODISMO INDEPENDIENTE .
Milei no está innovando; está siguiendo una vieja receta que ha fracasado una y otra vez en América Latina.
EN 3 CLAVES:
- Impacto del recorte: Casi un tercio del ajuste fiscal en Argentina ha recaído sobre las jubilaciones, según el informe del CEPA.
- Inflación galopante: La inflación acumulada en 2024 supera el 87%, lo que ha generado una caída del 5% en el valor real de las jubilaciones desde que Milei asumió el poder.
- Reacción violenta: Las protestas contra el veto a la revalorización de las pensiones fueron reprimidas con balas de goma y gases lacrimógenos, afectando incluso a menores de edad.
El ultraderechista Javier Milei ha dado un nuevo golpe a los sectores más vulnerables de Argentina: las y los jubilados. Su administración no solo ha vetado el modesto aumento del 8,1% de las pensiones que había sido aprobado en agosto por el Congreso, sino que además ha consolidado su política de recortes extremos bajo el lema de la «motosierra». Mientras se garantiza que los sectores más ricos mantengan sus privilegios, se carga el peso del ajuste sobre quienes han trabajado toda su vida para sostener el país.
El veto presidencial afecta a millones de pensionistas que reciben la pensión mínima, la cual apenas alcanza los 234.000 pesos (unos 221 euros) mensuales. Un bono adicional de 70.000 pesos (66 euros) no logra cubrir la brecha con una inflación galopante que este año ya ha superado el 87%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El recorte en el valor real de las pensiones desde que Milei asumió el poder es brutal, y el impacto es devastador en un país que también ha sufrido una megadevaluación del 54,4% en diciembre. Los jubilados y jubiladas ven cómo sus ingresos se esfuman mientras los más ricos se llenan los bolsillos.
EL ATAQUE SISTEMÁTICO A LAS PENSIONES
La política económica de Milei tiene un claro objetivo: proteger a los poderosos, reducir el Estado y eliminar cualquier mecanismo que redistribuya la riqueza. Esto quedó en evidencia cuando el Congreso argentino ratificó su veto a la revalorización de las pensiones, con el respaldo de la bancada oficialista y varios sectores de la oposición. Los defensores de este ajuste argumentan que el país no puede permitirse el gasto social, pero no cuestionan ni por un segundo las exenciones fiscales y los beneficios que disfrutan las grandes empresas y fortunas.
El informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) es contundente: en los primeros siete meses de 2024, casi un tercio del ajuste fiscal recayó sobre las jubilaciones. Esto no es casualidad; es parte de un plan deliberado para desmantelar el Estado de bienestar. La administración de Milei ha optado por la vía más fácil: sacrificar a las personas mayores y a quienes dependen de una pensión para subsistir, en lugar de cuestionar los privilegios de los sectores más pudientes.
Además, no es la primera vez que la ultraderecha argentina actúa contra las y los pensionistas. Las mismas voces que hoy aplauden el ajuste ya promovieron en los años 90 la privatización de las jubilaciones bajo el gobierno de Carlos Menem, lo que dejó a millones en la pobreza. Milei no está innovando; está siguiendo una vieja receta que ha fracasado una y otra vez en América Latina. La estrategia es clara: reducir el papel del Estado en la protección de los sectores más vulnerables y abrir espacios para que el sector privado explote lo que queda de los derechos sociales.
REPRESIÓN Y SILENCIO: LA RESPUESTA ANTE LA PROTESTA
La respuesta del gobierno de Milei a las protestas ha sido la represión, una herramienta que utiliza cada vez con más frecuencia. El pasado miércoles, miles de pensionistas, junto a sindicatos y movimientos sociales, se manifestaron frente al Congreso, exigiendo lo que es justo: un pago digno por sus años de trabajo. La policía, siguiendo las órdenes del Ministerio de Seguridad, reprimió la protesta con gases lacrimógenos y balas de goma. Ni siquiera las y los niños que se encontraban en la manifestación se salvaron de la violencia.
La escena es propia de un régimen autoritario: un gobierno que no escucha a su gente, que reprime las demandas populares y que responde con balas a quienes reclaman derechos básicos. La imagen de una niña de 11 años afectada por los gases lacrimógenos es un testimonio desgarrador de la brutalidad de un Estado que ha decidido golpear a los más débiles para proteger a los poderosos.
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, no solo defendió la actuación policial, sino que culpó a la madre de la menor por llevarla a la protesta. La insensibilidad y el desprecio por la vida humana son alarmantes en el discurso oficial, que parece más interesado en blindar los privilegios de unos pocos que en garantizar los derechos de la mayoría. Bullrich, al igual que Milei, ha dejado claro que su gobierno no tiene ningún interés en proteger a quienes han dedicado su vida a trabajar para el bienestar del país.
En lugar de responder con políticas que alivien la situación económica de millones de jubiladas y jubilados, Milei ha optado por seguir alimentando la represión y el miedo. El ultraderechismo argentino se aferra a un discurso de orden y autoridad mientras desmantela los derechos sociales y económicos de las clases trabajadoras.
El mensaje es claro: no hay espacio para la justicia social en la agenda de este gobierno, solo para los intereses de los más ricos. Los jubilados y jubiladas, al igual que las y los trabajadores, los sectores populares y las clases medias, no tienen cabida en la Argentina que Milei está construyendo. Se les quiere callados, sumisos, reprimidos. Pero la resistencia sigue viva. Cada miércoles, las y los pensionistas vuelven a las calles, recordando que la historia de lucha no se rinde ante la represión.
La violencia con la que el gobierno de Milei responde a las demandas populares no solo refleja su desprecio por los derechos de las y los jubilados, sino también su miedo a un pueblo que, aunque golpeado, no se da por vencido. Porque la verdadera libertad no es la de los mercados ni la de los ricos; es la libertad de vivir con dignidad.
Este periodismo no lo financian bancos ni partidos
Lo sostienen personas como tú. En un contexto de ruido, propaganda y desinformación, hacer periodismo crítico, independiente y sin miedo tiene un coste.
Si este artículo te ha servido, te ha informado o te ha hecho pensar, puedes ayudarnos a seguir publicando.
Cada aportación cuenta. Sin intermediarios. Sin líneas rojas impuestas. Solo periodismo sostenido por su comunidad.
Seguir
Seguir
Seguir
Seguir
Subscribe
Seguir
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
15.000 personas ya han visto cómo la fe se convierte en poder
El último ReportajeSR analiza cómo determinados sectores del evangelismo conservador dejaron de limitarse a los templos para convertirse en una maquinaria política al servicio de la extrema derecha. De Trump a Bolsonaro, de Milei a Vox: redes comunitarias, guerras culturales, dinero, medios y religión convertidos en infraestructura electoral.
Presentado por Léa Gugelmann, el reportaje ya ha superado las 15.000 visualizaciones desde su estreno. Porque para entender el auge de la extrema derecha no basta con mirar a sus candidatos: también hay que observar quién construye sus discursos, moviliza sus bases y presenta el autoritarismo como una misión divina.
Vídeo | Sadismo en primera persona
Un turista graba el encierro de San Fermín como si estuviera en una atracción. Adrenalina, golpes, risas y animales convertidos en decorado para conseguir un vídeo viral. No está viviendo una tradición: está consumiendo sufrimiento como entretenimiento.
Además, corre con una cámara cuando está prohibido hacerlo, poniendo en peligro a quienes tiene alrededor. La turistificación añade otra capa de irresponsabilidad a una barbaridad ya normalizada: venir, beber, molestar, jugar con la vida ajena y marcharse con unos cuantos clics. El sadismo también se graba en primera persona.